España pierde cuatro puestos en un año en el ranking de competitividad fiscal de los países desarrollados
La tributación empresarial y patrimonial y el fraude lastran el crecimiento y sitúan a nuestro país en el puesto 30 de las 37 princiapales potencias económicas del mundo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
La fiscalidad española lastra el crecimiento económico. Y cada vez más. De hecho, en tan sólo un año España ha caído cuatro puestos en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora anualmente la Tax Foundation estadounidense al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. De este modo, nuestro país se encuentra en el puesto 30 de las 37 economías más desarrolladas del mundo que analiza el estudio, frente al puesto 26 que ocupaba hace sólo un año.
España ya ocupaba posiciones rezagadas en este índice con anterioridad, pero desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en junio de 2018, el retroceso total en el índice general de competitividad es de tres puestos.
El presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentaron este domingo el informe que el Instituto elabora hace tres años en colaboración con la Tax Foundation, y durante el acto -celebrado en Madrid- reclamaron que se mitigue la excesiva tributación que recae sobre las empresas así como la imposición patrimonial derivada de figuras como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
El índice ICF permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema impositivo más favorable al crecimiento y cuáles más obstruccionista y depresor de la actividad y la inversión.
A partir de los datos de Tax Foundation, el IEE ha confeccionado otro índice en el que también España sale mal parada. Se trata del Indicador de Presión Fiscal Normativa, entendida ésta como la carga de gravamen que el diseño del sistema impositivo introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtengan. En 2021, España se sitúa en 112,8 puntos en este indicador, un 12,8% por encima de la media de la UE y también empeora su situación respecto al año anterior cuando anotaba 110,5 puntos en esta variable. También empeora España la media de la OCDE, el club de las grandes potencias del mundo, que es de 100,8 puntos.
Si nos atenemos al indicador más habitual, el de presión fiscal medida como recaudación en porcentaje del PIB, España recauda el 35,4% del producto anual del país. Pero esa cantidad viene sufragada por el 78% de los agentes económicos, debido a un exceso de economía sumergida respecto a países de nuestro entorno. Por tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen asciende al 44,6%, lo que nos sitúa en la misma franja que el conjunto de la Unión Europea.
De ahí que los expertos recomienden reforzar la lucha contra el fraude y atajar la economía sumergida. Según se desprende de los cálculos de Tax Foundation y el IEE, si las actividades en negro se situaran en niveles promedio de la UE, del 13% y no del 22% como en España, la recaudación subiría hasta en cuatro puntos de PIB sin necesidad de subir impuestos.
Con todo, los españoles realizamos un esfuerzo fiscal un 8,1% superior al del conjunto de Europa. Y además, recae en un tercio sobre las empresas. De hecho, los ingresos públicos que aportan en España las compañías son del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%. Por si eso fuera poco, también nuestras empresas soportan más presión fiscal normativa, un 27,2% por encima de la UE y un 22,2% por encima del promedio de la OCDE. También en este parámetro pierde puestos España: del 28 hace un año cae al 32 en 2021, siempre dentro de la muestra de los 37 países analizados por el informe.
Especialmente flagrante es el caso de la imposición patrimonial. España es un 40,8% menos competitiva que la UE y un 38% menos que la OCDE por culpa de figuras tributarias como el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.
Mejor es la situación en cuanto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En este tributo, España se sitúa en el noveno puesto y supera en progresividad a la media de la UE en un 12,8%. Es decir, nuestro IRPF es más justo entre distintos tramos de renta que en el promedio europeo.
Los expertos advierten que las nuevas subidas impositivas que se avecinan ralentizarán la recuperación, deprimiendo la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deteriorarían las expectativas de los agentes, degradando la confianza, que es el pilar fundamental para la recuperación, recalcan desde el IEE.
Por otra parte, ante el efecto depresor de la actividad que supone nuestro esquema impositivo los expertos llaman la atención al Gobierno para que no actúe solo por el lado de los ingresos y aborde una optimización del gasto público para apuntalar la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. De este modo, concluyen, se avanzará en la consolidación presupuestaria sin recurrir sólo «a subidas impositivas que comprometen el crecimiento».
El Banco de España ha constatado que las empresas españolas tienen la intención de continuar trasladando parcialmente los aumentos de costes a los precios de venta en los próximos trimestres. En concreto, el 30% de las empresas encuestadas por el Banco de España lo han hecho en el cuarto trimestre, diez puntos más que en el tercer trimestre, mientras que casi el 44% de los productores prevén aumentar sus precios en el primer trimestre y cerca del 60% lo harán a lo largo de 2022. A pesar de estos aumentos, los incrementos previstos para los precios de venta siguen siendo inferiores a los observados en el coste de los consumos intermedios, lo que apuntaría a una compresión de los márgenes empresariales, señala el informe del Banco de España.
