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Economía

El déficit público de la pandemia dejará una factura de 10.000 euros por familia

España tendrá un saldo negativo del 8,6% del PIB este año, según el Fondo Monetario Internacional, que habrá de financiarse con deuda pública y finalmente vía impuestos

El déficit público de la pandemia dejará una factura de 10.000 euros por familia

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño. | Europa Press

Si finalmente se cumplen las previsiones del Fondo Monetario Internacional, tal como parecen apuntar los últimos datos macroeconómicos, España arrojará un 8,6% de déficit público a cierre de ejercicio. Ese saldo negativo, motivado en parte por la pandemia, se añade al desvío del 11% del año anterior. Con todo, el sobrecoste que soportarán, antes o después, los contribuyentes, será de 10.000 euros por familia-tipo, considerando como tal una unidad de tres personas en promedio, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por THE OBJECTIVE.

Como explica a este periódico el economista y profesor del IESE Javier Díaz-Giménez, antes o después, en algún momento, esos números rojos recaerán sobre el bolsillo del contribuyente y se sufragarán vía impuestos o exacciones. A cierre de cada año, el déficit público pasa a engrosar la deuda pública. Esta se va financiando en los mercados y sosteniendo por el Banco Central Europeo, en el caso de España, con su consiguiente factura anual en concepto de intereses. Pero no puede seguir creciendo hasta el infinito porque algún día los inversores dejarán de sufragarla y la factura de intereses que soporta el Estado seguirá al alza, explica Díaz-Giménez.

Por tanto, para seguir la senda de consolidación presupuestaria que demanda la pertenencia a la Unión Europea, y dada la escasa actuación por el lado del gasto público, el Gobierno habrá de elevar la recaudación para equilibrar las cuentas públicas.

El déficit en 2020

El déficit público de 2020 rozó el 11% del PIB, unos 123.000 millones de euros; y el de este año, según las proyecciones del FMI, se situará en torno a los 96.000 millones. Así, en dos años, España ha agravado su brecha entre ingresos y gastos en 219.000 millones de euros. Bajo una previsión optimista, de una actividad sin pandemia, la economía española hubiera tenido saldos negativos en torno al 3% del PIB durante 2020 y 2021, lo que supone que el sobrecoste del coronavirus asciende a 150.000 millones, alrededor de 13 puntos de PIB. 

Teniendo en cuenta que el PIB per capita español es de 24.000 euros y que cada punto porcentual de déficit supone 240 euros por persona, cada contribuyente debería 3.120 euros por el saldo negativo adicional que ha ensanchado la pandemia. Y en una familia-tipo de tres integrantes la factura fiscal ascendería al entorno de los 10.000 euros que, como explica Díaz-Giménez, en algún momento tendrán que sufragar los ciudadanos.

En cualquier caso, el profesor del IESE tiene una percepción positiva sobre la coyuntura que se avecina en 2022. Díaz-Giménez descarta establecer comparaciones con previsiones anteriores o proyecciones que se confeccionaron bajo otro escenario y considera que la previsión de crecimiento de este año, en torno al 5% según el consenso, pese a ser inferior al 6,5% que prevé el Ministerio de Asuntos Económicos, que encabeza la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, supone un vigoroso crecimiento económico. No obstante, considera que una de las reformas pendientes que debe abordar España es la modernización y mejora de la eficiencia en las Administraciones Públicas, factor clave para drenar los fondos europeos al tejido productivo.

El profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) Miguel Ángel Bernal coincide en resaltar que antes o después los contribuyentes sufragarán la factura del déficit público. Llama la atención sobre la necesidad de controlar el gasto público y declara que «el déficit generado por el coronavirus causante de la Covid-19 agranda la brecha entre las rentas altas y bajas». Considera Bernal que el esfuerzo será mayor para las familias con menor renta y destaca el caso de los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, que además afrontan posibles rectificaciones en su IRPF por haber soportado retenciones en algunos casos inadecuadas.

Empeora la deuda pública

Los saldos negativos están empeorando el dato de deuda pública, que esta semana ha subido al máximo histórico de 1,432 billones de euros, situándose en el 122,1% del PIB, por lo que aumentó en términos relativos un 0,5% respecto al trimestre anterior, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En tasa interanual se incrementó un 9,5% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 124.024 millones más, como consecuencia de la crisis del Covid-19, que ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas.

Con todo, el Gobierno no celebrará la última subasta de deuda prevista para este año tras captar deuda neta por 75.000 millones de euros, un 25% menor respecto a lo que el Gobierno había previsto al inicio del ejercicio, hito que celebra el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien además destaca el mantenimiento de la confianza de los inversores en el papel soberano español.

El Congreso ha aprobado este martes una iniciativa que insta al Gobierno a excluir de las subvenciones públicas y los fondos europeos del Plan de Recuperación a las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad. Concretamente, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una enmienda transaccional, impulsada por Junts y finalmente pactada con el PSOE, con el respaldo de Unidas Podemos y el PNV. El PP y Vox han decidido abstenerse, mientras que Ciudadanos ha sido el único partido que ha votado en contra. La iniciativa aprobada, a la que ha tenido acceso Europa Press, llama al Gobierno a «seguir desarrollando medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales». Asimismo, el Congreso pide establecer que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no puedan acceder a una subvención pública, fondos europeos o ser entidad colaboradora en su gestión, incluidas las del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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