El Club de Exportadores critica a Bustinduy por «implicar a las empresas en la crisis de Gaza»
Afirma que el ministro «carece de competencias» en esta materia e «invade» áreas de Exteriores y Economía
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores | Club de Exportadores.
El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha mostrado este viernes su rechazo hacia lo que considera un intento del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda de 2030, Pablo Bustinduy, de «implicar a las empresas españolas en la crisis de Gaza». La entidad que preside Antonio Bonet ha valorado en un comunicado la carta que ha enviado Bustinduy a empresas españolas en Israel en la que les pide medidas para evitar que sus actividades «contribuyan al genocidio en Palestina».
El Club de Exportadores afirma que el departamento de Bustinduy «carece de competencias» en esta materia «y evidentemente invade las áreas correspondientes a las carteras de Asuntos Exteriores y Economía, que no han secundado el contenido de la misiva», según recoge Servimedia.
El comunicado subraya que tanto las empresas españolas que comercian con Israel como aquellas otras que operan en ese país «se ajustan a la legalidad internacional y lo hacen en la convicción de que el Estado de Israel es una democracia con la que España mantiene relaciones diplomáticas de acuerdo con la legalidad internacional, y vínculos históricos seculares».
El club recuerda que Israel es asimismo uno de los pocos países de la región con los que España mantiene un saldo comercial positivo, si bien en los meses transcurridos desde los atentados terroristas del 7 de octubre, «y a raíz de la posición adoptada por el Gobierno español, las exportaciones españolas a Israel se han reducido un 33% y ha prácticamente desaparecido el superávit en nuestra balanza comercial bilateral».
El lobby empresarial rechaza «firmemente» «el intento del ministro de hacer recaer sobre las empresas españolas que exportan o invierten en Israel la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea, y que pudieran ser consideradas ilegales, o incluso delictivas, por el Estado de Israel».
«La única obligación de las empresas exportadoras e inversoras españolas debe ser en este caso, como en el resto de sus operaciones internacionales, el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto», concluye el comunicado.
