El Banco de España se suma a la OCDE y revisará a la baja el crecimiento previsto para 2023

El organismo advierte de que la probabilidad que los mercados financieros otorgan a una recesión global ha aumentado de manera significativa

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avanzado este lunes que la entidad revisará a la baja el crecimiento económico para 2023 y elevará su previsión de inflación media anual hasta 2024 en la próxima actualización de sus proyecciones macroeconómicas que publicará a principios de octubre. Se suma así a las previsiones de la OCDE publicadas este lunes, que sitúan la subida del PIB para 2023 en el 1,5% frente al 2% que augura el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención en la Cátedra de la Fundación La Caixa «Economía y Sociedad», el gobernador ha explicado que los indicadores más recientes tienden a confirmar la pérdida de impulso de la actividad en el tercer trimestre, entre ellos la moderación del dinamismo del empleo.

Las últimas proyecciones del Banco de España publicadas en junio anticipaban un crecimiento del PIB del 4,1% en 2022, del 2,8% en 2023 y del 2% en 2024, así como una inflación del 7,2% en 2022, del 2,6% en 2023 y del 1,8% en 2024.

La combinación de la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones de financiación asociado a la subida de los tipos de interés en muchos países y la persistencia de los cuellos de botella, entre otros aspectos, están afectando negativamente a la economía global y han generado una revisión generalizada a la baja de las proyecciones macroeconómicas, según ha explicado el gobernador.

Todo ello en un contexto en el que no se descarta una nueva recesión, ya que la probabilidad que los mercados financieros otorgan a una recesión global ha aumentado de manera significativa, ha subrayado Hernández de Cos.

El gobernador ha incidido en que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares es muy significativa, mientras que los márgenes empresariales muestran una relativa estabilidad a nivel agregado.

A su juicio, aunque las presiones inflacionistas se han trasladado de forma muy contenida a los salarios negociados y los márgenes empresariales, la presencia de las cláusulas de salvaguarda frente a la inflación y la traslación de los incrementos de costes a precios finales por parte de las empresas han aumentado. Por ello, ha insistido en la necesidad de un pacto de rentas en el marco del diálogo social, que acuerde el reparto de costes entre las empresas y los trabajadores.

El gobernador ha considerado que la evolución futura de la economía sigue estando muy condicionada por el riesgo de que se produzca una realimentación de incrementos de precios y costes, que tendría efectos muy negativos sobre la competitividad exterior y redundaría en pérdidas adicionales de empleo y crecimiento.

Fuente: EFE.