El Gobierno gastará 100.000 euros en un plan de rescate a un banco ficticio

El Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), va a destinar algo más de 100.000 euros en un plan de rescate a un banco ficticio, según ha podido saber THE OBJECTIVE. El organismo del Ministerio de Economía ha sacado a concurso público un contrato para buscar a una consultora que le asesore en el diseño y ejecución del proyecto.

Según las bases de la licitación, la compañía en cuestión percibirá 114.950 euros (IVA incluido) por este trabajo, que servirá para llevar a cabo un simulacro sobre la resolución de una entidad no existente. Con ello, el Frob pretende tener experiencia en este tipo de situaciones ante un escenario adverso en el que un grupo financiero entre en verdaderos problemas de supervivencia.

Hay que tener en cuenta que bajo las nuevos criterios impuestos por Europa solo el Popular ha sido rescatado. Y esta intervención y posterior adjudicación al Santander están bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional. El Frob ha recibido, además, más de 1.000 demandas por responsabilidad patrimonial por la caída de este banco en junio de 2017.

Contrato hasta finales de este año

El contrato de la consultora estará vigente hasta finales de este año, según el pliego de las condiciones del concurso público puesto en marcha a principios de febrero. El Frob ya ha recibido distintas propuestas que se están aún analizando para la designación de la mejor oferta.

El organismo del Gobierno que preside Paula Conthe es la autoridad encargada de la resolución de los bancos y empresas de servicios de inversión en España. Además, cuenta con el 16,1% de Caixabank tras la absorción de Bankia y está en pleno proceso para hacerse con el control de Sareb. Por ello, tiene la capacidad de asumir la gestión de entidades que sean intervenidas y sustituir el consejo de administración.

La caída de un banco, según las normas comunitarias, requiere de que sus accionistas y sus bonistas asuman pérdidas para limitar el impacto sobre el erario público. Esta decisión se adoptó tras el esfuerzo realizado por los estados en la pasada crisis financiera para salvar a las entidades en dificultades.

España tuvo que desembolsar más de 65.000 millones para rescatar sobre todo a buena parte de las cajas de ahorros y tuvo que pedir fondos a Bruselas para llevar a cabo tal inyección. Ahora, con las nuevas reglas, se intenta evitar que sean los contribuyentes los que asuman el reflotamiento de los bancos.

Respaldo al organismo del Gobierno por el Popular

Sin embargo, esta circunstancia puede generar un conflicto judicial y de denuncias, como ha sucedido con el Popular. Los accionistas y tenedores de bonos que perdieron su dinero tras la intervención intentan ser indemnizados. A finales del año pasado, la comisión rectora del Frob delegó en su presidenta las competencias para resolver las demandas por responsabilidad patrimonial. Entonces se vieron afectados 305.000 inversores, por la decisión adoptada por el BCE, que ejecutó la institución española.

Recientemente, el ente del Gobierno ha recibido el respaldo del Consejo de Estado para librarse de las indemnizaciones. En unos primeros dictámenes, ha apoyado las medidas adoptadas con el Popular, argumentando que son los accionistas y los bonistas los que tienen que soportar, en primera instancia, las pérdidas por la quiebra de una entidad.

El anterior presidente del Frob, Jaime Ponce, sin embargo, señaló la pasada primavera ante la Audiencia Nacional que la información sobre el plan de resolución del banco español no era completa para su ejecución. Y reconoció que la intervención se aceleró por la filtración de que se preparaba su rescate.

Según dijo, que compareció en calidad de testigo, el plan era «preliminar» y que la calidad de la información aportada para adoptar una decisión definitiva era insuficiente. Además apuntó hacia una responsabilidad del BCE, que es quien adoptó la medida al depender del organismo comunitario la supervisión del Popular al ser una entidad significativa.

No se espera a priori un rescate real

En la actualidad, no se espera a priori que ningún banco real sea rescatado, a pesar de la incertidumbre desatada por la pandemia y la guerra de Ucrania. No obstante, todo dependerá del impacto final de ambas crisis sobre la economía y la capacidad de pago de los créditos por parte de empresas y familias. En abril se espera que la morosidad empiece a repuntar por el fin del periodo de carencia de los préstamos avalados por el ICO.

En los últimos años, el sector financiero ha venido incrementando sus niveles de solvencia para contar con un colchón suficiente para hacer frente a eventuales pérdidas y poder cumplir con su papel, que no es otro que dar préstamos.