Las clínicas Vivanta optan a 40 millones de la SEPI pese a tener «niveles de facturación prepandemia»

La SEPI anunciaba el pasado martes su decisión de contratar asesores jurídicos y financieros externos para analizar la situación particular de tres de las 60 compañías que han solicitado ayudas públicas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). La cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta es una de ellas. Opta a un rescate público de 40 millones de euros, a pesar de que «la situación financiera de la compañía actualmente es buena» y de que está «llegando a niveles de facturación prepandemia», según afirman fuentes de Vivanta a THE OBJECTIVE. 

La compañía se enfrenta a una guerra en los juzgados desde 2018 contra sus antiguos accionistas minoritarios y registró pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este diario a través de la herramienta Insight View. Dos factores que podrían poner en riesgo las ayudas públicas solicitadas por Vivanta a la SEPI, de acuerdo a las condiciones condiciones que se detallan en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee. 

No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 es una de las líneas rojas marcadas por la SEPI para poder optar a las ayudas públicas del Fondo, dotado con 4.000 millones. La otra condición que amenaza el rescate a Vivanta es la de «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos».

El fondo Portobello -que constituyó Vivanta en 2017 tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- mantiene abiertos varios casos penales y mercantiles con los antiguos socios minoritarios de Vivanta. Los juzgados de instrucción de primera instancia número 49 y número 21 de Madrid tienen abiertos sendos procesos en los que están investigados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Hay otros dos casos juzgados y pendientes de sentencia en los juzgados de lo mercantil número 2 y número 13 de Madrid.

Además, en julio de 2021, el juzgado mercantil número 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta. La magistrada Ana María Gallego consideró que esa ampliación de capital efectuada en 2019 causó un perjuicio económico a los inversores de Grupo Hospitalario Europeo, matriz de Vivanta. Sin embargo, la sentencia no es firme debido a que se encuentra recurrida en apelación.

Una sentencia firme en contra, en este o en los anteriores casos mencionados, podría llevar a los asesores externos de la SEPI a emitir informes desfavorables a la concesión de los 40 millones de euros en ayudas públicas solicitados por Vivanta. Sin embargo, desde la compañía se muestran tranquilos. «Son hechos judiciales antiguos y ya conocidos, que se suman a otros casos que fueron archivados en favor de Vivanta. Si la SEPI ha iniciado la licitación para la contratación de los asesores externos que evaluarán nuestro caso es porque ha visto que no suponen un motivo para rechazar las ayudas solicitadas», indican fuentes del grupo Vivanta a THE OBJECTIVE.

Vivanta pide 40 millones al Fondo de la SEPI

Según adelantó el diario Expansión, los 40 millones de euros en ayudas públicas solicitadas por Vivanta al Fsaae están estructurados a través de un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,4 millones. La solicitud del grupo dental a la SEPI se realizó hace un año. La situación sobrevenida por la pandemia paralizó la economía y obligó a cerrar a cal y canto las clínicas dentales y estéticas de la compañía durante meses, recuerdan a este diario fuentes de Vivanta.

«La situación financiera de la compañía actualmente es buena. No tiene nada que ver con la situación de hace un año. Durante este año la compañía está obteniendo buenos resultados y llegando a niveles de facturación prepandemia», añaden las mismas fuentes. Además, se muestran convencidas en que la empresa mantendrá su viabilidad a futuro incluso si no recibiera las ayudas de la SEPI.

El pasado mes de febrero, Vivanta remodeló su accionariado dando entrada al fondo especializado en deuda Ares Management y al banco francés BN Paribas, que mediante un canje de deuda por capital valorado en 200 millones de euros pasaron a controlar, respectivamente, un 76% y un 8% del grupo dental. Portobello, que aún conserva el 15%, presentó entonces un plan de negocio para elevar un 30% la facturación de 2019 durante los próximos tres años, hasta los 200 millones de euros en 2024, según adelantó Expansión. 

La decisión de la SEPI de utilizar fondos del Fasee para las compañías que optan a él, entre ellas Vivanta, atenderá «entre otros elementos» a «la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de cada empresa, por su relación con la salud y la seguridad pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía», según explican a este diario fuentes de la sociedad pública. Después del escándalo de Plus Ultra, la SEPI hizo una profunda revisión de sus protocolos y contrató personal externo para realizar exhaustivos análisis de cada una de las solicitudes presentadas.

Vivanta cuenta con alrededor de 200 clínicas repartidas por toda España, frente a las casi 250 que tenía antes de la pandemia. Además, cuenta con una plantilla de alrededor de 2.000 trabajadores tras realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicó la salida de 278 personas de la compañía, que quiere centrarse en su negocio dental y ha puesto a la venta su división de medicina estética.