El PP lleva al Congreso el problema de la inquiokupación y busca convertirlo en ley
Consigue sacar adelante una proposición no de ley donde PNV y Junts no votaron y el PSOE lo hizo en contra
Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular. | Europa Press
En una racha de victorias en la Cámara Baja, el Partido Popular consiguió que este martes saliera adelante otra proposición no de ley (PNL), esta vez en defensa de los derechos de los propietarios y para la protección de los derechos de los vulnerables.
Con el voto en contra del PSOE, y gracias a los votos de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, y de la ausencia a la hora de posicionarse del PNV y de Junts, la PNL debatida este martes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana vio la luz verde, al igual que ya lo hizo en el Senado, entonces como Proposición de Ley, y con las abstenciones, que no ausencias, de los nacionalistas vascos y del partido del prófugo Carles Puigdemont.
Este plantón del Grupo Socialista no es el primero. Ya durante la campaña electoral del 23-J de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó a saludar a un grupo de afectados que acudieron con pancartas al Parque de Entrevías -como recogió en su día este diario-, con la intención de hablar con él y con el interés de exponer su coyuntura. Entonces, el líder de los socialistas pasó de largo y ni siquiera dirigió la mirada a quienes le llamaban por su nombre y se identificaban como víctimas, sin obtener ningún resultado.
Ahora, a propuesta de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, con quien en el Grupo Popular ha mantenido varias reuniones, el problema de la inquiokupación -es decir, el impago voluntario por parte del arrendatario en un contrato de arrendamiento o el incumplimiento voluntario de un contrato de alquiler, como así lo define el juez del Tribunal Supremo, Vicente Magro- ha ocupado por primera vez en el Congreso el marco institucional que buscan sus afectados, deseosos de que la ministra de Vivienda se reúna con ellos y estudie sus circunstancias.
Un paso más hacia la ley
Con este paso testimonial, los populares han logrado que el Parlamento hable de un fenómeno que ha crecido exponencialmente desde la pandemia hasta ahora, acrecentado por la suspensión de los desahucios y por la ley de vivienda, «sobre todo por la disposición final quinta, que introduce importantes cambios en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, a través de una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», tal y como explican a THE OBJECTIVE, Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Pero el Grupo Popular no se quiere quedar en una declaración de intenciones. De momento, insta al Gobierno a defender a los legítimos propietarios -el 93% de los arrendadores son pequeños propietarios-, a cumplir con sus obligaciones de promotor de viviendas sociales y atender a familias vulnerables, a dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, a proteger la convivencia vecinal y a luchar contra la ocupación ilegal, especialmente contra las mafias.
Lo cierto -sostiene Bravo- es que «el Gobierno protege más al okupa que al propietario. Y nosotros en ningún momento queremos que se deje de proteger a las personas vulnerables, pero lo que no puede ser es que la inacción de las Administraciones públicas, sin dar respuesta a la vivienda social, la acabe pagando el propietario».
Ya en abril de este año, los populares presentaron su Plan + Vivienda, con 16 medidas concretas, entre las cuales se desarrolla la protección de los afectados por el fenómeno de la okupación y la inquiokupación, y la penalización de esta práctica, teniendo en cuenta -señalan desde la Plataforma-, que son cada vez más habituales los casos de falsos vulnerables, unido a que las administraciones se dilatan con sus plazos y las ocupaciones se convierten en una actuación sine die.
La inquiokupación que pagan terceros
En estos momentos, el PP trabaja en más aspectos relacionados con la vivienda y, por eso la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, previsiblemente, después del verano, presentará otra proposición de ley con medidas para favorecer el desarrollo urbano y la oferta de vivienda tras mantener más de una treintena de reuniones con la FEMP, con consejeros de comunidades autónomas y diversas organizaciones del sector. En ese ámbito -avanzan fuentes consultadas-, también podría contar ese encaje normativo todas las actuaciones encaminadas a que la administración ayude a los vulnerables, promueva más vivienda social, impulse la construcción de vivienda pública, o adquiera inmuebles de titularidad privada -suscribe la PNL-, «con la finalidad de aumentar la vivienda asequible».
En conversación con este medio, y una vez detectadas las causas del aumento del fenómeno de la inquiokupación, que en opinión del PP, además está reduciendo la oferta de vivienda y está generando mayor inseguridad jurídica, la Plataforma de Afectados por la Ocupación solicita como soluciones que las administraciones incluyan en los informes de vulnerabilidad aquellas medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna de una persona/familia vulnerable, así como la colaboración por parte de estos en las medidas tomadas para el acceso a una vivienda digna.
Y es que -sostienen- «la falta de vivienda social, así como de recursos económicos y habitacionales de las Administraciones públicas, no puede suponer que se deriven sus responsabilidades sobre terceros, especialmente pequeños propietarios».
