El Gobierno adelanta el Perte agroalimentario para coincidir con la campaña electoral de Castilla y León

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Perte agroalimentario con una inversión de 1.000 millones de euros, sin más motivo que la campaña electoral de Castilla y León que este domingo vota a su nuevo presidente autonómico.

Hasta la semana pasada este Perte estaba a la cola de los siete proyectos en los que trabajaba el Gobierno, según constaba en la web del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero sorprendentemente ha pasado a ser la prioridad del Ejecutivo esta semana. El Perte agroalimentario ni siquiera tenía categoría de anunciado y figuraba solo como «en estudio», al igual que el Perte aeronáutico, que sigue bajo esa etiqueta.

Esto supone que el Perte agroalimentario ha sido aprobado incluso antes que el Perte Economía social de los cuidados y que el Perte en español: nueva economía de la lengua, dos proyectos anunciados hace meses. Estos proyectos estaban antes que el Perte agroalimentario en la lista de prioridades de Moncloa de la semana pasada y tenían la etiqueta de «anunciados», paso previo antes de su aprobación definitiva. Siguen en esta clasificación.

1.000 millones para el Perte agroalimentario

Una nueva prueba del uso electoralista que este Gobierno está haciendo de los Perte, ya que este proyecto agroalimentario ha pasado de estar "en estudio" a ser aprobado, en solo dos días. De hecho, Pedro Sánchez anunció su aprobación este pasado lunes.

Nunca un Perte se había aprobado hasta ahora con tanta rapidez ni ha pasado tan poco tiempo entre su anuncio y su aprobación en el Consejo de Ministros. Y todo coincidiendo con la última semana antes de que los castellanoleoneses sean llamados a las urnas y en el último Consejo de Ministros antes de estas elecciones.

La vicesecretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado la aprobación de este plan en pleno proceso electoral. "Hoy el Consejo de Ministros se ha saltado una vez más las normas de juego limpio", ha denunciado Rodríguez a través de su perfil de Twitter.

Este Perte contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 y con el que se prevé generar un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. Recursos que se dan a conocer en un sector que es clave en Castilla y León y que aglutina una gran cantidad de votantes.

Luis Planas en campaña

A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al Perte, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que se trata de un Perte dirigido a un sector "estratégico" para España y ha destacado que hoy es "un gran día" porque es "uno de los grandes pilares" junto a la Política Agraria Común (PAC), la ley de la cadena alimentaria, el regadío sostenible y los seguros agrarios.

De esta forma, el Ejecutivo da 'luz verde' al Perte agroalimentario para dotar al campo de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.

Medidas concretas

El Perte, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.

El sector agroalimentario contribuye con casi un 10% al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96% de las más de 30.500 empresas son pymes.