Las dudas sobre la Ley de Vivienda generan inseguridad y ahuyentan a los inversores

Las dudas no generan ni certezas ni seguridad y la futura Ley de Vivienda está llena de ellas, según los expertos. A la espera de conocer oficialmente el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este jueves, ya conocemos los detalles que lo conforman. El órgano, cuya opinión es consultiva, considera que la nueva norma planteada por el Ejecutivo puede llegar a suponer un problema a nivel de competencias autonómicas. El dictamen considera que puede «invadir» varias competencias que pertenecen a las propias comunidades y limitarlas.

Un informe demoledor que se ha filtrado esta semana y que se inicia con un reproche a los ataques contra el CGPJ vertidos desde el Ministerio de Transportes, quienes criticaban la postura del órgano y le acusaban de «extralimitarse en sus competencias». Todo este ‘ruido’ alrededor de la futura Ley de Vivienda no hace sino generar «una mayor incertidumbre e inseguridad jurídica no solo dentro de nuestro país sino fuera», asegura María Matos, directora de estudios de Fotocasa. En declaraciones a THE OBJECTIVE, Matos recuerda que España es un gran foco de inversión para grandes y pequeños inversores en el sector y esto lo que hace es generar inestabilidad «lo que no nos viene nada bien».

Inseguridad jurídica

«El Gobierno nos genera una mayor inseguridad porque no sabes qué es lo que van a hacer», reconoce Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, especializada en derecho inmobiliario. La experta legal considera además que la norma puede ser incosntitucional, al traspasar competencias de las comunidades autónomas. No obstante, se tendrá que aplicar hasta que se pronuncia el Tribunal Constitucional, que tarda un tiempo.

En declaraciones a este medio, la socia de Círculo Legal Barcelona insiste en que lo que debe hacer el Gobierno es una norma marco general y a partir de ahí que cada comunidad establezca su criterio. «Pero si hay una invasión de competencias se pelean los unos con los otros y los que salimos perjudicados somos los ciudadanos», asegura.

Es evidente que el derecho a la vivienda es un derecho necesario, reconoce esta experta, considera que el Estado lo tiene que garantizar pero no a costa de no proteger otros derechos, o inmiscuyéndose en lo que está asignado a otros órganos administrativos. Otras fuentes del sector consultadas creen que es una Ley que tiene muy poco apoyo, con lo que más dudas al respecto por parte de un organismo tan relevante como el CGPJ genera inseguridad jurídica.

Ahuyenta a inversores

Todas estas dudas acerca de una Ley, que posiblemente no quedará definitivamente aprobada hasta finales de año, «a quien perjudica es a la economía», asegura Goenaga. «Los grandes inversores cuando ven algo tan convulso al final no vienen. Van a invertir a un sitio donde las cosas estén mas claras asegura. La experta considera que los inversores no buscan un país en el que no saben si las leyes que les van a aplicar son o no constitucionales y después de año y medio van a hacer modificaciones. «Es totalmente irracional lo que están haciendo», añade.

Un texto que preocupa al sector y a los fondos de inversión en inmobiliario, que ven en Portugal el mercado al que trasladarse. El país vecino ofrece «un trato más amable y más certidumbre», tal y como ya contamos en THE OBJECTIVE hace unos meses.

Para que realmente un mercado recupere la estabilidad y una cierta normalidad requiere de un entorno seguro, consideran desde el sector. «Las inversiones no tienen una rentabilidad inmediata sino a medio/largo plazo. Si tienen un escenario en el que no tienen certeza de que cualquier variación normativa les puede afectar, no van a venir», asegura por su parte Montserrat Junyent Martin, asesora jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España y del COAPI de Barcelona, y presidenta de FADEI.

Junyent, en declaraciones a THE OBJECTIVE, concluye que son escenarios «que no favorecen a que los inversores se atrevan a invertir no solamente en Cataluña, sino que ahora va a ser un problema que afecte a quizá más lugares de España».

Incredulidad

Desde el sector analizan lo que está ocurriendo con una ley tan importante como la Ley de Vivienda desde la «incredulidad». Esto tiene un «trasfondo político y el dictamen del CGPJ no es vinculante, por supuesto, pero ese malestar lo que pone encima de la mesa es la inseguridad jurídica. El peor escenario que puede haber en una materia tan importante como es la vivienda es la inseguridad», añade la asesora jurídica de COAPI.

Desde Fotocasa creen que el Gobierno tiene que realizar un «ejercicio de responsabilidad» y «no apresurarse» con la aprobación de la ley. «El CGPJ es un órgano sumamente reputado y creemos que sus opiniones y observaciones tienen que ser tenidas en cuenta», añade Matos al tiempo que cree que si el gobierno espera y no se apresura, todavía podría tener en cuenta las observaciones, opiniones y valoraciones del sector inmobiliario. «Sobre todo la visión de los propietarios que es a quiénes mas va a afectar la norma».

Una ley que además podría traer consigo un aluvión de litigios si el Gobierno no elimina el control del alquiler, tal y como contamos en THE OBJECTIVE. Los juristas avisan de que los pleitos entre caseros e inquilinos, casi inexistentes desde la liberalización del sector en 1995, podrían resurgir con fuerza.