El Gobierno arregla el 'error' de la reforma de las pensiones que desveló THE OBJECTIVE

El Gobierno ha subsanado in extremis una fuga del proyecto de reforma de las pensiones, actualmente en tramitación parlamentaria, que amparaba la inequidad de que jubilarse anticipadamente el 31 de diciembre de este año supusiera recibir 1.500 euros anuales menos de pensión que quien, con las mismas circunstancias, lo hiciera el 1 de enero de 2022, como desveló THE OBJECTIVE. 

Tras intentar introducir el cambio vía enmienda, finalmente se ha incluido a través del formato de corrección técnica, aplicada en la Disposición Trigésimo Cuarta del Proyecto de Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de Otras Medidas de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social del Sistema Público de Pensiones. Sucedió este lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según trasladan a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras del proceso. 

La citada disposición en su versión previa suspendía inadvertidamente durante dos años la aplicación de los coeficientes reductores consagrados en el artículo 210.3 del Real Decreto 8/2015 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta su sustitución, en 2024 por unos nuevos porcentajes, de modo que un jubilado en tramo de pensión máxima que adelantase su retiro dos años y lo hiciera el 31 de diciembre de este año cobraría, a causa de la regla de reducción, 1.500 euros menos de por vida que quien lo hiciese a partir del día siguiente, el primero de los dos años de suspensión prevista de los coeficientes correctores.

THE OBJECTIVE consultó con expertos y desveló esta laguna del proyecto normativo. El asesor legal de Mercer y miembro de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen) Antonio Méndez Baiges apremió desde este periódico a que el Gobierno y los partidos subsanaran este «gazapo», como finalmente ha sucedido, según trasladan a este medio fuentes presentes en la Comisión parlamentaria celebrada este lunes. 

La fuga habría afectado a las personas que se retirasen con dos años de antelación en tramo de pensión máxima.

Con todo, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha avalado este lunes la primera parte de la reforma de pensiones con votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV y Compromís, y la abstención de EH-Bildu. En contra del proyecto de ley han votado el PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.

El proyecto queda listo para su debate y votación en el Pleno, que tendrá la última palabra sobre la reforma y sus enmiendas antes de ser aprobada y enviada al Senado para completar su tramitación.

La reforma, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme y de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, deroga las principales medidas de la reforma del PP de 2013, recuperando el IPC como referencia a la hora de subir las pensiones y acabando con el factor de sostenibilidad definido en 2013 y nunca aplicado, que preveía recortes graduales en las nuevas pensiones en función de la mayor esperanza de vida.

También contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El proyecto incorpora el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que prevé un aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva de cara a la jubilación de las generaciones del baby boom.

PP y Ciudadanos han criticado esta vía como fórmula para garantizar el equilibrio de las cuentas, pues cree que repercutirá en la creación de empleo, y también la forma en la que PSOE y Unidas Podemos han tramitado la norma, votada en Comisión apenas unos días después de constituirse su ponencia.

Viudedad, pensiones mínimas y auditoría

Otros cambios incorporados en fase de ponencia son la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para jubilados con carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros, un aspecto que los socios del Gobierno han llamado a abordar en la segunda parte de la reforma, al igual que una mejora en las cuantías de las pensiones mínimas.

Sobre estas cuestiones la reforma incluye dos disposiciones, una para evaluar la eficacia del complemento que trata de compensar reducciones en la pensión a jubilados anticipados con largas carreras de cotización, y otra que llama al Gobierno a acometer en el plazo de un año una revisión de la normativa de pensiones mínimas, que tenga en cuenta la evolución del salario mínimo y garantice su suficiencia.

Por otro lado, la reforma de pensiones mandata al Gobierno por ley a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas para garantizar su suficiencia, a reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para personas discapacitadas y a auditar los gastos asumidos por la Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva.

Concretamente, la enmienda finalmente incluida compromete al Gobierno a encargar en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la ley un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.