Telefónica firma con Iberdrola su 'megacontrato' energético tras la crisis del precio de la luz
El acuerdo final llega cuatro meses después de que se anunciara y tras los cambios regulatorios impuestos por el Gobierno a finales de 2021
Fumata blanca. Telefónica finalmente ha firmado su contrato de suministro de energía renovable con Iberdrola, Endesa y Acciona, según ha confirmado THE OBJECTIVE con fuentes de estas compañías. La rúbrica de los tres acuerdos ha llegado con cuatro meses de retraso y después de largas negociaciones entre las partes tras el órdago de la empresa presidida por Ignacio Sánchez-Galán en octubre.
Iberdrola quiso cambiar las condiciones con Telefónica argumentando circunstancias «extraordinarias, imprevisibles y sobrevenidas». La energética se refería a los cambios anunciados por el Gobierno para rebajar la factura de la luz que encarecían el precio para las grandes distribuidoras de energía.
El megacontrato -el mayor firmado por una empresa privada para energías renovables en España- garantizaba un suministro de 482 gigavatios hora (GWh) anuales a un precio fijo durante 10 años proporcionados por Iberdrola, Endesa y Acciona. Tres contratos independientes, pero que Telefónica debía firmar de manera conjunta para asegurarse todo el suministro comprometido.
En el caso de Iberdrola, este tipo de contrato conocido como PPA (power purchase agreement) les obligaba a vender la energía a un precio fijo que, según la compañía, no se podía mantener con las nuevas condiciones del Gobierno impuestas en octubres y tras una escalada sin freno en el precio mayorista de la electricidad, que llegó a estar por encima de los 300 euros el megavatio por hora.
Contrato de Telefónica
No obstante, y después de varias semanas de reuniones entre los equipos de las cuatro compañías -principalmente entre Iberdrola y Telefónica– el contrato original se ha mantenido y solo se han incorporado cláusulas extraordinarias que cambiarían las condiciones, solo si cambia sustancialmente la regulación.
A favor de este pacto ha jugado la propia regulación del Gobierno que ha variado después de los anuncios de comienzo de este curso. A finales de octubre el recorte de los beneficios por la generación nuclear e hidroeléctrica se redujo de los 2.600 millones iniciales hasta los 2.000 millones de euros, al quedarse fuera de la minoración los contratos bilaterales o PPA.
Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de «aportar una mayor seguridad jurídica» y ayudar a la industria, se estableció que la minoración no afectaría a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo o bien tenga una cobertura superior a un año.
Dos meses antes el Gobierno había lanzado un órdago a las empresas energéticas. A comienzos de septiembre -la misma semana en la que se conoció el PPA de Telefónica con Iberdrola– el Ministerio de Transición Energética propuso una batería de medidas para bajar el precio de la factura eléctrica y la del gas.
Costes de la energía
Siete medidas que apuntaron directamente sobre la línea de flotación de beneficio de las eléctricas, al obligarlas a devolver unos 2.600 millones de ‘retribución sobrevenida’ por los altos precios del gas y sobre la fiscalidad en la factura.
Una situación que llevó a Iberdrola a intentar renegociar las condiciones de sus contratos mayoristas con grandes empresas entre las que se encontraban Danone, Bayer, Heineken o Telefónica. La compañía les indicó que la nueva situación hacía necesario cancelar o modificar los PPA que hasta ese momento garantizaban el suministro de electricidad por un precio fijo ante eventuales subidas de la luz.
Las grandes empresas contratan su energía construyendo un mix entre tarifa fija (PPA) y precios spot, es decir, comprando energía en el mercado libre. El porcentaje que las compañías del Ibex contratan de PPA suele rondar entre el 30% y el 60% para amortiguar posibles subidas inesperadas como las que llevan produciéndose desde hace seis meses.
De hecho, estos costes generaron que las grandes compañías de España vieran incrementados sus costes de electricidad entre un 30% y un 40% por la subida de precios mayoristas. Una situación que les obligó a sentarse a negociar los contratos e incluso llegarse a plantear una batalla legal si es que no se respetaban las condiciones.
Finalmente la sangre no llegó al río y las grandes del Ibex -como el caso de Telefónica– lograron cerrar los contratos y mantener las condiciones de los acuerdos pactados. En el caso de la operadora de telecomunicaciones era el único gran contrato que todavía no se había firmado, ya que el resto de otras grandes compañías ya tenían estos pactos en marcha.