Las aerolíneas denuncian que la multa de Consumo atenta contra la libertad tarifaria

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha denunciado que la multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Ryanair, Vueling, Volotea y easyJet por cobrar por el equipaje de mano «atenta» contra «la libertad de edificación tarifaria y la capacidad de elección de los consumidores».

Así lo ha manifestado durante la celebración de la asamblea general de la patronal celebrada este martes en Madrid, en la que se ha mostrado la unidad en torno al compromiso de avanzar hacia su descarbonización, siempre y cuando la misma se realice de forma equilibrada y permita la sostenibilidad económica y social.

Para Gándara, más allá de la razón legal, en la que está «convencido» que les ampara, cree «fundamental» resaltar «la perplejidad que produce escuchar a distintas instituciones u organizaciones aplaudir esta medida como positiva para los consumidores», lo que «muestra un desconocimiento absoluto».

En esta línea, el presidente de ALA ha señalado que el impacto de la multa puede provocar que cerca de 50 millones de pasajeros en España tendrían que empezar a pagar por utilizar unos servicios que «no precisan», con el consiguiente efecto en la demanda y en la productividad. «Es importante no engañar al conjunto de consumidores sobre la supuesta gratuidad de ciertos servicios en el caso de que prosperen las sanciones mencionadas», ha afirmado durante su intervención.

Sobre las asociaciones de consumidores, la patronal calificó ayer de «desafortunado» y «precipitado» que estén fomentando que los clientes comiencen a reclamar por el cargo extra aplicado por algunas aerolíneas por viajar con equipaje de mano y otras supuestas irregularidades cometidas en el sector aéreo, ya que aseguran que esa sanción «no es firme».

En este sentido, Facua-Consumidores en Acción anunció la puesta en marcha una plataforma de afectados por el cargo extra por viajar con equipaje de mano y otras supuestas irregularidades cometidas en el sector aéreo, como los sobreprecios por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto o sentarse junto a una persona dependiente.

En concreto, Consumo sancionó la semana pasada con más de 150 millones de euros a Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet por la aplicación de cargos extra a los usuarios por subir equipaje a bordo, por la selección de asiento cuando el viajero va a acompañado por niños o personas dependientes, por la falta de transparencia en la información contractual, así como por el cobro de la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto.

El pasado viernes, Gándara ya subrayó que, por el momento, cobrar por el equipaje de mano no es una práctica ilegal, porque las sanciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aún no son en firme y porque, además, las aerolíneas afectadas tienen la opción de presentar recursos.

ALA reivindica el potencial de la sostenibilidad

Por otro lado, el presidente de ALA ha puesto de manifiesto las oportunidades y el potencial de la sostenibilidad del transporte aéreo desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social: «La sostenibilidad no es solo fundamental para el sector aéreo y para lograr un turismo más sostenible, sino que debe ser un objetivo como país que permitirá avanzar en la generación de empleo y en la economía».

Gándara ha indicado que esta transición debe hacerse de forma «racional y ordenada», y debe contar con la necesaria colaboración público-privada. Así, ALA ha tendido la mano para mantener un diálogo abierto para que las decisiones y políticas públicas que se adopten se hagan de común acuerdo con el sector aéreo y adoptar aquellas medidas que contribuyen de forma efectiva a la descarbonización de la aviación.

En esta línea, ha defendido el combustible sostenible de aviación (SAF) como «la solución más eficaz» para avanzar en su descarbonización por su gran capacidad de reducción de emisiones de CO2 (entre un 80% y un 100% en el ciclo de vida del combustible) y también por su potencial para favorecer la economía circular, la independencia energética y para la reconversión de la industria, además de para la generación de riqueza y empleo.

«Tenemos una oportunidad de país que tenemos que aprovechar favoreciendo el desarrollo de SAF en España, tenemos los recursos naturales para que España se convierta en un exportador a nivel global. Pero urge que los poderes públicos tomen la iniciativa cuanto antes con incentivos que favorezcan su producción a escala para no quedarnos en el furgón de cola en Europa y perder competitividad frente a terceros países. El momento es ahora», ha afirmado Gándara.