El Gobierno deberá acabar en junio con las ayudas covid a empresas tras el ultimátum de la UE

El Gobierno de España tendrá que acabar con las ayudas covid a empresas el próximo mes de junio si se cumplen los planes de Bruselas dados a conocer esta semana. El pasado lunes la Comisión Europea presentó un documento al Eurogupo en el que abogaba por retirar progresivamente estos estímulos -aunque pueda suponer una cascada de bancarrotas-, lo que supone el comienzo del fin para estos instrumentos, según ha confirmado THE OBJECTIVE.

En noviembre del año pasado Bruselas decidió prorrogar las ayudas públicas a empresas golpeadas por la pandemia y la crisis económica causada por el coronavirus hasta el 30 de junio de 2022. El Marco Temporal relativo a las ayudas estatales, que debía expirar el 31 de diciembre de 2021, se mantuvo en marcha tras ayudar a las compañías del continente con más de tres billones de euros, equivalente a dos veces y media el PIB español.

Pocos días después, el Consejo de Ministros prorrogó todas estas ayudas en España hasta esta misma fecha y con el convencimiento de que era la única manera de mantener la estabilidad de empresas azotadas por la pandemia. Esto supuso mantener instrumentos como los avales del ICO, el fondo de rescate de SEPI y Cofides y la moratoria concursal.

Sin embargo, Bruselas ha cambiado de opinión solo dos meses después sorprendiendo al Ejecutivo español. El Gobierno cree que aún es prematuro terminar con instrumentos clave para mantener la estabilidad empresarial, económica y del empleo durante la pandemia en pequeñas empresas afectadas por restricciones de las sucesivas olas de la pandemia.

Retirada de estímulos monetarios

Como ya contó este diario, la idea del Gobierno es poder mantener de manera indefinida el escudo antiopas, que también prorrogó en noviembre pero hasta finales de 2022. Asuntos Económicos considera que es una herramienta eficaz para proteger a empresas de sectores estratégicos ante sus competidores europeos, por lo que barajan nuevas formas de encajarlo en el ordenamiento jurídico más allá de la pandemia.

Por el contrario, en la UE consideran que se ha alcanzado un mejor equilibrio entre las medidas para contener el virus y la apertura de la economía. De hecho, son cada vez más las voces que en la Unión Europea piden la vuelta a una austeridad económica y monetaria que se ha aparcado por la pandemia.

Las ayudas tienen un elevado coste para Europa y para sus Estados miembro y mantenerlas sine die significaría un duro impacto en la deuda y el déficit. Si además consideramos que los bancos centrales de todo el mundo -incluido el BCE- se plantean retirar los estímulos financieros a partir de este 2o22, la existencia de estas ayudas deja de tener apoyo monetario. «Hay que mantener una posición fiscal de apoyo moderado en toda la zona euro», dice el informe presentado al Eurogrupo.

Con todo, antes de la presentación del documento la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pidió calma ante este debate. «Nosotros creemos que es muy importante evitar una retirada prematura de los estímulos y la política monetaria y fiscal que hemos venido desarrollando para responder a la pandemia», indicó este lunes en Bruselas.

Líneas de avales ICO

De hecho, desde el Gobierno no dan por cerrado el debate. «Es pronto para ver cómo se produce (la retirada de estos estímulos), y todavía no hay un acuerdo ni una decisión firme por parte de la Comisión sobre cómo se retirarían los apoyos. Es un debate abierto», indican desde el Ejecutivo.

La primera gran medida prorrogada hasta finales de junio son las Líneas de Avales ICO para que autónomos y empresas cubran sus necesidades de liquidez y financiación de proyectos de inversión. Según los datos del ministerio, desde su puesta en marcha en marzo de 2020 se han garantizado -hasta el 18 de noviembre de 2021- 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros. Se han destinado un total de 140.000 millones de euros para este instrumento.

Adicionalmente, se amplió el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Del mismo modo, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio del 2022, los fondos de recapitalización de empresas gestionados por SEPI y Cofides y se amplía el plazo para la devolución de remanentes de ayudas directas de las Comunidades Autónomas.

Fondo de rescate de la SEPI

En el caso del fondo de rescate de la SEPI ha sido un regalo envenenado, porque acumula un atasco de 50 expedientes no resueltos y apenas una concesión del 15% de los 10.000 millones de ayudas aprobadas. Y lo peor de todo es que gracias a la prórroga podrán seguir recibiendo solicitudes hasta junio.

El Real Decreto-Ley aprobado en noviembre estableció también medidas en el ámbito concursal, ampliándose hasta mediados de 2022 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas.

Se extendió también la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.

Mantener estas medidas abrió además el debate respecto de su utilidad. El Gobierno insiste de que solo deben ser concedidas a empresas que hayan demostrado su solvencia antes de la pandemia, pero desde otros sectores se advierte que solo han servido para mantener en funcionamiento empresas que ya estaban quebradas antes de la llegada de la covid.

Una serie de empresas zombie que se resisten a presentar un concurso de acreedores gracias a la concesión de ayudas públicas. Desde una perspectiva académica, algunos economistas advierten de que tener estas empresas zombie en funcionamiento genera una errónea percepción del tejido productivo ya que se frena el normal ciclo de vida de las empresas y se mantiene a trabajadores empleados de manera ficticia.