Ribera descarta subir impuestos a Iberdrola, Endesa y Naturgy, pero les pide energía «más barata»

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha zanjado la polémica. No habrá impuesto sobre los beneficios de las grandes eléctricas como reclama Unidas Podemos. Ribera ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la tributación de estas compañías ya se regula a través del Impuesto de Sociedades.

«No hemos hablado de impuestos a las grandes compañías, sino de cómo conseguir una energía más barata y cómo pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores», ha dicho Ribrera tras la reunión que ha mantenido junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los primeros espadas de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, EDP y Repsol.

Fue la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defendió el otro día la posibilidad de imponer un impuesto que tase los beneficios de las grandes eléctricas para compensar a las familias, como quiso hacer en su día el exlíder de Unidas Podemos con la banca.

A la cita en Moncloa han asistido el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Nautrgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques.

Fuentes conocedoras de lo que se ha tratado en el encuentro señalan a THE OBJECTIVE que el Gobierno «ha tendido la mano» a las eléctricas. Destacan que el Ejecutivo ve a las energéticas del país como «aliados» para lograr la autosuficiencia energética. En este sentido, Administración central y empresas han coincidido en que hay que «incentivar las energías renovables» e impulsar el almacenamiento energético.

Mayor exigencia

No obstante, Ribera sí ha exigido a estas empresas que «aporten más» a la hora de conseguir energía más barata para contribuir a un mayor confort de los consumidores. Con este encuentro, Sánchez y Ribera buscaban conocer la opinión de los primeros ejecutivos de las principales compañías eléctricas que operan en el país sobre las medidas que serían más adecuadas para contener los elevados precios de la luz, con el fin de amortiguar su impacto en la inflación, en los hogares y en los sectores con un consumo más intensivo de energía.

Según la vicepresidenta, Pedro Sánchez ha trasladado a los directivos «importantes», como la necesidad de establecer un compromiso «por parte de todos», también las empresas, de qué esfuerzo adicional «pueden y deben hacer» para contribuir a abaratar el precio de la luz, además de acelerar la transformación del sistema energético español.

Fuentes del Gobierno han señalado que las eléctricas entienden que la actual es una situación excepcional y en este contexto son receptivas a la posibilidad de contener beneficios y reforzar su reputación. La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno está manteniendo con agentes sociales y sectores. Según ha avanzado Ribera, esta tarde el Ejecutivo se verá con el sector petrolero, al que pretende cargar parte del coste de los 500 millones de euros en ayudas al transporte de mercancías por carretera.

Limitar el precio del gas a los ciclos combinados

Una de las ideas que las que trabaja el Ejecutivo es en definir el precio máximo al que pueden ofertar gas a las centrales de ciclo combinado para producir electricidad. Sin embargo, el principal obstáculo a salvar dentro de este planteamiento es que habría que establecer un mecanismo de compensación para este tipo de centrales y que se evite así que se declaren indisponibles y dejen de realizar ofertas de venta al mercado.

Las eléctricas han venido apostando por poner un tope al precio mayorista del gas. Según el sector, teniendo en cuenta un límite de coste del gas de 80 €/MWh, el que rondaba antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de la electricidad en el mercado mayorista podría situarse en torno a los 180 euros €/MWh, lo que supone un abaratamiento del pool de más de 300 euros.

Las empresas también consideran que el Gobierno tiene margen para reducir temporalmente la fiscalidad de la energía, a la vista de que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que más grava la electricidad a los hogares, según datos de Eurostat correspondientes a la primera mitad de 2021.

«Eran conscientes de que la imposición de un price cap de 180 euros el megavatio hora (MWh) al mercado mayorista era lo más complicado y lo menos eficiente», han subrayado fuentes del sector a THE OBJECTIVE antes de la reunión.

En el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo se debatirá sobre las posibles medidas para paliar el alza de precios en el mercado energético del continente. El Gobierno citó ayer a los agentes sociales, dentro de su ronda de contactos que también incluye a los partidos políticos y a las comunidades autónomas, para conocer sus propuestas y aportaciones al Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania, que el Ejecutivo prevé aprobar el 29 de marzo.

Ajuste a la retribución de las renovables

Además, el Gobierno trabaja en el adelanto de la regularización de la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023. Las empresas que pertenecen al Recore reciben una retribución especial, que supone una rentabilidad por su inversión del 7,1%. Sin embargo, con los precios actuales del pool esa rentabilidad se ha disparado y el sistema eléctrico podría ingresar entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Por otro lado, el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno está manteniendo con agentes sociales y sectores productivos para consensuar medidas que ayuden a frenar la espiral de precios.

Asimismo, tiene ya preparado el mecanismo para obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, siempre y cuando no afecte a la que ya tienen comprometida, como ha avisado Bruselas.

En concreto, la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear, hidroeléctrica y algunos parques eólicos— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.