Los transportistas de mercancías anticipan una multa de Bruselas si Renfe no rectifica la subida de tarifas
Advierten de que las nuevas condiciones ponen en peligro el objetivo del propio Ministerio de Transportes de alcanzar una cuota modal ferroviaria del 10% para 2030
Los transportistas de mercancías advierten de que las nuevas tarifas aplicadas por Renfe ponen en peligro el objetivo marcado por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de alcanzar una cuota modal ferroviaria del 10% para final de década —frente al 4% actual—, clave para reducir el nivel de emisiones contaminantes y no recibir así multa por parte de Bruselas.
El sector denuncia que los incrementos de las tarifas son «desorbitados», llegando en algunos casos a superar el 68% en algunos tráficos de ida en cargado y vuelta en vacío. Además, ahora todos los contenedores se facturarán como cargados, eliminando la tarifa de contenedor vacío, «una medida que no se ha adoptado en ningún país europeo», señalan.
Bajo este contexto, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) Multimodal, Juan Castellet, indica a THE OBJECTIVE que las nuevas tarifas «van en sentido contrario» del objetivo de alcanzar una cuota modal ferrivoria del 10% para 2030 y de reducir las emisiones contaminantes, ya que, en consecuencia, se pondrán más camiones en la carretera. «En 2030 nos van a pegar una multa», apunta.
Castellet asegura que el sector está preparado para emprender acciones legales si no hay una rectificación, bien ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o ante los Juzgados de la Mercantil. No obstante, antes prefiere escuchar la postura de la cartera que dirige Raquel Sánchez, a la que ha solicitado una reunión formal por carta y de la que aún no ha recibido respuesta.
«No queremos poner en marcha acciones legales hasta que el Ministerio no nos haya atendido», afirma, subrayando que pese haber cambiado de nombre, de Fomento a Transportes, «sigue dando la espalda al sector». Desde la CETM calculan que con las nuevas tarifas se dejarán de transportar unas 500.000 toneladas de mercancías por tren, lo que supone un impacto económico de alrededor de unos 20 millones de euros —a razón de 40 euros por tonelada—.
En ente sentido, el presidente de la CETM Multimodal llama al consenso y aboga por que se tomen medidas para paliar la subida de los precios energéticos y que así el sector del transporte ferroviario español no pierda competitividad. «Hay que luchar para bajar los costes de la luz y ver la forma para que no repercuta en las empresas», resalta Castellet.
Posición del operador logístico
Por su parte, Renfe Mercancías justifica las nuevas condiciones tarifarias para este año en un escenario de incremento de costes de operación derivado, principalmente, del aumento del precio de la energía. «Renfe Mercancías busca implantar medidas en aras a su sostenibilidad económica. Entre estas medidas se contempla una revisión de sus tarifas para repercutir el incremento de los costes operativos», expresan fuentes de la empresa consultadas por este medio.
También alegan que, en un «escenario inflacionista», el coste de la energía de tracción en Renfe Mercancías ha pasado de 23 millones de euros en 2020 a 44 millones en 2021, incrementándose en cuatro/cinco veces el coste unitario actual frente al que había a mediados del año pasado.
«El coste de operación para Renfe Mercancías es muy similar llevando el contenedor lleno o vacío. Debe ser responsabilidad del cliente buscar alternativas que permitan llevar carga en ambos sentidos, en aras a incrementar la eficiencia del sistema del transporte», argumentan desde la empresa, dependiente del Ministerio de Transporte junto con Renfe Operadores y Adif.
Por otro lado, defienden que se ha sustituido el descuento en vacío por un descuento por volumen —un rapel aplicado al cliente en función del número de TEUs transportados— atendiendo a los criterios anunciados por el Ministerio para recibir los Eco-incentivos, como es el grado de aprovechamiento del tren en términos de toneladas cargadas. La línea de Eco-incentivos está dotada con 60 millones de euros para el periodo 2022-2024.
Según Renfe Mercancías, desde que se anunciara el nuevo sistema tarifario a mediados de septiembre, no se ha percibido «hasta el momento» una bajada de la demanda, por lo que, en su opinión, «no resulta cierto afirmar que se van a perder 500.000 toneladas por tren».
El operador logístico facturó casi 200 millones en 2021, de los cuales 72 millones corresponden al mercado intermodal —62 millones por trenes de cliente completos y unos 10 por el negocio de la Red Intermodal Multicliente (RIM). Hay que recordar que la Unión de Operadores Combinado (UOTC) es cliente de la unidad de negocio de la RIM y aglutina la división intermodal de la patronal de los transportistas Astic.
1.500 millones del Gobierno
El Ministerio de Transportes invertirá unos 1.500 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MR) para «abordar la revolución en la logística y propiciar el cambio modal de la carretera al tren en el transporte terrestre de mercancías». En concreto, casi 1.000 millones se destinarán a impulsar la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías, mediante el fomento de la intermodalidad y la modernización y mejora de los nodos de distribución.
«El incremento del coste de la energía eléctrica está afectando desgraciadamente a todos los modos de transporte y generando un elevado incremento de los costes de operación, como ha sucedido en el caso de Renfe Mercancías, que ha de adoptar medidas para asegurar su sostenibilidad económica. En todo caso, creemos que se trata de una situación coyuntural», apuntan a este medio desde la cartera que dirige Sánchez.
La polémica surge poco tiempo después de que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) convocara un parón patronal en plena campaña navideña al considerar que el Ejecutivo no había cumplido con las promesas del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y que también había apoyado su predecesora en el cargo, Isabel Pardo de Vera.
Tras varias jornadas de negociaciones, se desconvocó el cierre patronal y acordaron la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; reducir a la mitad los tiempos de espera, a partir de los cuales el transportista tendrá derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga.
Otra cuestión importante para el sector es que se incorporará «de forma imperativa en la Ley» la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, «sin posibilidad de pacto en contrario» para equilibrar las relaciones de los transportistas con los clientes. El Ministerio también se ha comprometido a «no implantar peajes al transporte pesado sin el consenso del CNTC, entre otras cuestiones.