El Gobierno elevará su participación en Indra hasta el 28% para darle "estabilidad accionarial"
La sociedad pública comprará aproximadamente un 10% adicional de la tecnológica española, de la que ya es accionista de referencia
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a crecer hasta el 28% en el capital de Indra. Esto supone que la sociedad pública comprará aproximadamente un 10% adicional de la tecnológica española, de la que ya es accionista de referencia con el 18%.
«Mueve a dicha decisión el propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos», dice la SEPI.
A precios de mercado esto supone un desembolso para la SEPI -y para el Estado- de aproximadamente 160 millones de euros. La capitalización bursátil de Indra al cierre del mercado de este martes es de 1.637 millones de euros. Los otros accionistas de la compañía son FMR Llc (9,8%), Fidelity (9,4%), Deutsche Bank (5%), Sapa Placencia (5%), Norges Bank (3,6%), T. Rowe (3,1%) y Santander Asset management (3%).
«Dicha decisión responde al renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos», justifica la presidenta de SEPI, Ana Belén Gualda, en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Empresa «estratégica»
Por su parte, el Gobierno has justificado la inversión por tratarse de una empresa estratégica en los ámbitos de la seguridad y la defensa. «Indra Sistemas es una compañía líder en Tecnologías de la Información, Simulación y Sistemas Automáticos de Mantenimiento y Equipos Electrónicos de Defensa, que lleva a cabo un considerable volumen de actividades directamente relacionadas con intereses esenciales del Estado, tanto en el ámbito civil como en el de seguridad y defensa».
Indra ha sido designada como coordinadora industrial de la participación española en el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (también conocido como FCAS por sus siglas del inglés Future Combat Air System), «lo que representa un compromiso de la máxima importancia para los intereses de la defensa española y europea con importantes extornos para el conjunto de la industria civil y militar española», dice el Ejecutivo respecto de esta inversión.
Cambio en la presidencia
El Gobierno forzó en mayo del año pasado la salida de Fernando Abril Martorell como presidente de la compañía. Después de seis años al mando, el ministerio de Asuntos Económicos a través de la SEPI forzó un cambio en la sociedad semipública y poniendo al timón a Marc Murtra, un cercano a Salvador Illa, ex ministro de Sanidad y actual líder del PSC.
No obstante, Murtra hizo un movimiento inteligente y un guiño al mercado delegando sus funciones operativas. De esta manera, el consejo de administración nombró dos consejeros delegados: Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, responsables respectivamente de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait.