Las empresas de renovables sortean con 'testaferros' las limitaciones de la ley catalana
Un decreto de Cataluña exige que el promotor ofrezca participar en un mínimo del 20% a inversores locales
Placas solares fotovoltaicas. | Europa Press
Una ley aprobada en Cataluña hace dos años —en concreto, el decreto ley 24/2021— exige que cualquier promotor de una instalación de energía renovable —ya sea solar o eólica— deba ofrecer al menos un 20% del capital social a los inversores de la localidad donde se pretenda construir el proyecto. Un escenario del que las empresas intentan huir. Para ello, han encontrado una vía, que es lenta, pero que les permite controlar todo el proyecto de arriba a abajo: ‘regionalizando’ sociedades. Un plan que consiste en crear sociedades con un único administrador al frente y que, tras dos años (que es cuando se adquiere el estatus de local), se lance ya el proyecto.
Un plan aparentemente sin fisuras, que ya es conocido por los funcionarios de la administración catalana. «Hecha la ley, hecha la trampa», comenta un legislador catalán. «Es muy difícil de perseguir, al final, si cumplen con la letra de la ley quién puede parar eso. A veces en la Administración ni lo buscan. No obstante, es verdad que muchas empresas sí aseguran que están buscando al inversor. Pero otras muchas crean el socio local, que esto último se puede intuir, pero es difícil de probar documentalmente», sentencian.
Este tipo de prácticas las llevan a cabo principalmente grandes empresas. No obstante, algunas compañías han buscado otro tipo de instrumentos paralelos para hacer participar a la comunidad sin que pueda acceder a ese 20% del capital social. Una de estas herramientas consiste en que la empresa promotora y propietaria del proyecto lance préstamos para promover el desarrollo socioeconómico del territorio afectado.
El decreto catalán obliga a que este ofrecimiento al inversor local se haga siempre y cuando el proyecto supere la potencia de los cinco megavatios. Además, este ofrecimiento se ha de realizar entre los habitantes, empresas y administraciones del municipio donde se ubique el proyecto, y después entre los municipios limítrofes y de los pertenecientes a la misma comarca. Esta ley catalana tiene un precedente en la ley pionera que sacó adelante Baleares.
«En Cataluña si tú quieres poner un parque de energías renovables en un municipio tienes que justificar que tienes un inversor local o que, por lo menos, llevas dos años ahí. Ya hay empresas que están dando de alta SPVs (una sociedad de propósito único, que viene a ser como una sociedad limitada) en los municipios donde hay potencial interés. Con el objetivo de estar dos años y decir que ya son locales. De alguna forma lo que hacen es residenciar SPVs, que dependen de la matriz, para luego tener derecho a invertir», comentan fuentes jurídicas.
La aceleración de la energía renovable es uno de los principales objetivos en Cataluña, que sigue dependiendo de otras energías que no son consideradas en España como ‘verdes’. De esta forma, la producción bruta de energía en esta comunidad durante el último año confirma la debilidad actual de la energía solar y eólica en su mix energético. Así, el 57,7% es a través de la energía nuclear, el 12% por medio del ciclo combinado, el 10,5% se genera a través de la cogeneración, el 8,6% por la energía hidroeléctrica y, por último, apenas el 6,4% y el 1,4% por medio de energía eólica y solar respectivamente.
Comunidades energéticas
El principal competidor de estos ‘testaferros energéticos’ son las comunidades energéticas. Pero su puesta en marcha no está siendo lo rápida que se esperaba. Estas son entidades jurídicas «basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables». Estos socios deben ser «personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras«.
Hasta ahora el Plan de Recuperación ha permitido dar cierto impulso a las comunidades energéticas. Primero, con una línea de apoyo específica dotada con 100 millones de euros. Hasta ahora las dos primeras convocatorias han estado dotadas con 40 millones de euros, que han beneficiado a 73 comunidades integradas por más de 95.000 socios. La potencia instalada en España ya supera hoy los cinco gigavatios.
