El interventor de Barcelona detecta errores en la contabilidad del consorcio turístico
Las críticas sobre su opacidad han puesto a Turismo de Barcelona, ente público-privado, en el punto de mira
La sede del consorcio Turismo de Barcelona. | TdB
El interventor general del Ayuntamiento de Barcelona ha hecho aflorar errores en la contabilidad de Turismo de Barcelona, consorcio público-privado en el punto de mira por su opacidad, colocaciones y alto coste, con un presupuesto de unos 44,5 millones de euros anuales. La última auditoría emitida por el órgano fiscalizador dirigido por Antonio Muñoz emite una opinión con salvedades por incorrecciones en las cuentas presentadas para el ejercicio de 2022.
La intervención general detalla que las provisiones a largo y corto plazo del pasivo del balance incluyen una estimación sobre el coste de las indemnizaciones del personal afectado por el despido colectivo de 2021, en el que se echó a cerca de una cuarta parte de la plantilla, con un importe total de 2,8 millones de euros (3,1 millones a 31 de diciembre de 2021). El organismo aprecia que se ha computado esta partida como gastos de personal de 2021 y advierte que «el importe de la provisión debe corresponderse con el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación».
«La entidad no ha procedido a la determinación del valor actual de la citada cantidad», prosigue el auditor. Añade que «la estimación del efecto financiero generado por la actualización de los futuros flujos de pago, considerando un tipo de interés razonable, es, a 31 de diciembre de 2022, de 223 millones de euros», cantidad que, un año atrás, era de 294 millones de euros. La consecuencia de ello es que el epígrafe de resultados de ejercicios anteriores «está infravalorado en 294 millones de euros», mientras que «el resultado del ejercicio está sobrevalorado en 71.000 euros por el efecto financiero del ejercicio 2022».
200.000 euros menos de pasivo
En paralelo, y siempre según la intervención general, el pasivo corriente está sobrevalorado en 62.000 euros y el no corriente, en 161.000 euros. La auditoría se llevó a cabo por parte de esta institución municipal en aplicación de la ley para fiscalizar las cuentas de la entidad público-privada, de la que se declara independiente.
Una auditoría, sea de cuentas públicas, privadas o público-privadas, puede tener como conclusión una opinión favorable, desfavorable o rechazada. Esta última solo se emite si no hay información suficiente para emitir una opinión por parte del auditor, la desfavorable se reserva para casos en que las cuentas en su conjunto no expresen de forma fiel la situación financiera de la organización y, cuando tiene excepciones o salvedades -dictamen que las grandes empresas intentan evitar para no perder la confianza de los inversores- significa que se han encontrado errores, si bien no comprometen las cuentas en su conjunto.
Críticas sobre la transparencia
Este consorcio público-privado barcelonés ha sido blanco de críticas por parte de activistas vecinales y por voces del sector turístico por su falta de transparencia con el empleo de los recursos, en parte públicos. Fuentes sectoriales consultadas por THE OBJECTIVE indican que, en el mismo seno del organismo, se han dado discrepancias sobre adjudicaciones de contratos cienmileuristas, todo ello mientras el alquiler de la sede del ente lo rentabiliza una de las empresas, Papire SA, del grupo hotelero de su presidente, Jordi Clos.
Todo ello tensiona, todavía más, el equipo de un consorcio inmerso en un conflicto laboral desde el despido colectivo. Los últimos fichajes de altos directivos afines al alcalde Jaume Collboni, pero definidos en el sector como personas conflictivas, habrían generado escenas de «tiranía» hacia los subordinados y de choques entre los miembros de una dirección cada vez más concurrida y politizada.
