Foment lanza su filial en Madrid con un guiño a Ayuso en plena campaña del 28-M
Sánchez Llibre convoca el próximo miércoles a las grandes empresas para debatir la confiscatoriedad fiscal existente en España
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. | Europa Press
Josep Sánchez Llibre, el presidente electo de la patronal catalana Foment del Treball, no da puntada sin hilo. Después de cerrar un acuerdo de no agresión con Antonio Garamendi en la cúpula ejecutiva de CEOE, el máximo exponente institucional del movimiento empresarial de Cataluña ha decidido abrir su filial en Madrid. La operación ‘puente aéreo’ de Foment despegará el próximo miércoles con la presentación de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) en un acto apadrinado por la Fundación la Caixa que preside Isidro Fainé como entidad patrocinadora junto con Agbar y PwC.
El encuentro, que se celebrará en la propia sede de CaixaForum en Madrid, ha sido organizado como un evento de máximo interés para las llamadas empresas emblemática de la ‘marca España’, que han sido convenientemente invitadas como testigos de excepción a un debate preparado igualmente a conciencia. No en vano, el motivo de fondo de la convocatoria consiste en un debate abierto con el singular y no menos elocuente título de «El mandato constitucional de no confiscatoriedad tributaria».
Bajo el formato de un diálogo moderado por Manuel Silva, socio consultor del bufete Roca & Junyent, el presidente de Foment y la exdiputada por CiU, Montserrat Surroca, darán paso a una mesa redonda con la participación del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Gabriel Casado Ollero; el letrado del Tribunal Constitucional, Juan Ignacio Moreno, y el magistrado del Tribunal Supremo, Dimitry Berberroff. Tres ponentes expertos para poner de manifiesto la orfandad del llamado ‘principio de no confiscatoriedad’ existente en España que socava la virtualidad del artículo 31.1 de la Carta Magna en virtud del cual todos los ciudadanos han de contribuir al sostenimiento de los gastos público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo que «en ningún caso tendrá alcance confiscatorio».
La voracidad fiscal manifestada en los últimos acuerdos adoptados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de impuestos especiales contra la banca y las empresas energéticas ronda claramente entre las preocupaciones de los dirigentes patronales y corporativos del país y Foment ha decidido poner el dedo en la llaga como tarjeta de visita de su inminente implantación en Madrid. No es tampoco baladí el momento elegido para dar a conocer la llegada a la capital de la nueva sociedad barcelonesa subsidiaria de Foment justo en el inicio de la campaña oficial de las próximas elecciones autonómicas y locales que se celebrarán el 28 de mayo.
La piedra angular del pulso que mantienen los dos grandes bloques parlamentarios en materia económica no es otro que la política fiscal y a nadie escapa que la gran baza electoral del Gobierno regional de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso se fundamenta en contraponer una mayor flexibilidad tributaria frente a la subida de impuestos acometida por Pedro Sánchez. Al menos en el plano empresarial las cartas están marcadas desde hace tiempo y Foment no ha querido escurrir el bulto a la hora de visibilizar claramente su posicionamiento en un asunto de máxima relevancia para el desarrollo de la actividad económica.
Mentar la bicha de la confiscatoriedad fiscal en un momento crítico como el actual y hacerlo en presencia de los propios afectados que han de pagar sus consecuencias constituye toda una declaración de intenciones de Foment como organización empresarial que no está dispuesta a limitar su perímetro de operaciones a Cataluña. Al contrario, Sánchez Llibre ha hecho un claro guiño a la estrategia económica de Madrid como imán de atracción de la inversión procedente de todos los rincones de España. Una apuesta inequívoca a favor del caballo ganador por parte de un dirigente empresarial que conoce como nadie los resortes por los que se mueve la alta política nacional.
