Sánchez monta la reventa de los reguladores económicos con Ribera de taquillera
Una veintena de cargos deben renovarse entre el Banco de España, CNMV, CNMC y el Defensor del Cliente Bancario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra, Europa Press
La propuesta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugiriendo al Partido Popular un puesto en la cúpula ejecutiva del Banco de España como moneda de cambio para renovar a conveniencia el Poder Judicial pone de manifiesto el colmo de la indignidad a la que es capaz de llegar Pedro Sánchez en el manejo utilitarista de las instituciones. Ante la frustración que genera en Moncloa la imposibilidad de controlar el órgano de dirección de los jueces, el truchimán del PSOE se muestra decidido a estirar la podrida legislatura para reforzar durante el mayor tiempo que pueda la franquicia de poder socialista en otros estamentos del Estado. Las barricadas para el día después de salir de palacio han sido convenientemente diseñadas y la piedra angular de su construcción está marcada sobre plano en el interior de los organismos supervisores de la actividad económica que han de ser remozados antes de que termine el año.
La vacante en el mando del Banco de España solo puede atribuirse a un plan concebido por parte del jefe del Ejecutivo desde esa arrogante molicie que se extiende de manera clamorosa a la gestión de otros muchos asuntos económicos del país. La supuesta promoción de la figura de la subgobernadora como solución para sustituir de manera interina a Pablo Hernández de Cos en las funciones del hasta ahora gobernador es un fraude descarado desde el momento en que el mandato de Margarita Delgado tiene también fecha de caducidad en septiembre próximo, lo que prácticamente no deja tiempo ni para calentar el banquillo. El máximo supervisor del mercado bancario se mantendrá en letargo forzoso los tres próximos tres meses ante la perplejidad manifiesta de las autoridades monetarias del Banco Central Europeo (BCE), que no se olvide es el principal garante para el sostenimiento de las maltrechas cuentas públicas del Estado español.
Estas desafortunadas contingencias resultan meros gajes del oficio para el primer ministro de la nación, cuyas decisiones administrativas responden a exclusivos objetivos de ese tacticismo político al que está sometido su pleno desempeño del poder. Para ello precisa de pretorianos ‘bien mandaos’ que secunden de manera sanguínea las consignas impartidas por sus asesores de cabecera desde los cuarteles generales monclovitas. Lo ideal sería que, una vez abducidos por la causa sanchista, ni siquiera fuera menester impartir ninguna contraseña a sus brigadistas, pero salvo que el fiscal general García Ortiz siga haciendo méritos, Tezanos Tortajada solo hay uno y el sentido del ridículo tiene difícil vacunación cuando el paciente está contagiado de una mínima responsabilidad profesional. Por eso no es sencillo encontrar un cabeza de lista para el Banco de España que pueda dar el pego con el listón en todo lo alto que ha dejado Hernández de Cos.
Un cirujano de hierro con alfanje y sin bisturí
Sánchez se ha propuesto lucir el músculo de su acción política apretando las clavijas a la sociedad civil, al mismo tiempo que dispara fuego graneado contra pilares esenciales de todo Estado de derecho como son los magistrados y los medios de comunicación. Su descarnada ofensiva, si te afliges te aflojan y si te aflojas te afligen, entraña el riesgo de pasar a la posteridad como un cirujano de hierro armado de corvo alfanje pero sin mayores virtudes en el manejo del más incisivo bisturí. Para aquilatar esta pose pendenciara el presidente necesita zurcir las costuras de sus frágiles alianzas y ha encontrado el mejor hilo extrafino de dobladillo en la elección de la nueva tropa de comisionados que tienen que incorporarse a las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento del enaltecido ‘cohete económico’.
Escondidos tras la alambicada e interminable negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están en juego también una veintena larga de cargos en otras instituciones teóricamente independientes, pero cuyos nombramientos figuran exclusivamente al albur de los apaños parlamentarios del partido en el Gobierno. En otras palabras, si el PP no rinde la plaza donde reside la soberanía de los jueces, el jefe del Ejecutivo utilizará la baraja de los reguladores para dar y repartir delegaciones de poder con sus deudos de legislatura a fin de fortalecer el cordón sanitario frente a los partidos de oposición. Los nuevos mandatos en estos organismos de arbitraje y control económico tendrán una duración de seis años, por lo que sus agraciados podrán actuar a modo de quintacolumnistas ante un eventual cambio de ciclo político en España y aun en el supuesto de que Sánchez cumpla la amenaza y agote hasta el año 2027 su alquiler de La Moncloa.
La principal taquillera o, por lo menos, la que dispone de mayor número de entradas para la reventa de estas ‘localidades vips’ es Teresa Ribera. A pesar del ritmo bullanguero con que se ha mostrado recientemente ante la parroquia socialista en sus mítines como candidata al Parlamento Europeo, la vicepresidenta in traslation lleva tiempo arrastrando los pies para retrasar todo lo que pueda el baile de comisionados que han de nutrir los consejos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y del futuro esqueje de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La ministra no sabe todavía si podrá dar el salto a Bruselas como excelentísima vicepresidenta a la vera de Ursula von der Leyen y ha decidido quedarse a verlas venir estirando su cargo de ministra cuando menos hasta el mes de diciembre.
El llamado Supervisor mayor del Reino, que fue constituido en tiempos de Mariano Rajoy con un total de diez miembros en su consejo, trabaja desde hace casi un año con tres vacantes sin cubrir y otros dos vocales con mandato vencido. Una situación de insufrible inestabilidad que, como dicen dentro de la casa, provoca que «nadie quiera mojarse ni debajo del agua». Pero mientras no despeje su horizonte, Ribera ha paralizado cualquier recambio para no soltar prenda al titular de Economía, Carlos Cuerpo, quien tendría, en buena lógica, bastante que decir en la futura composición de esta entidad reguladora, o lo que finalmente quede de ella. Otro gallo habría cantado si Nadia Calviño siguiera en España porque de sobra son conocidas en el seno de la CNMC las ínfulas con que cuidaba del feudo la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Órdagos a la grande y al enemigo ni agua
En la rediviva CNE ocurre tres cuartos de lo mismo, si bien en este supuesto los tiempos corren a favor de obra porque la tramitación parlamentaria del nuevo organismo se prolongará casi hasta finales de año. Para entonces, la todavía ministra de Transición Ecológica sabrá a qué atenerse en su carrera política y estará en plenas condiciones para nombrar a los siete vocales que nutrirán el sanedrín del futuro regulador del sector energético. Si acaso, el único condicionante vendría impuesto por las principales compañías del oligopolio eléctrico con las que Teresa Ribera está ahora a partir un piñón y cuya colaboración puede resultar muy necesaria para que sus principales herederos reciban el legado atado con lazo de seda cuando ella se convierta en flamante comisaria europea.
Carlos Cuerpo no tendrá más remedio que seguir mareando la perdiz hasta que tome carta de naturaleza la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y a la espera de que Sánchez decida meter la piqueta en el Banco de España y en la CNMV. El futuro ‘ombudsman bancario’ ofrece la posibilidad de nombrar cuatro consejeros electos, así como un secretario del consejo rector. Aparte de estos nuevos cargos, a la vuelta del verano deberán renovarse sin dilación las cúpulas de los dos principales organismos de supervisión financiera, otras seis nominaciones para un cambio de cromos con los grupos nacionalistas que soportan, en el sentido más estricto de la palabra, al líder socialista. En el caserón de Cibeles, junto con el gobernador y la subgobernadora, es preciso designar a un representante de las fuerzas vivas catalanas tras la salida de la consejera Nuria Mas en marzo del pasado año. A ella se une en octubre el final del mandato de Soledad Núñez, colaboradora en los gobiernos de Zapatero y cuyo nombre sonó en su día para más altos designios dentro de la institución, pero a quien la nueva dirección de Ferraz no tiene ahora para nada en sus oraciones.
En la CNMV el calendario es más elástico, ya que tanto su presidente Rodrigo Buenaventura como la vicepresidenta Montserrat Martínez tienen contrato en vigor hasta diciembre, cuando se cumplen los cuatro años desde sus respectivas tomas de posesión. El problema con ambos viene dado porque la reforma de la ley del Mercado de Valores impide que la renovación, en su caso, se prolongue durante más de dos años hasta completar los seis máximos que se han establecido para todos los vigilantes de la playa económica. Al PSOE no le interesa que dos teóricos ‘patos cojos’ dirijan la Comisión de Valores con una fecha de caducidad tan temprana por cuanto que la renovación posterior del regulador bursátil podría coincidir en el tiempo con un cambio de Gobierno. Por todo y por eso, si Alberto Núñez Feijóo no traga ahora con ceder el Poder Judicial, la estrategia de Sánchez se puede resumir en esa máxima del mus en virtud de la cual ‘al enemigo ni agua’. Lógico en un jugador que responde con mayores órdagos cuanto peores son las cartas que recibe.
