Economía reemplaza a Hacienda y activa el 17% del fondo autonómico para el sector privado
Las autonomías sospechan que no tendrán tiempo para ejecutar estas ayudas, que además computan como deuda
El Ministerio de Economía ha activado este miércoles el Fondo de Resiliencia Autonómica, asociado a la Adenda del Plan de Recuperación. El ministro Carlos Cuerpo ha reemplazado a la titular de Hacienda y ha sido el encargado de reunirse con los representantes de las diferentes comunidades autónomas para anunciarles, en el marco de la Conferencia Sectorial, el despliegue del primer tramo, cuya financiación estará vehiculada a través del Banco Europeo de Inversiones.
De los 20.000 millones asignados, la primera fase arranca con una partida de 3.400 millones de euros, de los que los primeros 2.000 millones irán destinados a proyectos de carácter privado. El resto, hasta completar los 3.400 millones, también están consignados para proyectos de esta naturaleza.
Tendrá que esperar a una segunda fase: el bloque diseñado para los proyectos de colaboración público-privada, donde las comunidades tendrán protagonismo, con una cuantía de 3.500 millones.
Con este propósito, el responsable de la cartera de Economía aclaró ante los medios de comunicación que el tiempo de ejecución de los proyectos, en el caso de las Administraciones públicas, concluirá en agosto de 2026 y, además, estas tendrán que tener ejecutado el 90% de la parte financiada por el FRA. Asimismo, al igual que sucede con el resto de administraciones con proyectos de esta índole, computarán como deuda.
La iniciativa de Economía
En detalle, respecto a ese 90% del FRA que tiene que estar ejecutado antes de agosto de 2026, Cuerpo utilizó el caso de un plan de 200 millones de euros, donde 100 millones vendrían financiados por el Fondo de Resiliencia -con la tutela de las comunidades autónomas-, otros 100 millones por el BEI y otros 50 millones de otros fondos, de forma que ello solo supondría para las Administraciones el 36%, «lo que daría margen en este ámbito», recalcó el ministro.
Pero las comunidades autónomas están preocupadas. Y no creen que tengan tiempo suficiente para gastar ese dinero y ejecutar las ayudas.
El propio Carlos Cuerpo reconoció en este punto la diferencia de criterio, e incluso relató las veces que España, como otros Estados miembros, ha pedido mayor flexibilidad a Europa.
Por eso la impresión de la mayoría de los citados a esta Conferencia Sectorial fue la de un encuentro que no había servido para gran cosa, pues en su opinión, el margen de maniobra es corto y hace que los proyectos sean inviables. Esto último empujará a que solo se puedan ejecutar aquellos proyectos que ya están iniciados, con la ayuda del BEI, tal y como explicó a THE OBJECTIVE la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.
Las áreas del fondo
Aunque la convocatoria estaba hecha por el Ministerio de Hacienda -como adelantó este diario-, finalmente, la vicepresidenta primera y ministra de este negociado, María Jesús Montero, se ausentó este miércoles de la cita con la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación y Resiliencia, a la que estaban convocados los diferentes responsables de Hacienda de las comunidades autónomas.
Así, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dando la cara, el Gobierno trasladó a las distintas regiones que el Fondo de Resiliencia Autonómica, diseñado como parte de la Adenda, y dotado en principio con 20.000 millones de euros, activará, de momento, 3.400 millones de euros -es decir, un 83% menos de lo inicialmente previsto-, destinados a financiar en esta primera fase proyectos regionales públicos y privados
Según explicó el titular de la cartera de Economía, dicho fondo se desplegará en función de la demanda. Tendrá un diseño flexilble, en el que se integrarán las comunidades autónomas nombrando representantes en los consejos de inversión. Ellos serán los encargados de aprobar los proyectos que obtendrán financiación directa y de supervisar la selección de los intermediarios financieros. Sin establecer esta vez porcentajes de reparto o topes para las comunidades autónomas, el FRA tiene previsto repartir el fondo a través distintos instrumentos financieros en función de las oportunidades de inversión.
Instrumentos de financiación
El objetivo de este fondo -señala el Ministerio de Economía- es dar continuidad al impulso de proyectos que fomenten la transformación y resiliencia de la economía, financiando iniciativas privadas y públicas. En este caso, las áreas prioritarias serán vivienda social y asequible y regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad industrial y de las pymes. Además, están también áreas como la investigación, desarrollo e innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados, gestión de aguas y residuos y transición energética.
Según avanzó el ministro Cuerpo a los representantes de las comunidades autónomas, entre los instrumentos financieros se cuenta con un instrumento directo de cofinanciación, que permitirá otorgar préstamos a proyectos de gran tamaño como energías renovables, transporte limpio o infraestructuras sostenibles, entre otros. Esta financiación puede llegar en algunos casos hasta los 20 o 30 años de plazo máximo y se complementará con financiación del BEI, haciendo uso de sus recursos propios.
Asimismo, está previsto desplegar un conjunto de instrumentos intermediados, cuya financiación se otorgará a través de intermediarios seleccionados por el Grupo BEI (entidades financieras y gestores de infraestructuras o capital riesgo, por ejemplo). Esta financiación servirá para apoyar proyectos de menor tamaño en el ámbito del desarrollo urbano y el turismo sostenible, así como financiación a pymes en materia de innovación, sostenibilidad y competitividad.
El plantón de Hacienda
El plantón de la ministra a la Conferencia Sectorial del PRTR -que llevaba sin reunirse desde agosto de 2021 y que optó por irse al evento Santander Women Now– se da en el tiempo de negociaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado para alcanzar un acuerdo en Cataluña. El Ejecutivo trata de lograr la presidencia para Salvador Illa, y para ello quiere persuadir a los independentistas con una financiación singular que algunos expertos han llegado a en 20.000 millones de euros, justo la misma cantidad de dinero con la que está dotado el FRA.
Antes, por la mañana, y en la sesión de control parlamentaria, Montero acusó a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de restar servicios a la clase media por el hecho de bonificar el impuesto de patrimonio y de sucesiones y donaciones.
Asimismo, Montero acusó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de privatizar la sanidad, la educación pública y de practicar una política de ‘sálvese quien pueda’, en lugar de ayudar a las clases medias con las pensiones, el SMI y el IMV.
Montero pide una propuesta al PP
Para neutralizar la petición de un pleno urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera que formuló el Partido Popular en la tarde del martes, la número dos del PSOE anunció ayer la convocatoria de este órgano en el mes de julio, adelantando que puede haber una reforma del sistema de financiación autonómica si los populares presentan una propuesta única.
Pero Montero duda de que el PP venga con una propuesta -en realidad, la iniciativa política le corresponde a la ministra-. Piensa que los de Feijóo no se pondrán de acuerdo entre sus gobiernos autonómicos, porque cada uno ve de una manera distinta la financiación.
Lo cierto es que la reacción de la ministra de Hacienda se produjo horas más tarde de que las autonomías del PP le enviaran una carta conjunta -ya que, según el Reglamento del CPFF, pueden hacerlo porque forman más de la tercera parte de los miembros del Consejo-, en la cual piden a Montero que aclare cuál es la postura del Gobierno de España respecto a la financiación autonómica.