La cuadratura del círculo de la reforma fiscal: subir impuestos sin perder competitividad
Según la Tax Foundation, España suspende en tributación empresarial y patrimonial, justo las figuras tributarias que quiere retocar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema tributario español se enfrenta ahora a un reto superior. Antes del 28 de febrero debe tener preparado el documento de trabajo sobre el que girará la reforma fiscal que promueve la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el suspenso a España de la Tax Foundation complica sus tareas en la recta final. Según el informe Competitividad Fiscal 2021, elaborado por la fundación y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, España obtiene un aprobado raspado (5,7) en cuanto a la eficiencia de su fiscalidad y suspende en los capítulos de tributación empresarial (4,6) y patrimonial (3,6).
Así pues, el grupo de expertos ha de conciliar la voluntad de la ministra -que incluye un alza de la tributación de Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y más fiscalidad verde– con medidas que mejoren la competitividad de la economía española, máxime tras la demora en la recuperación que constatan las últimas cifras.
El informe no sólo saca los colores a España con sendos suspensos en materias clave sobre las que pivotará la reforma, sino que pone de manifiesto la pérdida de competitividad de nuestra economía frente a sus socios comerciales. De hecho, el sistema tributario español ha retrocedido cuatro puestos, del 26 al 30, en el ranking de competitividad de las grandes potencias mundiales.
No parece sencilla la tarea que espera al grupo que encabeza el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, Jesús Ruiz-Huerta. Máxime teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se descartan recortes del gasto nominal y el déficit público se desbordará si Hacienda no recauda 37.000 millones adicionales en los próximos dos años.
El Ejecutivo no puede descuidar la consolidación de las cuentas públicas, pese a que esté suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la pandemia, en principio, hasta 2023. El desembarco de Christian Lindner en la cartera de Finanzas germana, según fuentes conocedoras de la gobernanza europea consultadas por THE OBJECTIVE, puede suponer un cambio de rumbo en la estrategia de la Unión Europea sobre la monitorización del déficit y la deuda pública de los países miembros e incluso un carpetazo más prematuro a la suspensión del Pacto.
Por eso, los 17 expertos que en abril recibieron el encargo del Gobierno han de extremar su precisión y garantizar al mismo tiempo mecanismo para lograr elevar la recaudación sin lastrar la competitividad española, ni el crecimiento ni dejar que las cuentas públicas descarrilen.
La subida fiscal que se avecina despertó polémica desde el principio. El Gobierno incluso recibió mensajes claros del Banco de España desaconsejando acometer alzas tributarias hasta que escampen los estragos económicos de la pandemia. Y la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, descartó en abril, al tiempo que se creaba el comité de expertos, que se fueran a acometer esas subidas a corto plazo.
Por tanto, la reforma de Montero apunta a una implantación completa en 2023, sin perjuicio de que se adopte alguna medida con antelación, como la propia ministra ha reconocido y como la hoja de ruta del Gobierno parece hacer necesario debido a la renuncia a actuar por el lado del gasto nominal consagrada en los Presupuestos de 2022. Los expertos del IEE reclaman una seria reflexión a este respecto y piden una mejora de la eficiencia del gasto público que evite hacer recaer todo el peso de los ajustes sobre los contribuyentes, lo cual lastra la actividad y mina la competitividad exterior de la economía española, aparte de ahuyentar el capital inversor.
El presidente del IEE, Gregorio Izquierdo, considera que «el incremento de la recaudación tributaria debe basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal, mas que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en materia de tributación empresarial». Por otro lado, el Instituto anima a evitar reformas fiscales «apresuradas y coyunturales, con el fin de lograr un código tributario coherente, flexible y bien estructurado que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentes y genere ingresos de manera inteligente, minimizando las distorsiones de los impuestos sobre el crecimiento y el desarrollo económico».
El informe del IEE en colaboración con la Tax Foundation detecta además la sobrecarga que aqueja a las empresas españolas, vehículos que canalizan el 30% de la recaudación, algo que sucede, y habrá de tener en cuenta el comité de expertos, justo cuando abordan subidas de cotizaciones impulsadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y habrán de enfrentarse a cambios normativos en materia laboral que, en este punto de la negociación, apuntan a una reducción de la flexibilidad necesaria para que las compañías puedan adaptarse a las fluctuaciones del ciclo económico.