El fondo 'verde' de Teresa Ribera amenaza con trasladar nuevos costes a los clientes finales
El sector advierte de que se ha reactivado en el «peor de los escenarios»
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Alberto Ortega (Europa Press).
Al Gobierno se le complica la tan deseada rebaja de la factura de la luz, o al menos de la forma en la que le gustaría. El precio de la electricidad continúa encareciéndose en el mercado mayorista pese a la aplicación del tope del gas y ahora el fondo para costear las renovables que defiende la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, amenaza con trasladar más costes a los clientes finales.
Para ponerse en contexto, el Ejecutivo sorprendía a finales de 2020 con un rediseño del sistema energético. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobaba la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables.
No obstante, no fue hasta septiembre del año pasado cuando salvó su primera votación en el Congreso de los Diputados, pese a ser considerada una de las medidas estrella de Teresa Ribera y crearse como proyecto de ley con tramitación urgente.
Desde entonces, el fondo se ha mantenido encallado en la Cámara Baja y fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE advierten de que ha resurgido en el «peor de los escenarios». En concreto, pretende asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) -entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año- y sacarlos del recibo eléctrico.
Efecto contrario
Teresa Ribera propuso su puesta en marcha con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
La idea que defiende el Gobierno es que el mecanismo rebajará hasta un 13% la factura de la luz de los consumidores finales transcurridos cinco años desde su puesta en funcionamiento, aunque también puede tener efectos adversos como está ocurriendo con el tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica.
Teresa Ribera pretende que los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo sean los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.
La problemática es si las empresas trasladarán dicho coste a los clientes por otra vía -como es previsible-. Ocurriría así algo similar a lo que está sucediendo con el tope del gas, ya que es la demanda la que tiene que sufragar el coste del ajuste a las centrales de gas, cuyo monto varía en función del volumen de gas que necesite el sistema y de su precio: cuanto más gas se precisa y más caro está, más elevado es el ajuste.
«Sorprende que se rescate ahora. Es el peor momento para retomarlo y añade más leña al fuego», aseguran las fuentes consultadas. Otra de las posibles consecuencias del fondo es que suba el precio de los combustibles para automoción, en niveles ya totalmente inasumibles, por lo que el Ejecutivo ha puesto en marcha una bonificación que ha quedado desfasada por el alza incontrolada que están experimentando.
Según los volúmenes de venta actuales, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, seguido del eléctrico y del gasista. Concretamente, el proyecto de ley detalla que las petroleras asumirán el 43,7% de la financiación de estas primas a las energías renovables para 2025, unos 2.085 millones de euros, mientras que las comercializadores de todos los sectores energéticos deberán aportar el 20%, alrededor de 954 millones.
Compañías como Repsol, Cepsa o BP serán así las que más sufrirán las consecuencias. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
En este contexto, el FNSSE ha provocado discrepancias entre las eléctricas y las petroleras y gasistas. De hecho, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo en su día que serviría para «pagar las fiestas de las eléctricas». Por el contrario, la patronal de estas últimas, Aelec, ha expresado su «firme apoyo» al FNSSE.
«Cada comercializadora podrá repercutirlo como considere»
De su lado, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido que se aclare la configuración de dicho mecanismo. En su opinión, no reducirá la factura energética del consumidor, sino que redistribuirá el gasto. También considera que, desde el momento de su vigencia, «cada comercializadora podrá repercutirlo como considere».
Concretamente, el proyecto de ley detalla que las petroleras asumirán el 43,7% de la financiación de estas primas a las energías renovables para 2025, unos 2.085 millones de euros, mientras que las comercializadores de todos los sectores energéticos deberán aportar el 20%, alrededor de 954 millones.
La gran industria del país también se ha rebelado sobre este fondo ‘verde’. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las patronales de automoción (Anfac y Sernauto), refino (AOP), papel (Aspapel), química y farmacia (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), cemento (Oficemen), siderurgia (Unesid) y materias primas minerales (Primigea), advierte de que «supondría asestar un golpe de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos».
