La reforma laboral sigue al pie de la letra el pacto de legislatura entre PSOE y Podemos
El pacto de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos invalidó de entrada una derogación de la reforma laboral del PP y limitó los cambios a escasos retoques que aún están por tramitarse en el Congreso
El presidente, Pedro Sánchez, con su enumero dos, Pablo Iglesias, en el Congreso. | Europa Press
La reforma laboral que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado enviar a las Cortes con el aval de los agentes sociales se ha tornado en una tímida modificación del marco laboral que ha reducido el maximalismo previo de la sindicalista, el cual apuntaba a una derogación del régimen preexistente, sellado en 2012, bajo el Gobierno del Partido Popular y la dirección de la exministra Fátima Báñez. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta segunda chocaba, como adelantó THE OBJECTIVE, con el límite del acuerdo de coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos sellado hace justo dos años, el 30 de diciembre de 2019, y que recoge básicamente seis puntos de actuación, descartando, de entrada, actuar en materias como el coste del despido, clave en la reforma de Báñez.
El ala socialista del Gobierno, máxime tras las aspiraciones individuales de Díaz en clave de política nacional, ha señalado a THE OBJECTIVE que remacharon la necesidad de hacer valer el pacto de Gobierno, lo cual ha causado resquemores y molestias entre las filas de Podemos que ahora critican algunos aspectos de la reforma, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por considerarla pacata en relación a las pretensiones primigenias del partido.
Aunque Díaz pretendía borrar completamente la normativa laboral vigente hasta este miércoles y crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que diera la vuelta al marco existente, ha tenido que plegarse al texto firmado en el acuerdo de coalición y rebajar sus aspiraciones combinando el difícil equilibrio adicional de reforzar el papel de los sindicatos, conseguir el aval de la patronal, y cumplir con la Unión Europea en el marco del Componente 23 comprometido con Bruselas.
Todo ello, recabando el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, que reclama a los grupos parlamentarios «sentido común» en la tramitación parlamentaria y ninguneando a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que desde el minuto cero evitó que Díaz campara a sus anchas hacia una eliminación del sistema de relaciones laborales que ha sostenido el empleo durante la pandemia, tal como constatan organismos internacionales e informes del Banco de España que reflejan en cifras el soporte social y económico que han supuesto medidas como los ERTE auspiciadas por Báñez.
Tres puntos clave
El citado acuerdo de Gobierno se centraba, en materia de la pretendida derogación laboral, en tres puntos clave. Uno, eliminar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, algo que ya se legisló antes de abordar la reciente reforma. Por otra parte, en un segundo apartado se pretendía «derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo», aspecto éste en que cierto es que Díaz ha logrado operar cambios al instaurar la ultraactividad como norma genreral. Es decir, que no caduquen los convenios si no se han renegociado, algo que, de facto, no supone un cambio radical, ya que las negociaciones venían siendo bastante pactistas en el régimen anterior en la mayoría de los sectores y empresas, tal como trasladan empresarios de distintos ramos a THE OBJECTIVE. Como tercer punto del acuerdo de Gobierno, se proyectó la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, algo que a tenor del texto publicado este 30 de diciembre en el BOE, y a falta de su desarrollo parlamentario final, sólo se materializará en cuanto a circunstancias salariales y de sus complementos, incluso en perjuicio de trabajadores que por su convenio particular disfrutaban de mejores condiciones que en el convenio general.
Además de estos tres puntos clave, existen otros tres en el acuerdo de coalición, en un epígrafe subsiguiente que se refieren a la subcontratación, donde sí ha operado algún cambio Díaz que ha descontentado a sectores clave como la construcción o la automoción, y que no están refrendados por las Cortes y básicamente exigen una asimilación de las condiciones del trabajador de la subcontrata con el de la empresa contratista, inmaterializable a priori según los expertos y empresarios consultados por THE OBJECTIVE. En el quinto punto que permitía tocar el acuerdo de coalición se recogía la posibilidad de limitar la capacidad unilateral del empresario para modificar condiciones del contrato como el horario, la jornada, o la localización, epígrafe en el que Díaz ha tenido que rebajar el tono ante el rechazo silente de varias organizaciones insertas en la patronal CEOE. Como sexto punto, el acuerdo de coalición de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos habilitaba el recurso al descuelgue salarial ante causas económicas graves, es decir, a reajustar los salarios ante embates económicos que compliquen la viabilidad de la empresa, algo que poco cambia con la nueva norma, según transmiten a THE OBJECTIVE fuentes de la negociación, ya que esta práctica se venía, y se vendrá adoptando, por las compañías ante vaivenes económicos sin generar especial litigiosidad.
Unidas Podemos ha marcado como objetivo prioritario de cara al año que viene acometer, dentro del Gobierno, una reforma fiscal que aumente de forma significativa los impuestos a las grandes fortunas y empresas. También ha loado la determinación «clara y contundente» de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para «consolidar los derechos laborales» y el trabajo decente, como prueba la subida del salario mínimo y la nueva reforma laboral. Y es que el nuevo marco laboral aprobado es un avance pese a no ser el máximo de lo que hubiera aspirado el espacio confederal de ser mayoritario en el Ejecutivo.
