Los laudos de las renovables suman un 1% del total que se ha ahorrado España desde 2013

Los laudos a las renovables han sido uno de los grandes temas de actualidad en los últimos meses. Decenas de empresas han denunciado a España ante las cortes de arbitraje internacional por evitar pagarles una serie de primas que les prometieron en su día. La razón no es otra que una ley que tumbó el Gobierno de Rajoy en el año 2013, que ponía un cerrojo a un sistema de incentivos sin parangón a las energías verdes en nuestro territorio y que fue llevado a cabo de forma minuciosa por el Gobierno de Zapatero. De esta forma, y para evitar poner en riesgo el sistema eléctrico español, se decidió concluir a ese modelo de primas.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que «se han presentado 52 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos en el Ciadi del Banco Mundial, que en total pedían reclamaciones por unos 10.000 millones de euros. En la actualidad, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 29 laudos, seis se han ganado, dos se han anulado, otros 19 están pendientes y tres demandantes han desistido. En parte, gracias a un decreto creado en 2019 que mejoró las condiciones de los fondos».

Las mismas fuentes aseguran que «los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 15% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas».

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, a través de diversas fuentes, España se ha ahorrado un total de 142.530 millones de euros. Un dato que se puede comprobar en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del real decreto 413/2014. Lo que representa apenas un 1%, si atendemos a ese 10% mencionado por el Ministerio (1.500 millones de euros), del total de laudos por pagar. Por otro lado, durante el mandato de Ribera se han superado en más de 20 millones los pagos a despachos jurídicos para combatir las demandas de los fondos internacionales.

Hasta el año 2013, España se gastó 56.294 millones de euros. Si no se hubiese intervenido esta cantidad, podría haber alcanzado los 198.824 millones de euros. Según otras fuentes, el decreto del año 2013 evitó que la deuda del sistema eléctrico no llegase a los 20.000 millones.

Uno de los cambios más significativos con el decreto nuevo fue el paso de unas ayudas que dejaron de tener el sobrenombre de régimen especial a denominarse de régimen retributivo. Para este año, la CNMC estima que estas primas sean de unos 5.000 millones. Si lo comparamos con el año 2013, cuando todavía no se había aplicado el decreto y que aún se llamaban de régimen especial, estas se situaban en unos 8.500 millones, por lo que el ahorro en un año como este supera los 3.000 millones.

Desde el Ejecutivo se defienden: «Los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración. España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales».

La situación en Australia y Reino Unido

De momento, hay dos países que amenazan con embargar bienes a España: Reino Unido y Australia. Desde el Ministerio de Teresa Ribera aseguran que en Australia «cualquier embargo requeriría el inicio de un nuevo procedimiento judicial, mientras que, en Reino Unido, España tiene que realizar aún sus alegaciones y no hay todavía una resolución definitiva sobre embargo de bienes». 

«En Reino Unido se ha reconocido el laudo y por ello se ha declarado ejecutable, pero eso no implica que se haya perdido la inmunidad de ejecución de que disfrutan los bienes de titularidad del Reino de España ni que puedan embargarse bienes por el mero hecho de pertenecer a entidades españolas vinculadas o participadas por el Estado español», sentencian.