Hacienda convoca este lunes a las autonomías obligada por las prisas para tener presupuestos
La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a informar de los objetivos de déficit y deuda para aprobar las Cuentas
Imagen del último Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada el 27 de junio de 2022. | Europa Press
Finalmente, y después de más de año y medio, al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera este lunes. En este encuentro se darán cita los representantes de Hacienda de todas las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, y muy molestas con la titular del ministerio, María Jesús Montero, y con el Ejecutivo, por evitar un encuentro de este nivel. Por eso —y según adelantan fuentes autonómicas consultadas por THE OBJECTIVE—, el tema de la amnistía, el reparto de los fondos y de las inversiones, la condonación de la deuda de Cataluña y las transferencias de competencias, entre otros asuntos, estarán en la mesa, al menos en el punto siete del orden del día, en ruegos y preguntas.
El Gobierno tiene prisa por tener unos nuevos presupuestos que le garanticen el poder ejecutivo durante cuatro años más, máxime cuando el 12 de diciembre se podrá debatir con carácter de urgencia la Ley de Amnistía, con el consiguiente desgaste político. De ahí que la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cargo que ostenta Inés Olóndriz de Moragas, haya remitido el pasado martes 5 de diciembre, por la tarde-noche, la convocatoria de Sesión Plenaria del mismo, para este próximo 11 de diciembre a las 12.30 de la mañana en el edificio del Ministerio de Hacienda, situado en la madrileña calle de Alberto Alcocer.
Y es que la aprobación de las Cuentas Públicas, requiere de antemano —según determina la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 2/2012, en su artírculo 15— el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y, de la Comisión Nacional de Administración Local, en el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria —con reparto de déficit de todas las administraciones públicas— y, el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, ya que son preceptivos para poder aprobar la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Informes que, a su vez, habrán de incorporarse en el acuerdo del Consejo de Ministros, donde también se incluye el límite de gasto no financiero o, techo de gasto del Presupuesto del Estado.
Tras ello, corresponde al Ministerio de Economía elaborar un informe, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Ese documento contendrá el cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, el PIB, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española, prevista en el artículo 12 de esta Ley y, el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores.
El veto del PP a los presupuestos
Pero, además de las quejas que el Ministerio de Hacienda se encontrará el lunes por parte de las Comunidades Autónomas hastiadas de no tener el foro en el que exponer sus dudas y sus demandas, el Gobierno tampoco lo tendrá fácil para aprobar la primera fase de las cuentas públicas, a no ser que antes agilice los trámites en el Congreso de los Diputados, y con una mayoría absoluta necesaria, modifique la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria. Porque, de no hacerlo, el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, puede ejercer su potestad de devolver estos objetivos al Congreso, de manera que el Gobierno tendría un mes para revisar el acuerdo y presentarlo de nuevo a las cámaras.
Y esto es lo que planea en los círculos políticos, donde se sospecha que el Ejecutivo podría estar tramitando una reforma del actual Sistema de Financiación Autonómico por la puerta de atrás, con comunidades como la catalana —de cuyos partidos nacionalistas e independentistas, dependen para tener unos nuevos presupuestos—.
Cabe recordar que la actual normativa determina que, para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria, se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en el artículo 12 de esta Ley y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediato anterior. Además, la fijación del objetivo de deuda pública será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido y, si en los supuestos previstos en el artículo 13.3 se superan los límites señalados en el artículo 13.1 de esta Ley, el objetivo deberá garantizar una senda de reducción de deuda pública acorde con la normativa europea.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria también contempla que, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se habrán de tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea. Por cierto, un programa del que recientemente Bruselas nos ha pedido una revisión de los cálculos, dado que el documento enviado a la Comisión se ha quedado en papel mojado, tras los compromisos de Pedro Sánchez con las fuerzas que le han apoyado en la investidura, especialmente con los independentistas catalanes, cuya letra pequeña en términos presupuestarios se desconoce.
