El derecho a ser periodista
¿Deberían garantizar las autoridades que cualquier persona viva decentemente de la profesión que ha elegido?
En vísperas de las elecciones de abril de 2019, Pablo Iglesias proclamó: «Es una vergüenza que algunos [candidatos] estén enarbolando la Constitución cuando el artículo 35 que protege el derecho al trabajo y a trabajar en condiciones dignas no se cumple. O el 47, que habla del derecho a la vivienda».
Aunque la doctrina jurídica establece una distinción entre los derechos civiles y políticos, cuyo ejercicio es automático y exigible, y los derechos sociales y económicos, que requieren una actuación previa por parte del Estado y no pueden reclamarse ante los tribunales, buena parte de la izquierda los considera indivisibles y argumenta que difícilmente seremos todos ciudadanos iguales y libres si las posibilidades de acceso a la educación o a la sanidad o a las oportunidades laborales son diferentes para unos y otros.
El asunto ha saltado a las redes a raíz de la intervención en La Sexta Xplica de una joven de 26 años, Ainhoa Pérez, que reivindicó su derecho a ejercer el periodismo y cobrar un salario digno por ello.
¿Tienen razón Pablo Iglesias y Ainhoa Pérez? ¿Deberían intervenir las autoridades para garantizar que cualquier persona viva decentemente de la profesión que ha elegido? ¿Es eso viable?
El profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de EL LIBERAL / THE OBJECTIVE, Miguel Ors Villarejo, debaten sobre todo ello en esta nueva entrega de El gris importa.
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