El PP quiere dar más poder a los vecinos para denunciar a okupas y tapiar pisos en riesgo
Propone modificar la ley para que el presidente pueda denunciar a los okupas con conductas ilícitas sin pasar por junta
Manifestación. | Archivo
El PP quiere dar más poder a las comunidades de propietarios para luchar contra el fenómeno de la okupación. Por un lado, a través de una reforma en la ley de propiedad horizontal que otorgue un mayor peso al presidente de las comunidades de vecinos para denunciar directamente a los ocupantes ilegales de una vivienda que estén realizando conductas ilícitas o molestas para el resto de vecinos. Y es que la ocupación ilegal de viviendas «no solo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes», según el partido.
Hasta ahora, los ocupantes que realizan conductas que dañan a la finca -todo tipo de actividades insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas- «pueden ser apercibidos por el presidente de la comunidad de propietarios que puede requerirles para que dejen de hacer esas acciones indicando que sino emprenderán acciones judiciales», explica la Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín a THE OBJECTIVE. El presidente, para poder hacer todas esas acciones -tanto de alerta al okupa como la posterior denuncia-, tiene que convocar a la junta de propietarios y recabar una votación positiva.
En este sentido, el cambio que quiere introducir el PP es dotar de un mayor poder al presidente de la comunidad para que pueda denunciar directamente un caso de okupación con conductas ilícitas o molestas sin pasar por la junta. «Lo que proponemos es que cuando sean ocupantes ilegales, sin título, el presidente pueda acudir a la autoridad pública a poner la denuncia correspondiente sin necesidad de apercibir al ocupante sobre esta denuncia», añade Martín. Luego, recuerda la vicesecretaria popular, será el juez el que determine el lanzamiento de manera inmediata y la exigencia de una indemnización por daños y perjuicios.
Tapiar puertas y ventanas
Por otro lado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también quiere que cuando en un edificio exista alguna vivienda o local vacío que tenga riesgo de okupación, el presidente, por iniciativa propia o porque se lo pida cualquier vecino, pueda poner en conocimiento del propietario la posibilidad de tomar medidas como tapiar cerrar puertas o ventanas. Ambos son puntos recogidos en la ley antiokupación aprobada por el Senado en febrero gracias a la mayoría del PP y que está bloqueada en el Congreso, tal y como hemos contado en este diario.
Unas medidas que valoran desde la Plataforma de los Afectados por la Okupación. Su portavor, Ricardo Bravo, considera que «es un arma jurídica estupenda ante la inacción de los grandes tenedores o fondos de inversión sobre sus viviendas okupadas». En declaraciones a este diario asegura que estas iniciativas abrirían una nueva vía para poder iniciar procedimientos judiciales para la expulsión de los okupas lo más rápido posible. Desde el PP también demandan la imposibilidad de empadronarse en la vivienda que se ocupa, un incremento de las penas para quienes ocupan y quienes promuevan la actividad con recomendaciones o instrucciones; y una atención prioritaria a las víctimas de la ocupación poniendo medios a su alcance.
16 medidas
Unas medidas incluidas en el ‘Plan más vivienda’ presentado esta semana por el PP tras reunirse con los principales actores del sector inmobiliario y con la Plataforma de los Afectados por la Okupación. El plan contempla hasta 16 medidas concretas para intentar aportar «soluciones» a la crisis de acceso a la vivienda y también el aumento del fenómeno de la okupación.
Entre otras medidas, desde el Partido Popular quieren incrementar la oferta de alquiler a través de incentivos fiscales. En este sentido abogan por una deducción del 100% en el IRPF de las ganancias por alquiler para los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en deshuso al menos dos años. Estos contratos deberán estar destinados a jóvenes menores de 35 años y tener una duración de al menos tres años.
Por otro lado, también prevén una bonificación del 100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de vivienda. Además, también apuestan por potenciar los seguros de impago para quienes ponen su vivienda en alquiler para atenuar la incertidumbre ante posibles impagos de rentas.
