El SMI que levanta pasiones en el Ibex y ampollas al Gobierno 

En un movimiento que algunos suspicaces consideran para la galería y otros más partidarios entienden como un ejemplo digno de encomio, Francisco Reynés ha manifestado su expresa renuncia al bonus especial que habría de corresponderle por el subidón que ha registrado Naturgy en bolsa gracias a esa OPA conjunta que está a punto de formalizar Criteria con sus futuros socios de Abu Dabi. El presidente de la compañía energética traslada al mercado su estricta neutralidad ante el proceso abierto de reordenación societaria para que sirva también de carta credencial en su renovación como primer ejecutivo plenipotenciario al frente de una de las pocas marcas del Ibex que aún no ha resuelto la separación de poderes dentro de su cúpula ejecutiva. El corolario realmente loable de tan simbólico gesto debería cristalizar más pronto que tarde en la elección de un consejero delegado como preceptiva garantía del llamado buen gobierno corporativo.

Hace poco menos de un año Reynés estuvo a punto de persuadir a su amigo Ignacio Gutiérrez-Orrantia para que abandonase su privilegiado puesto al frente del gigante Citi en España y se incorporase como CEO de Naturgy. El fichaje se frustró cuando el candidato descubrió que la oferta tenía ‘gato encerrado’ por cuanto que reducía en la práctica sus funciones profesionales a lo que algunos de sus íntimos calificaban como un mero ‘mayordomo distinguido’ a las órdenes de un presidente que, ni por asomo, iba a renunciar a su jerarquía de mando y control en la empresa. Gutiérrez-Orrantia consultó al oráculo de Isidro Fainé en busca de algún consuelo convincente que asegurase un plan de carrera al menos a futuro, pero se dio cuenta rápidamente que, ni por esas, debía meterse en una zarza con gigantescas espinas y de fruto muy poco maduro.

La contratación de un consejero delegado no responde por lo general a una decisión voluntaria de los grandes popes del Ibex, generalmente ofuscados en blindar su monopolio de poder. Ha sido la presión de los inversores internacionales la que ha provocado un movimiento de tierras en las empresas españolas, siguiendo los modelos de gobernanza más liberales que consagran la división de funciones entre el llamado chairman o presidente no ejecutivo y el Chief Executive Officer (CEO), que es quien lleva realmente las riendas de la compañía. En Naturgy la búsqueda de un ‘amable’ número dos se debió a la insistencia del fondo australiano IFM que, tras ver frustrado su deseo, ha tratado de lanzar una enmienda a la totalidad contra el número uno, atacando ese otro flanco débil que ofrecen las sociedades cotizadas cada vez que tienen que presentar en juntas generales sus singulares políticas de remuneraciones fijas, variables y súper-pensionistas.

Apoyo del Gobierno a la OPA de Naturgy

La batalla interna sobre las retribuciones de Naturgy fue el detonante que provocó la renovación de la cúpula de Criteria con la destitución fulminante de Marcelino Armenter y el nombramiento de Ángel Simón como primer ejecutivo del holding industrial de La Caixa, a las órdenes, claro está, de Isidro Fainé. La discusión con IFM ha motivado además la urgencia de renovar la estructura accionarial de la filial energética en busca de una estabilidad a medio plazo que, con el beneplácito ya obtenido del Gobierno, se supone que aportarán los nuevos socios estatales de Abu Dabi. Nunca hasta ahora se había concitado tanto revuelo en torno a los mecanismos salariales que gozan los grandes bancos y compañía bursátiles, quizá porque el paréntesis de la pandemia reprimió los instintos materialistas y ha sido ahora, con la pretendida recuperación económica, cuando se han desatado las pasiones y los afanes de emulación de lo que medios gubernamentales denominan sarcásticamente como la ‘carrera por el Forbes’.

La crecida salarial en las plantas nobles del Ibex ha alertado a los proxy advisors americanos que esta temporada están poniendo en solfa la aquiescencia con que los consejos de administración otorgan su apoyo unánime a las remuneraciones de sus cúpulas directivas. Grandes bancos y algunas de las principales empresas del índice selectivo han sido amonestadas por unas entidades cuya principal misión consiste en aconsejar a los inversores institucionales y a los ahorradores particulares para que dirijan en un sentido u otro su voto cuando llega la época de juntas. Los nombres de ISS (Institutional Shareholder Services) y Glass Lewis han ido ganando protagonismo en el proceloso mundo de las altas finanzas aunque su independencia está también cuestionada dada la diversificación paulatina de sus actividades en materia de los asesoramientos varios y diversos que contratan a los propios emisores bursátiles.

Por supuesto que nadie se atreverá a rasgarse del todo las vestiduras contra esos salarios de miedo que hacen las delicias de la alta dirección en las empresas bursátiles, pero los pellizcos de monja infligidos ante la masa social de accionistas han permitido, cuando menos, sensibilizar a los mercados y forzar un posicionamiento crítico por parte de las autoridades supranacionales. Es significativo el reciente informe de los supervisores bancarios de la EBA señalando el incremento del número de banqueros en España, hasta un total de 235, que perciben más de un millón de euros al año. De todos ellos 210 son hombres y 25 mujeres, si bien es una de ellas, Ana Botín, quien se lleva la palma con una remuneración por todos los conceptos de 13,2 millones, lo que convierte a la presidenta del Banco Santander en líder de su sector en Europa. 

La banquera española por excelencia no puede decir lo mismo en el campeonato doméstico del Ibex, donde es superada por Ignacio Sánchez Galán, que ingresó el año pasado 13,8 millones de euros, de los que la mitad proceden del pago en acciones. El presidente de Iberdrola ha cuidado con exquisito mimo la puesta en escena de la junta general que su empresa celebrará el próximo viernes y en la que tiene que someterse a escrutinio la política de remuneraciones hasta 2027. Galán quiere cerrar filas con los proxys para obtener un respaldo sin fisuras de sus accionistas y ha propuesto como medida estelar que los consejeros de la eléctrica se comprometan directamente con el valor de la empresa. A tal efecto deberán destinar a la compra de acciones un 20% del sueldo que perciban el primer año de mandato, estando obligados a mantener dichos títulos durante los cuatro ejercicios de permanencia en el cargo. 

El ‘paywashing’ y el ejemplo del Reino Unido

Galán podrá evitarse así un soponcio como el padecido precisamente por el Banco Santander, donde una cuarta parte de la masa social rechazó en marzo la propuesta de remuneraciones. En un sentido más amplio incluso que su colega de Iberdrola, el presidente de Telefónica también ha comprendido los efectos perversos que se derivan del cambio climático en materia de retribuciones. Después de que el consejo le afease hace dos años el cobro de un bonus por venta de activos, José María Álvarez-Pallete se ha reducido el sueldo por segunda vez consecutiva. Telefónica consiguió su propósito de reducir la deuda corporativa pero el modo en que lo hizo no parece el más adecuado para justificar una subida extra en la nómina de su cúpula ejecutiva.

El presidente de la operadora gana ahora la mitad que Galán o que Botín, aunque la remuneración fija y total que suma junto a Ángel Vilá, el consejero delegado que realmente actúa como jefe oficial de operaciones, es todavía superior a las de sus pares comparables europeos. Sin contar por lo demás las aportaciones acumuladas en planes de pensiones que los más críticos observadores del mercado no dudan en calificar de excesivas. A la postre, el Salario Máximo del Ibex, el otro SMI en versión multimillonaria, está compuesto por múltiples variantes o conceptos retributivos que favorecen la acumulación de cuantiosos jornales en derechos presentes y futuros, convirtiendo a España en un paraíso para los administradores de las grandes sociedades cotizadas. Dicho en otras palabras, el lavado salarial o ‘paywashing’ necesita todavía más de un centrifugado para que la colada resulte limpia limpísima como reclaman los flamantes activistas del mercado de valores. 

No se puede olvidar que, al margen de la Ley de Sociedades de Capital, muchos de los procedimientos de gobernanza en las empresas bursátiles se rigen por un sistema de autorregulación mediante recomendaciones que permiten a cada compañía hacer de su capa un sayo. Es verdad que una empresa es lo que quieran sus dueños, pero también es cierto que la masa anónima de accionistas es perfectamente manejable. De ahí la trascendencia de esa ofensiva con que los proxys y los socios institucionales tratan de incorporar en España las prácticas que son de común aceptación en los países inventores del llamado soft law, término empleado para definir esas normas consuetudinarias que sirven de guía de comportamiento aunque no tengan carácter vinculante. Es el modelo que impera en el Reino Unido, donde no se debe olvidar que la legitimación de las remuneraciones pagadas por las sociedades cotizadas requiere el voto favorable de un 80% de los accionistas en junta general. 

Si este umbral de aprobación fuese adoptado en España el consejero delegado de Cie Automotive, Jesús María Herrero, habría tenido serios problemas para sacar adelante el salario de 24 millones de euros que le convierte a día de hoy en el ejecutivo mejor pagado y más envidiado del país. Las generosas remuneraciones del fabricante vasco de componentes de automoción, cuyas acciones cotizan en el mercado continuo de bolsa, motivaron las críticas unánimes de los asesores de voto hasta que finalmente la junta general verificó este miércoles la soldada con un 79% de apoyo accionarial. En Moncloa han tomado nota de lo que vale un peine y consideran llegado el momento de dar otra vuelta de tuerca a los códigos de gobierno corporativo. Las autoridades bursátiles se mantienen de perfil a la espera de que las musas anglosajonas concedan súbita inspiración a la CNMV.