Por qué prohibir los pisos turísticos puede salirnos muy caro
Cerrar apartamentos, como anunció Barcelona o estudia el Gobierno, generará elevados costes económicos y judiciales
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni | Archivo
Cerrar los apartamentos turísticos no será tan fácil como se desprende de los últimos anuncios políticos. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a eliminar todos estos pisos en cinco años, el Gobierno de Sánchez estudia modificar la ley para que los Airbnb no puedan operar en comunidades donde vivan vecinos; pero estas medidas podrían tener efectos legales y económicos no previstos por sus impulsores.
A nivel legal, los juristas alertan de que no es posible el cierre de todos los apartamentos en cinco años, como pretende el alcalde barcelonés, el socialista Jaume Collboni, y prevén retrasos de al menos cuatro años con respecto al calendario anunciado. Además, prevén una lluvia de demandas por parte de los propietarios afectados, que previsiblemente reclamarán indemnizaciones ante lo que ven como una expropiación, la de una licencia que da una rentabilidad económica a sus inmuebles.
En el plano económico, las consecuencias se traducirían en una pérdida de puestos de trabajo y de actividad comercial derivada de los turistas que optan por estos alojamientos, un sector que desaparecería de los destinos afectados, cediendo el monopolio del turismo a los hoteles. Más allá de esta menor competencia, uno de los objetivos de este tipo de medidas, mejorar el acceso a la vivienda, tampoco es realista si se tiene en cuenta que la proporción de los pisos turísticos sobre el parque residencial total es mínimo.
Según la patronal catalana de pisos turísticos, Barcelona perderá 1.555 millones de euros de implantarse esta medida, que solo liberará un 3% de las viviendas de la Ciudad Condal. Las fuentes consultadas sospechan que la decisión no obedece a la voluntad de corregir la emergencia habitacional, sino complacer al electorado joven y de izquierdas, que vé con buenos ojos este tipo de iniciativas; además de alinearse aún más con los empresarios hoteleros, a quienes Collboni ha entregado la gestión turística municipal en un giro respecto a las políticas de su predecesora, Ada Colau.
Y todavía hay un tercer grupo al que el socialista podría estar buscando satisfacer con el anuncio de cierre de apartamentos: «Todo viene motivado por un gesto del Partido Socialista a Esquerra Republicana, que son los que realmente quieren cargarse la vivienda turística para conseguir sus votos y que [Salvador] Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat», afirma Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria.
«Es una decisión muy temeraria y con graves consecuencias», prosigue Unsain, que augura un «empobrecimiento» de las familias que complementaban sus ingresos con los de un Airbnb. También cree que «van a aflorar los apartamentos ilegales y el dinero B», teme que «se paralicen aún más las inversiones para hacer vivienda en Barcelona» y que «haya una batería de demandas por parte de los propietarios de los pisos contra esta resolución».
Coincide con este criterio Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario: «Jurídicamente, no tiene ni pies ni cabeza», asegura. «La solución tendría que ser fomentar más vivienda social desde el ayuntamiento con medidas efectivas para que haya una mejora en vivienda, pero prohibir es una medida de patio de colegio: no me dejas jugar, pues te quito la pelota», lamenta la socia del despacho AF Legis.
Collboni debe esperar nueve años
Goenaga ve «inviable aprobar una ordenanza quitando todo un sector económico». Además, subraya que lo que la nueva ley catalana contra los pisos turísticos permite a los municipios es limitar el número de apartamentos, pero en ningún caso eliminarlos. Tampoco le parece realista el plazo de cinco años, pues este es el tiempo que da la ley a los propietarios para pedir la renovación de su licencia, pero transcurrida esta fecha podrían acogerse a una nueva prórroga de cuatro años, lo que según ella implica que Collboni no podrá cerrar un solo piso turístico legal hasta dentro de nueve años en caso de que aún mantuviese la alcaldía.
Más allá del caso barcelonés, la abogada considera que, ante la posible regulación del Gobierno para toda España, «más que prohibir, lo que deberían hacer es legislar correctamente», ya que este tipo de medidas solo tienen efecto «a nivel electoral». Recuerda que cuando se reduce expresamente la rentabilidad económica de una propiedad, su titular puede reclamar indemnización y que, si bien la ley permite que actualmente las comunidades de vecinos veten la apertura de nuevos apartamentos turísticos, «no lo puedes aplicar de forma retroactiva» para cerrar los que ya están operando.
«Que no haya pisos turísticos va en la línea de satisfacer a la población local», señala Pablo Díaz, profesor de Turismo de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), que recuerda que en destinos masificados como Cataluña las tensiones entre residente y visitante van en aumento. Sin embargo, cree que tampoco se han fomentado otros tipos de viajes más sostenibles y respetuosos con la comunidad local, como el intercambio de casas o el alquiler de habitaciones en pisos donde residen sus propietarios.
«Las pocas medidas que se han tomado han quedado en anécdota, como proteger al comercio antiguo para que no desapareciese», indica Díaz. Por otro lado, indica que «se persiguió a bulto a aquellos que de verdad eran colaborativos, que compartían alguna habitación y vivían allí», a pesar de que «esos propietarios supervisaban el comportamiento de los inquilinos», frente a los «bloques enteros de apartamentos que el vecino que queda allí ve su vida dificultada». Ante esta situación aboga por «cuidar» a un sector que «salva la economía general» sin dejar de atender «las externalidades negativas» que carga sobre el residente.
