La SEPI aprobará la mayoría de los rescates ante el riesgo de una avalancha de demandas

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI se verá obligada a aprobar la mayoría de los rescates solicitados por las empresas españolas en los últimos meses. Según ha confirmando THE OBJECTIVE, el órgano público teme enfrentarse a una avalancha de procesos judiciales que podrían terminar en el pago de cuantiosas indemnizaciones a las compañías a las que les rechace la concesión de estas ayudas.

Directivos que han negociado directamente con el órgano estatal y miembros de la sociedad pública han confirmado a este diario que si una empresa no es rescatada y luego entra en concurso de acreedores o quiebra, podría demandar a la SEPI y al Fasee por negarles las ayudas. Estas compañías podrían justificar la quiebra por el hecho de que no recibir el salvavidas de la SEPI, una situación que, de demostrarse, podría desembocar en el pago de importantes indemnizaciones.

De hecho, las fuentes consultadas hablan de decenas de millones de euros, si es que se presentan demandas conjuntas. Al tratarse de fondos públicos distribuidos como ayudas estatales, las demandas se tramitarían como contenciosos administrativos. Una situación que pondría al Estado como principal responsable de la quiebra de estas empresas, si es que pierden las demandas ante la Justicia.

De esta manera, el Estado podrían enfrentar hasta decenas de estos procedimientos, algo inasumible para la Administración Central que no tiene ni recursos, ni plantilla para afrontar un proceso conjunto de estas características. Hasta 60 empresas esperan la respuesta de la SEPI a sus solicitudes de rescate.

«Ante las dudas respecto de una empresa, de su viabilidad o de que no cumple completamente con los requisitos, la SEPI debería optar por dar estos rescates, porque no quieren enfrentarse a un litigio que podría tardar años y salirle desfavorable», indica un alto directivo cuya empresa ha negociado un rescate con la SEPI.

Condiciones del Fasee

De esta manera, todas las compañías que cumplan mínimamente con las condiciones del Real Decreto que dio nacimiento al Fasee tendrían que beneficiarse de estas ayudas. Esto supone un cambio de rumbo respecto de la postura original de la SEPI. Después del escándalo de Plus Ultra, la sociedad pública hizo una profunda revisión de sus protocolos y contrató personal externo para realizar exhaustivos análisis de cada una de las solicitudes presentadas.

Esto les llevó a llegar a plantearse seriamente rechazar algunos rescates respecto de los que tuviesen dudas para evitar nuevos escándalos como el de la empresa venezolana. Sin embargo, el equipo jurídico posteriormente valoró que el coste de rechazar expedientes corría el riesgo de ser mucho mayor que el de aprobarlos.

La normativa dice que solo podrían optar a este rescate empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, «por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados».

Unas condiciones a las que luego se sumó que hayan sido viables antes del 31 de diciembre de 2019 (previo al comienzo de la pandemia de covid). El rescate es entendido por la SEPI como una ayuda puntual que contribuya a salir a flote por la pandemia y que no se convierta en un fondo para mantener la supervivencia de una empresa zombi de manera artificial.  

Precisamente para asegurar que esta condición se cumpla y asumiendo que la mayoría de los rescates deberán ser aprobados, la SEPI lo fía todo a las condiciones que imponga de manera unilateral a las empresas rescatadas. Es aquí donde se producirá la mayor fiscalización del organismo público, garantizando por encima de todo que el dinero no se malgaste en mantener viva una compañía que quiebre al cabo de unos años.

Extensión del plazo

En este sentido, hay muchas de estas empresas a las que la SEPI les ha pedido que garanticen la entrada de un inversor externo que pueda asegurar esta viabilidad. En este caso, se está pidiendo a las empresas que este inversor comprometa su llegada antes de que se apruebe el rescate o que -como mínimo- se haga en paralelo. 

Hablamos de la entrada de socios industriales, siempre condicionando la aprobación del rescate a un compromiso en firme de asumir la gestión de la compañía y con un plan industrial que acredite solvencia a medio plazo. En este sentido, y en la medida que no se cumplan todas estas condiciones adicionales en la SEPI no descartan tampoco convertir los rescates exclusivamente en préstamos ordinarios y participativos, evitando entrar en el capital de la compañía como muchos de los solicitantes han pedido.

En este tipo de negociaciones es donde están empantanados los rescates y por lo que se ha pedido más tiempo de ejecución a la Unión Europea. Esta semana Bruselas extendió las ayudas de los estados miembros por la covid hasta el 30 de junio, lo que permite que el plazo de resolución de los expedientes de la SEPI se extienda al menos hasta esta fecha.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue aprobado el 3 de julio de 2020 y durante este año y medio de funcionamiento solo ha aprobado nueve rescates por valor de 1.347 millones de euros, apenas el 13,5% de los 10.000 millones destinados a esta herramienta para rescatar empresas.

Hasta febrero de este año solo se aprobaron cuatro operaciones: Air Europa (475 millones) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones), esta última en medio de acusaciones de favorecer empresas relacionadas con el Gobierno venezolano.

Empresas sin respuesta

Después de este conflicto que terminó en la justicia, tuvieron que pasar cuatro meses hasta que en julio se aprobó el rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones. Antes de eso se nombró a Belén Gualda el 30 de marzo como nueva presidente de la SEPI en sustitución del interino Bartolomé Lora.

La SEPI hizo una limpieza de todos los involucrados en el rescate de Plus Ultra y contrató asesores externos para agilizar los procesos y dar curso a las solicitudes. Posteriormente se desbloqueó el rescate de Rugui Steel (25 millones) y Hotusa (320 millones). En cualquier caso, respecto a los retrasos y la posibilidad de resolver con celeridad los expedientes, fuentes consultadas por este diario indican que se está intentando reducir los procedimientos burocráticos y que los frutos se comenzarán a ver en las próximas semanas.

Mientras, la lista de espera del fondo de rescate es larga: Celsa (700 millones de euros solicitados), Hotusa (320), Abengoa (249), Grupo Villar Mir (240), Mediapro (230), Air Nostrum (103 millones), Navieras Armas (100 millones), Wamos (75 millones), Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Juliá (37 millones), Airtificial (30 millones), Serhs (35 millones) o Soho (32 millones). Y así hasta 60 empresas.