Colapso en la Seguridad Social: la cita previa de pensiones ya tarda dos meses y el trámite seis
La demora del Estado en la gestión de estas prestaciones propicia un mercado negro de citas previas
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. | Europa Press
La Seguridad Social que preside el ministro en funciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a colapsar. Al menos, el servicio que tramita la solicitud de cita previa y gestión de las pensiones públicas, después de una leve mejora en el mes de agosto. Así lo denuncian los gestores administrativos, quienes señalan la incapacidad del sistema para ofrecer un correcto servicio al usuario.
Se trata de un problema que se arrastra desde 2020, momento en el que la administración desaparece y la atención presencial se esfuma y, en su lugar, toma las riendas de la prestación la digitalización del sistema. Es entonces cuando los demandantes, y también las personas que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital, se ven imposibilitados para conseguir cita, a través de un teléfono que nunca contesta, o de una web que sobrepasa ampliamente la capacidad del Ministerio para mantener al día la gestión, tal y como reconoce la propia entidad.
Así, en este mes de septiembre, y en el caso de los demandantes de regiones con mayor volumen de habitantes, como la madrileña, se encuentran con tiempos de espera de entre un mes y medio y dos meses, mínimo, a lo que después hay que añadir entre cinco y seis meses desde el primer momento que el demandante intentó contactar con la Seguridad Social, hasta el tiempo en el que empieza a percibir el dinero. Un interim que no recoge la estadística oficial, porque ésta solo cuenta justo cuando se establece la cita, pero no el tiempo de espera hasta conseguirla.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social mantiene, al respecto, que la merma de funcionarios en ese negociado justifica en parte estos retrasos, que llevan a que más de un solicitante acuda a servicios periféricos de otras regiones, o que, en el peor de los casos, y ante la impotencia de lograr una cita previa, eche mano de quienes, por cuenta ajena, y de manera ilegal, facilitan este tipo de citas a cambio de una determinada cantidad de dinero.
Demora de las pensiones y mercado negro
Sucede -explica a THE OBJECTIVE Fernando Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid- que te encuentras «con personas que, desesperadas, se buscan salidas como esa, y al final acaban pagando hasta 120 euros por conseguir una cita, que a lo mejor es lo que acabarían pagando a un gestor, incluso menos, pero con una diferencia; y es que el gestor le haría la gestión completa y no solo le conseguiría la cita previa».
«Las mafias que proporcionan este servicio -detalla Santiago Ollero- se sirven de programas informáticos que usan para captar un montón de citas, algo que se puede hacer desde cualquier sitio, ¡pero ojo, es ilegal...! Y es que no hay que olvidar que este sistema es un delito, trabajan en negro y, claro, el lucro que obtienen no se revierte en la mejora de los servicios públicos», puntualiza a THE OBJECTIVE.
Ya en el mes de agosto, un nuevo informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), correspondiente al mes de julio del presente año, arrojaba un mal dato para el citado Ministerio. Y es que ninguno de los trámites analizados ha demostrado que fuera posible obtener una cita previa, en lo relativo a las prestaciones de maternidad/paternidad, o en la Sede Electrónica de Seguridad Social y Pensiones, afectando directamente a las pensiones de orfandad, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, pensiones por viudedad, jubilación y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Situación que deja un roto en el bolsillo y en los ahorros de personas que «tienen la mala costumbre de tener que pagar la luz y que necesitan sobrevivir», recalca el presidente de Icogam, razón por la que insta al Estado a tomar medidas definitivas y no soluciones temporales para que el sistema sea sostenible y no lo sufra el ciudadano, máxime cuando España cuenta con un número récord de funcionarios, aunque al parecer hay más dedicados a la gestión interna que a la ventanilla, en un momento y con un grupo de personas que no todas tienen un ordenador ni saben de informática», analiza.
El incremento de la tasa de dependencia
Este miércoles, el Instituto Santalucía publicaba un informe referido a la jubilación flexible y compatible, dejando un dato demoledor. Y es que, más allá de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la demora en la gestión de las mismas, la tasa de dependencia de España -índice que muestra la proporción entre la población activa y dependiente- en 2050 será del 57%, con respecto al 33% actual. Por esta razón, el Instituto Santalucía advierte que las pensiones del futuro requieren alargar la etapa laboral de forma flexible.
Según señala este documento, publicado este miércoles, y en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, los españoles necesitamos «adaptar tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones para optimizar el potencial del talento sénior en España».
