El Congreso avala el decreto que salva del recorte a las eléctricas la energía vendida a plazo

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que exime del recorte de ingresos a las empresas generadoras eléctricas por el sobrecoste del gas la energía cubierta por contratos a plazo. Junto a esta medida, el Gobierno aprobó en el mismo decreto ampliar la protección y las ayudas para los consumidores vulnerables.

Además del PSOE y Unidas Podemos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, UPN, la CUP, Foro Asturias y el BNG se han abstenido.

El Congreso ha rechazado además la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos no podrán presentar enmiendas al mismo.

Precios en cifras «astronómicas»

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que las medidas responden a la contención de unos precios de electricidad en «cifras astronómicas nunca vistas», pero que en Europa son aún mayores a las de España.

Así, ha asegurado que España es junto con Polonia y Portugal, país con el que comparte mercado, el que menos precio registra pese a alcanzar los 228 euros por megavatio hora, frente a los 243 MWh en Alemania o los 302 euros MWh en Francia.

Ribera ha asegurado que la actual regulación «no vale para situaciones extremas» y ha defendido la marcha atrás en el recorte a los ingresos de las eléctricas, justificándolo en la necesidad de cubrir la energía ajena a los mercados mayoristas y en que el recorte de ingresos afectara a los precios asumidos por las grandes industrias.

También ha destacado la obligación de los productores de energía de remitir información a la CNMC de sus contratos a plazo, tanto físicos como financiera, incluidos los verticalmente integrados (las grandes eléctricas, que son generadoras y comercializadoras) para comprobar «cómo se forman los precios» y asegurar «un reparto justo de los costes y un acceso justo a los beneficios».

Apoyo reticente de los socios

Pese a las adhesiones, varios de los socios del Gobierno han puesto pegas a la modificación del recorte, llegando a señalar incluso Unidas Podemos, que integra el Gobierno de coalición, la necesidad de reformar un mercado que permite a las generadoras cobrar energía a más de 200 euros el MWh cuando, en el caso de la energía hidroeléctrica, su coste operativo no alcanza siquiera los cinco euros MWh.

Joan Capdevilla, de ERC, directamente le ha dicho que «ha agotado el crédito en lo que a parches energéticos se refiere» tras advertirle del posible agujero que puede generarse si no se pone un precio fijo a esos contratos a plazo de los que se libera el recorte, ya que cree que abre la puerta a que las eléctricas aprovechen para inflarlos.

El PNV y el PDeCAT han aplaudido la rectificación, ya que, tal y como ha dicho la nacionalista vasca Idoia Sagastizabal «no se tuvo en cuenta la existencia de contratos PPA» a la hora de aplicar el recorte, al igual que Ciudadanos, cuya diputada Mari Carmen Martínez Granados ha justificado su abstención en que el decreto mantiene una medida «de intervención del mercado».

Néstor Rego, del BNG, ha dicho que ve tras el decreto «las presiones y el chantaje del oligolio», ya que con él «ninguno de sus contratos sufren recortes», mientras que Juan Diego Requena, del PP, ve en el decreto una oportunidad más perdida, acusándola de «incapacidad para atajar el problema de la energía».