Los economistas rebajan su previsión de PIB al 1,5% para 2024 y mantienen al 2,3% la de 2023
Su estimación para este año de la ratio de la deuda pública sobre el PIB se rebaja hasta el 109,5%
Pedro Sánchez y Nadia Calviño. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Consejo General de Economistas (CGE) ha dejado sin cambios su previsión de crecimiento de la economía española para 2023 en el 2,3%, pero ha rebajado la de 2024 hasta el 1,5%, según ha informado este martes en un comunicado.
En lo que respecta a la inflación, los economistas subrayan que «parece» que ésta se está controlando en España, pero advierten de que los conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, y el más reciente entre Israel y Palestina, «pueden incidir aún más en el precio de los combustibles y de la energía, haciendo que éste se incremente».
A pesar de ello, el Consejo General de Economistas mantiene su previsión de alcanzar un IPC medio este año del 3,5%, según recoge Europa Press.
En cuanto al mercado laboral, los economistas sostienen que, a pesar de la «ligera desaceleración» de la economía en los últimos meses, el empleo está mostrando «cierta resistencia», por lo que mantienen su previsión de una tasa de paro del 11,8% a cierre del presente ejercicio.
Rebajan su estimación de deuda
En cuanto a la deuda de las Administraciones Públicas, el Consejo General de Economistas espera una moderación de su crecimiento en el cuarto trimestre, por lo que ha rebajado su estimación de deuda sobre el PIB hasta el 109,5% en 2023.
En lo que concierne al déficit público, los economistas mantienen su previsión de que finalice el año en torno al 3,8% ó 4% sobre el PIB.
«Preocupa el efecto que el aumento de los gastos financieros derivados del incremento de la deuda pública en términos absolutos y de los tipos de interés pueda tener en las cuentas públicas. En este sentido, no se espera que el Banco Central Europeo rebaje los tipos a corto plazo», subrayan.
Al mismo tiempo, advierten de que el reparto de los fondos europeos «se está dilatando» por el retaso en la aprobación y ejecución de los proyectos, lo que incluso «puede poner en peligro la concesión de las ayudas». «Esto tendría un efecto negativo en el crecimiento de la economía y en las cuentas publicas», concluyen.
