400.000 ciudadanos eluden pedir el ingreso mínimo vital pese a tener derecho a ello
La burocracia, tiempos de espera, la obligación de hacer la declaración de la renta y ser demandante de empleo, entre las causas de la renuncia a solicitar el IMV
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. | Europa Press
Un informe de AIReF constata que 400.000 hogares de los 700.000 que podrían percibir el ingreso mínimo vital (IMV) eluden solicitarlo pese a tener derecho a ello. Así, el 57% de los 700.000 beneficiarios potenciales de la prestación se abstienen de optar a una ayuda económica que mejore sus exiguos ingresos.
Este fenómeno por el cual un beneficiario potencial declina pedir una prestación, conocido como non take up, se da en otros países de nuestro entorno, explica la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, Cristina Herrero, y suele confluir en esta conducta la percepción de complejidad en el acceso a estas ayudas.
Son varias las razones detrás de esta conducta de potenciales beneficiaros, en el caso español del 57% de ellos. En algunos casos obedece al desánimo ante la burocracia, conocido como la barrera administrativa, o los tiempos de espera. También la percepción de ser estigmatizado por su percepción o la búsqueda de anonimato.
En cualquier caso, los expertos consultados por THE OBJECTIVE también apuntan a que obligaciones como la de declarar por IRPF o la inscripción como demandante de empleo están en el fondo de la elusión de esta solicitud. La economía sumergida sería, pues, a su juicio, una de las distintas razones que ahuyentan la petición oficial de esta ayuda.
En cualquier caso, AIReF estima que la obtención de algún tipo de renta -especialmente del trabajo o de actividades económicas- reduce la probabilidad de solicitar el ingreso mínimo en torno a un 30%.
En Cataluña, Baleares y Galicia este fenómeno es algo más elevado, con un 66%, 61% y 59% de potenciales beneficiarios que aún no han solicitado el IMV, respectivamente. En el margen inferior se encuentran el Principado de Asturias (44%), La Rioja (45%), Andalucía (46%) y Aragón (46%).
Refuerzo del cruce de información
Por ello, la Autoridad Fiscal aboga por reforzar el intercambio y cruce de información entre Administraciones. Y no solo por este motivo, que deja desiertas prestaciones sin destinatario por falta de demanda, sino porque se lograría una mejor operativa entre el IMV y las rentas mínimas autonómicas preexistentes ya destinadas a completar los ingresos de la familias más vulnerables y cercanas a los estándares de pobreza, que AIReF cifra en las rentas inferiores al 40% de los ingresos medianos.
Es más, entre las recomendaciones del órgano fiscalizador es contemplar que la prestación se articule de oficio o como un impuesto negativo: es decir, como una minoración en IRPF, de modo que se extienda a declarantes y no declarantes, lo cual operaría en favor de un mayor cerco a la economía sumergida.
El 91% de quienes declinan perciben rentas del trabajo
Según el director de la División de Evaluación del Gasto Público de AIReF, José María Casado, el 91% de los hogares que, pudiendo hacerlo, no solicitan el IMV poseen rentas del trabajo. En concreto, el 53% reciben prestaciones por desempleo.
Además, subyace también un criterio coste-beneficio. Es decir, el órgano fiscalizador -que este martes ha presentado su Primera Opinón sobre el IMV- ha observado en su estudio que aquellos hogares que se encuentran cerca del umbral de elegibilidad pueden percibir que los costes de solicitud en términos de tiempo, burocracia y similares no son compensados por el beneficio que obtendrían con su percepción.
«Este fenómeno está más presente entre los hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV», concluye AIReF.
El 73% de solicitudes se rechazan
Contrasta la existencia de este colectivo que declina acceder a un derecho subjetivo con el elevado volumen de denegaciones, del 73% y también refuerza uno de los argumentos, el del desánimo ante la burocracia y tiempos de espera. La mayoría de denegaciones se producen porque el hogar del solicitante rebasa los criterios de renta o de patrimonio que fija la medida, o también algunos requisitos censales sobre la composición del hogar que pueden no corresponderse con la realidad material.
En este sentido, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, se han impulsado acciones para analizar y reducir el non take up. Y además AIReF, en esta línea, recomienda reforzar la publicidad institucional de esta medida, con ayuda de los servicios sociales y del tercer sector, en orden a lograr una mayor cobertura.
