Ribera señala que la "única alternativa" para abaratar la luz es la transición energética

La ministra admite que los precios siguen disparados e insiste en que para reducir los costes y la volatilidadad es necesaria la transición energética

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que «no hay otra alternativa» que la transición energética para reducir los costes y la volatilidad de los precios de la electricidad y añadió que «debemos actuar con mayor rapidez de lo que teníamos previsto».

Ribera intervino en el Congreso de los Diputados durante la convalidación del real decreto-ley que aprobó en diciembre el Gobierno y que, entre otras medidas, extendía las rebajas fiscales a la electricidad para paliar el impacto en los consumidores de los altos precios en el mercado mayorista.

El real decreto-ley se ha aprobado con 197 votos a favor, 147 abstenciones y tres votos en contra, si bien se tendrá que tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, petición que ha sido respaldada por 341 diputados, frente a cuatro votos en contra y dos abstenciones. La ministra ha dicho que el comienzo de 2022 está siendo complicado en los precios de la energía, en línea con 2021, y ha insistido en que reducir los costes y la volatilidad pasa por la transición energética.

«No hay otra alternativa», ha afirmado Ribera, que ha añadido que «debemos actuar con mayor rapidez que lo que teníamos previsto». Ha indicado que las medidas del real decreto-ley que se lleva a convalidación este martes están alineadas con la UE, con la que ha dicho que España sigue trabajando para conseguir abaratar los costes de la energía.

Ha afirmado que al Gobierno de España no le satisface la respuesta que ha encontrado en Europa, pues no se conforma con que las soluciones a los altos precios de la electricidad «dependan del tamaño del bolsillo» y de la capacidad fiscal que tenga cada Estado. La ministra ha subrayado el esfuerzo fiscal que ha hecho el Ejecutivo para paliar el impacto de la subida de los precios de la electricidad, especialmente en el consumidor doméstico.

En este sentido, ha explicado que la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica, que abonan las empresas pero que repercute al final en el precio, hasta el 31 de marzo tiene un impacto de 1.150 millones de euros. La reducción del IVA del 21 % al 10 % hasta el 30 de abril tiene un impacto de 459 millones de euros en la recaudación y la del impuesto especial de la electricidad, que se mantiene hasta esa fecha en el 0,5 % frente al 5,11 % que tenía, de 467 millones de euros.

Es decir, casi 2.000 millones de euros de esfuerzo fiscal para reducir la factura de aquí al 30 de abril, ha dicho Ribera, que también ha recordado la extensión de la ampliación de los descuentos en la factura de la luz para los beneficiarios del bono social, que pasaron del 25 % al 60 % para los hogares considerados vulnerables, y del 40 % al 70 % para los vulnerables severos. Ha recordado también que con el real decreto-ley los consumidores industriales de gas pueden cambiar o suspender su contrato hasta el 31 de marzo sin tener que abonar ningún coste adicional. Además, ese real decreto-ley contiene más medidas, entre ellas de fomento de las renovables y para favorecer la instalación de puntos de recarga eléctricos.

El Grupo Popular ha criticado en este punto que el Ejecutivo obligue a implantar puntos de recarga a las estaciones de servicio y a los aparcamientos, mientras concede «ayudas millonarias» a las eléctricas con ese fin. En concreto, su diputado Juan Diego Requena ha cifrado en 525 millones de euros el dinero que se ha destinado con cargo a los fondos europeos de recuperación a esas compañías y ha dicho que es algo que no responde al interés general.

Ha criticado también que el Gobierno traiga a la Cámara la aprobación de un Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que repercutirá en los consumidores de combustibles fósiles, que hará que el agricultor que no puede electrificarse «pague los puntos de recarga eléctricos».

Fuente: EFE