Tres de cada cuatro directivos del sector energético piden al Gobierno seguridad jurídica
Un informe de KPMG entrevista a 1.350 empresarios que subrayan este asunto como «una prioridad»
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EuropaPress
Un informe de la consultora KPMG, basado en las respuestas de 1.350 líderes empresariales y en colaboración con la patronal CEOE, asegura que el 76% de estos considera que la seguridad jurídica debería ser una de las principales prioridades del Gobierno en materia fiscal. Un estudio que llega, según afirma la consultora, «en un momento de profunda transformación en su camino hacia la descarbonización».
Precisamente, la seguridad jurídica ha sido una de las grandes reclamaciones del sector energético en los últimos meses, sin embargo, hasta ahora no había un dato concreto. Solo había esporádicas declaraciones de empresarios quejándose de la regulación. Aunque la medida que más polémica ha generado ha sido el establecimiento estructural del gravamen a las grandes eléctricas, existen otros frentes en el sector, como la reactivación de impuestos (generación eléctrica), los laudos energéticos y la incertidumbre por la inversión en redes eléctricas, entre otros.
Los empresarios consultados se muestran prudentes con respecto a la situación económica de España y más de la mitad (el 55%) la califica de «regular». Un visión que se muestra mucho más pesimista en sus perspectivas a doce meses, ya que el 53% de las empresas considera que la situación económica evolucionará a peor o mucho peor. Por su parte, el 38% de los encuestados espera que permanezca igual. Una visión que cambia cuando se les pregunta por sus perspectivas del sector, que es mucho más optimista.
Incertidumbre regulatoria
Además, los mismos encuestados aseveran que «el Gobierno debe poner el foco de su actividad regulatoria fundamentalmente en cuatro aspectos: el sistema de cargos, tarifas y fiscalidad energética (que lo señala el 35%), la regulación relativa a las redes de transporte y distribución, junto con la regulación de las renovables, biomasa, cogeneración, autoconsumo y eficiencia energética (marcadas por el 34% de los encuestados) y la regulación relativa al almacenamiento de electricidad (un 33%).
El tema de la regulación es uno de los aspectos que más se subrayan en el informe. Así, el 81% de los empresarios señalan que «la incertidumbre regulatoria está siendo uno de los riesgos más importantes para el desarrollo de sus proyectos en el ámbito de la transición energética, seguido por la incertidumbre de los precios de la energía (61%) y los costes de la cadena de suministro (39%).
El mismo informe asegura que, en relación con «las prioridades en torno al sector gasista, el 48% considera que el Gobierno central debe priorizar el impulso a los gases renovables, mientras que el 41% destaca el sistema de cargos y tarifas y el déficit del sistema gasista. Por su parte, el 38% selecciona la regulación del transporte, almacenamiento y regasificación, además del funcionamiento del mercado mayorista, aunque este último en menor medida (29%)».
Por último, el documento señala que «pese a los múltiples desafíos y riesgos que afrontan las empresas del sector, y ante un entorno energético cada vez más globalizado, los empresarios y los directivos continúan inmersos en encontrar nuevas fórmulas de crecimiento y expansión. De hecho, el 48% sitúa la expansión y el crecimiento internacional como una de sus principales prioridades estratégicas. A este respecto, el 40% de los encuestados prevé aumentar su actividad internacional durante 2024. En este sentido, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Latinoamérica serán destinos prioritarios en las estrategias de internacionalización».
PWC también pidió seguridad jurídica
A finales de noviembre del pasado año, un informe de la consultora PWC mostró su preocupación por el estado de las inversiones de las redes eléctricas de nuestro país, y pidió crear un marco predecible y estable que diese seguridad jurídica a los inversores para que se genere un entorno adecuado que permita llevar a cabo todas las inversiones. De lo contrario, pronosticaron que si no hay red y un acceso a la misma, «las nuevas inversiones que se esperan que se ejecuten en los próximos años se irán a otros países».
La consultora avisó en su estudio de hace meses que «una tasa retributiva que no refleje el riesgo de la actividad y el actual contexto macroeconómico pone en riesgo las inversiones en redes y, por tanto, la oportunidad económica de la transición ecológica, así como el cumplimiento de los objetivos». Este asunto es vital para el sector, ya que la Comisión Europea publicó un documento que apuntaba a inversiones de 584.000 millones de euros a las redes eléctricas.
