El Gobierno invade competencias autonómicas para justificar el tributo contra las energéticas
En concreto, uno de los puntos del artículo 149.1 de la Constitución, en el que el Ejecutivo trata de ampararse para llevar a cabo el futuro impuesto
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
El impuesto contra las energéticas que prepara de forma minuciosa el Gobierno de coalición sigue su curso. Un tributo que, según se desprende de la proposición de ley que ha presentado el Ejecutivo en el Congreso, fía su amparo al artículo 149.1 de la Constitución, que hace mención a las materias que se encuentran bajo la competencia exclusiva del Estado. Dentro de este, la ley especifica cinco puntos concretos: 1, 11, 13 14 y 25. Sin embargo, es este último -referido a las bases del régimen minero y energético- el que desata la polémica, ya que según la Ley Orgánica 9/1992 las competencias en cuanto al desarrollo legislativo y la ejecución están cedidas a algunas comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León.
De los cinco puntos mencionados, hay tres que sirven para justificar la competencia del Gobierno para imponer el impuesto a las energéticas. En primer lugar, «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». En segundo lugar, «las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica» y, por último, «las bases del régimen minero y energético». No obstante, y sobre este último, aunque el Gobierno posee el marco de la legislación, son las comunidades las que guardan la competencia para legislar en esta materia.
Fuentes jurídicas aseguran que esta invasión competencial se ha podido deber al «afán del Gobierno por querer justificar el impuesto». No obstante, las mismas fuentes apuntan a que el Gobierno fía, sobre todo, en el punto uno (garantizar la igualdad) y en el punto trece (planificar la actividad económica) su justificación para imponer el tributo.
Existe la duda sobre por qué el Gobierno no menciona el propio artículo 133 de la Constitución para justificar el impuesto, que viene a decir que «la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley». No obstante, a lo largo de la proposición de ley, el Ejecutivo ha medido mucho el término de «impuesto» por las reticencias que han mostrado Europa y algunos partidos de la oposición sobre la posibilidad de recaer en una doble imposición a las energéticas. Así, el Gobierno ha definido este nuevo tributo como «una prestación patrimonial de carácter público no tributario y temporal para algunas compañías». Algunos expertos jurídicos creen que el término puede acarrear un problema constitucional por ser un «fraude de etiquetas».
El impuesto contra las energéticas va a generar un gran debate jurídico los próximos meses. De hecho, las grandes eléctricas están preparando sus gabinetes jurídicos para comenzar una batalla legal contra el Gobierno. La mayoría de ellos rechaza la aplicación de dicho tributo. Por otro lado, el Gobierno también se cubre con sus especialistas para que su impuesto no sea tumbado.
Este jueves, durante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se aprobaron todas las enmiendas transaccionales presentadas a la proposición de ley. Unos cambios que benefician a las energéticas. Así, con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas que suministren en el mercado regulado (ya sea con el PVPC en el caso de electricidad como la Tarifa de Último Recurso en el caso del gas) ni a los beneficios que obtengan las grandes energéticas fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no todo son buenas noticias para las eléctricas. Uno de los socios de la coalición, EH Bildu, ha avanzado en las negociaciones con el Gobierno para convertir el futuro impuesto en permanente, y que deje de ser temporal.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró este jueves que la proposición de ley en la que se plantea el nuevo impuesto temporal a energéticas «sale enriquecida», después de que la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobara dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el tributo se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. «Son elementos que no son sustanciales respecto a la configuración del impuesto», sentenció.
