El Gobierno endurece el recorte a los «beneficios extraordinarios» de las eléctricas para bajar la luz

El Gobierno endurece el recorte a los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés) que reciben las eléctricas. Aplicará la minoración a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros el megavatio hora (MWh) y los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.

En concreto, la medida afectará a todos los contratos nuevos, así como revisiones y renovaciones. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

Así lo ha detallado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, ya incluía una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

El Ejecutivo se ampara en la reciente comunicación de la Comisión Europea, que respalda la medida bajo una situación de crisis específica y limitándola en el tiempo —no más allá del 30 de junio—. No obstante, el texto recogía que el recorte debe ser tecnológicamente neutral, por lo que ya no puede afectar solo a la tecnología inframarginal. Tampoco se puede aplicar con retroactividad.

Tras el revuelo de las grandes eléctricas con el Real Decreto-ley de septiembre, el Gobierno tuvo que rectificar dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo. Ahora, con el aval de Bruselas como medida «excepcional» para paliar los efectos de la invasión rusa, el Ejecutivo actualiza la norma extendiéndola a todos los contratos a plazo que superen el umbral mencionado anteriormente y la prorroga hasta el 30 de junio. 

Iberdrola llegó incluso a amenazar con revisar contratos y replantear inversiones en España si el Ejecutivo no daba marcha atrás con el primer texto. Iberdrola, Endesa y Naturgy han negado en todo momento haber percibido beneficios extraordinarios y señalan que lo que ha puesto de manifiesto el Real Decreto 17/2021 es que «no hay nada que capturar».

Fuentes del sector aseguran a THE OBJECTIVE que el Gobierno no había comunicado su intención a las eléctricas y que estas estaban a la espera de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para conocer el detalle. El Ejecutivo se reunió con los primeros espadas de las grandes eléctricas del país hace justo una semana y en los últimos días también ha elevado la presión para que bajen sus tarifas de la luz.

Ribera ha llegado a decir que «sería un gesto muy apreciado». Repsol, Cepsa y BP sí han anunciado descuentos en el repostaje tanto para consumidores profesionales como particulares.

Ajuste a las renovables

El Gobierno también ha actualizado la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023. Las empresas que pertenecen al Recore reciben una retribución especial, que supone una rentabilidad por su inversión del 7,1%. Sin embargo, con los precios actuales del pool esa rentabilidad se ha disparado y con el ajuste se podrán liberar 1.800 millones de euros este año.

Los valores del marco retributivo de las plantas sujetas al Recore se establecen cada tres años, pero a partir de ahora se hará cada año, tal y como viene reclamando el sector. Además, a partir del 1 de enero de 2023, las plantas del Recore podrán vender electricidad al margen del mercado mayorista a través de contratos bilaterales.

Según Ribera, esto facilitará una «mayor liquidez» de electricidad a «a precios baratos, a precios razonables» para consumidores industriales o comercializadores que tengan por destino vender electricidad a los hogares. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que estos casi 2.000 millones servirán para recortar hasta un 55% los cargos, lo que se traduce en seis euros.

Los cargos conforman la parte fija del recibo de la luz junto con los peajes y en el último trimestre del año pasado se eliminaron el 96%, pero, desde el 1 de enero de este año, el ‘descuento’ que se aplica es del 32,8%.

Bono social eléctrico

Asimismo, el Ejecutivo extiende el bono social eléctrico a 600.000 familias, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, y prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la electricidad. En la actualidad, está vigente un IVA reducido a la electricidad del 10% para todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas y siempre que el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 €/MWh.

Asimismo, está suspendido el impuesto a la generación del 7% y está reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%). También se mantiene el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.

Por otra parte, el Gobierno acelerará la tramitación administrativa de los proyectos de renovables mediante una modificación legislativa. Según ha dicho Ribera, se realizará con proyectos con hasta 70 megavatios (MW) de capacidad eólica y 150 MW de solar fotovoltaica.

El Gobierno pretende también obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. En concreto, su idea es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear, hidroeléctrica y algunos parques eólicos— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.

El sector viene denunciando que dicha medida supone «quitar energía a unos para vendérsela a otros». El Ejecutivo también tiene  en cartera para rebajar la factura de la luz el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y  el mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico, aunque no se prevé que entren en vigor hasta la segunda parte el año. 

Propuesta ibérica

España y Portugal presentarán esta semana a Bruselas una medida «excepcional y temporal» para fijar un precio de referencia del gas tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una ‘excepción ibérica’ que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países. Ribera espera que la Comisión Europea dé luz verde al plan «en tres o cuatro semanas».

Según Pedro Sánchez, esta medida «no supone subvencionar el gas» y tampoco rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países. En su opinión, permitirá a ambos países a «rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata» y sin «distorsionar» el mercado eléctrico europeo.

Fuentes del sector señalan que se baraja un tope a los ciclos combinados de alrededor de 50 euros el megavatio hora (MWh), lo que supondría bajar el precio de la electricidad a los 120 €/MWh. Para este miércoles se sitúa en 255,81 €/MWh en el mercado mayorista, según previsiones del operador del mercado (Omie).

«Nuestro objetivo es fijar el precio más bajo posible para el gas. Para determinarlo estamos llevando a cabo un trabajo riguroso y técnico con Portugal y con la Comisión Europea, pero nuestro objetivo es fijar el precio más bajo que sea posible», ha subrayado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Bonificación en el combustible

Por otro lado, el Gobierno extiende la bonificación en el repostaje de carburantes que pactó con los transportistas a todos los consumidores. En concreto, cada usuario recibirá un descuento de 20 céntimos por cada litro en el momento del repostaje desde este mismo viernes:  15 céntimos irán con cargo al presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos lo soportarán las petroleras.

De su lado, como ya publicó este medio, la industria electrointensiva, la gran consumidora de energía, recibirá 500 millones de euros para compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector.

Para más información sobre este asunto, vea este vídeo explicativo del economista Javier Santacruz: