Fracasa el plan de choque del Gobierno para la dependencia: la lista de espera sube un 5%
22.311 personas han fallecido esperando ser atendidas entre diciembre de 2022 y mayo de 2023
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra. | Europa Press
El plan de choque del Gobierno para dependientes no funciona. Desde su aprobación en febrero de 2021, con el objetivo de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año, no solo no ha conseguido alcanzar este dato sino que, de diciembre de 2022 a mayo de 2023, la lista de espera ha aumentado en 17.966 personas más. De esta forma, 350.028 personas se encuentran a la espera de algún procedimiento.
Así se desprende del último informe presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que señala que «estos datos ponen de manifiesto que cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año». «La burocracia y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo», agregan.
Además, el limbo de la dependencia, es decir, personas que tienen concedida una ayuda pero se encuentran a la espera de recibirla, ha aumentado en 13.272 usuarios, hasta alcanzar los 190.695. Son personas con resolución del Programa de Atención Individual o PIA pero que aún no han recibido ningún tipo de prestación. El PIA es el último paso burocrático antes de recibir cualquier ayuda a la dependencia. En él, tras evaluar el grado de dependencia del beneficiario y sus circunstancias sociales y económicas, determinan qué prestación es la más adecuada. Por lo que una vez resuelto, no hay motivo de demora en recibir la ayuda, aclaran las fuentes consultadas.
Cataluña, la CCAA con más personas fallecidas en lista de espera
Por comunidades, Cataluña es la región que más personas acumula en este limbo (70.430), seguida de Andalucía (40.590), Comunidad Valenciana (17.383) y País Vasco (14.522). Por el contrario, las regiones con menor limbo de la dependencia son Castilla y León (168), Aragón (358), Ceuta y Melilla (380) y Navarra (698). Sin embargo, hay un dato todavía peor: 123 fallecen cada día en esa lista de espera interminable, una cada 12 minutos. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, 22.311 personas fallecieron esperando ser atendidas, 11.900 con derecho reconocido pendientes de prestación y 10.411 pendientes de resolución de grado.
De nuevo, si analizamos los datos por comunidades, la comunidad que preside Pere Aragonès vuelve a liderar el ranking con 4.664 fallecidos en el limbo de la dependencia del 1/12/2022 al 31/05/2023. Le sigue Andalucía (2.107) y País Vasco (1.085). «Son necesarias medidas urgentes para evitar el abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», hacen hincapié desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
La mayoría de CCAA no cumple la ley
El informe también refleja que 67.514 personas se beneficiaron de alguna ayuda a la dependencia desde comienzos de año. Sin embargo, el Observatorio Estatal para la Dependencia señala que 324 días es el tiempo medio de espera para recibir una prestación o servicio de la dependencia incumpliendo con los tiempos establecidos por ley.
La ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en su disposición final primera que «el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones».
Esta es una quimera en la mayoría de las comunidades autónomas. Y es que, como ya contamos en THE OBJECTIVE, en 15 de las 17 regiones, más la ciudad autónoma de Melilla, incumplen sistemáticamente con la ley al tardar más de seis meses en resolver una resolución de prestación. Solo cumplieron Castilla y León (125), País Vasco (133) y Ceuta (51). En el resto de las regiones –aunque con diferencias considerables–, los valores superan el año de espera. Llama la atención los más de mil días, esto es, más de tres años, que los canarios tienen que esperar para recibir una de estas prestaciones.
Las regiones recortan en ayudas a la dependencia
Un estudio realizado también por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a principios de octubre refleja como la aportación para dependencia de las CC.AA se redujo en 98 millones de euros el pasado año, aportando estas un total de 7.573 millones de euros, de los 10.234 totales.
De esta forma, fueron nueve las comunidades que redujeron su presupuesto en 2022: Cataluña (57,3 millones menos), Cantabria (-8,7 millones), Asturias (-10,8 millones), C. Valenciana (-40,6 millones), Andalucía (-51,6 millones), Extremadura (-11 millones), Madrid (-15 millones), Castilla y León (-7,4 millones) y Murcia (-1 millón).
«Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que en 2021 ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia», recoge el informe, que destaca positivamente a Baleares (+17%) y Navarra (+8,8%) como las regiones que más incremento realizaron.
