Hacienda aprecia poca austeridad y gastos sin aclarar en RTVE durante la etapa de Tornero
La inspección ha detectado, entre otros, elevados cargos por bebidas alcohólicas y comida para los comensales invitados al ente público
José Manuel Pérez Tornero. | Raúl Terrel (Europa Press)
El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), ha apreciado falta de austeridad en los gastos que realizaron los máximos responsables de la Corporación RTVE durante la gestión de José Manuel Pérez Tornero en 2021, y algunos de ellos sin justificar.
En definitiva, según el informe que ha realizado con carácter de auditoria la Igae: «existe una debilidad de control interno en lo referente a las justificaciones de los gastos realizados por el personal de alta dirección». Esta es una de las conclusiones del informe, de más de 350 páginas, de la Intervención General, que ejerce las funciones de control para las sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Corporación.
Con la auditoría se ha intentado comprobar, entre otras cosas, si durante ese año se planificó la gestión en general y las de las distintas funciones, según criterios de economía, eficiencia y eficacia.
En ese análisis de los gastos, Hacienda examina también los del presidente Pérez Tornero y los de los siete altos directivos que formaban parte de la Corporación en ese momento, la mayor parte destinados a comidas, cenas o desayunos de trabajo.
En concreto, por este concepto, existen 127 gastos por un importe de 13.325 euros, un 71,4 % del total de las liquidaciones de gastos; el segundo de mayor importe son los de taxis (138 gastos por un total de 1.838 euros, un 9,8 % de las liquidaciones) y, en tercer lugar, los de peajes (119 gastos por 1.567 euros, un 8,4 % del total).
Gastos sin justificar
La intervención ha detectado que en la mayoría de los gastos no se indica el motivo por el que se realiza, sino que solo se hace una breve descripción, una información que, según alegó el gestor de la Corporación, se ponía «en conocimiento internamente, debido a razones de confidencialidad».
Sin embargo, Hacienda dice no entender, según sus palabras, que exista «mayor confidencialidad en un restaurante público que en un despacho de la Corporación RTVE o en el comedor de directivos existente en las propias instalaciones de la Corporación RTVE en Prado del Rey».
Además, observa «un incumplimiento de los criterios de buena gestión, en lo referente a las recomendaciones de austeridad implantadas en el sector público». Y ello considera que puede deducirse de varias comidas no justificadas y de las invitaciones que superaban los 50 euros por comensal.
«Se realizan consumiciones de productos de alta calidad y, por lo tanto, de elevado coste por comensal; en algunos casos se observan elevados cargos por bebidas alcohólicas», se apunta en el informe en el que se mantiene también que algunas comidas de consejeros, elegidas como forma de reunión, «se podrían haber realizado en las oficinas o en el comedor de directivos de la Corporación».
Por eso, se recomienda que, en lo relativo a los gastos en concepto de relaciones públicas, se delimite por la normativa interna del ente público el techo de gasto a partir del cual se considera que no es acorde al criterio de austeridad recogido en la normativa interna.
Audiencias muy bajas en RTVE
Al margen de estos gastos, en el informe también se alude a los datos de audiencia durante 2021, cuando La 1 se mantuvo como en 2020 como la tercera cadena generalista, pero con los resultados más bajos de audiencia de los obtenidos en toda la serie histórica.
También se refiere a los programas de producción propia en que intervienen productoras, y observa que «no siempre se alcanzan los objetivos de audiencia que se incluyen en los contratos». «En algunos casos -apostilla- las audiencias están por debajo de lo que cabría esperar en función de sus costes».
Con respecto a la producción interna, la intervención llama la atención que las horas de programas informativos e institucionales se sitúen en el 96 % y no en el 100 % que establece el mandato-marco, el instrumento jurídico que concreta los objetivos generales y las líneas estratégicas de la función de servicio público.
