Hacienda dispara su gasto patrimonial un 64% tras dejarse 2.300 millones en Telefónica

El Ministerio de Hacienda ha disparado sus aportaciones patrimoniales por el gasto realizado en acciones de Telefónica. El avance de mayo de la Ejecución de presupuesto de gastos del Estado cribado por THE OBJECTIVE, indica que los pagos acumulados en concepto de activos financieros ascendieron a los 9.010 millones de euros en los primeros cinco meses del año, un crecimiento del 74,4% y 3.845 millones más que los 5.165 millones que se gastaron en igual periodo del año anterior.

Según Hacienda, este desbarajuste se debe principalmente al crecimiento de la aportación patrimonial en este periodo, llegando a los 7.163 millones de euros, un 64% más que los 4.366 millones registrados entre enero y mayo de 2023. La diferencia de 2.797 millones se explica casi en su totalidad por los 2.300 millones que el Estado ha traspasado desde los presupuestos generales del Estado (PGE) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para comprar acciones de Telefónica.

De hecho, el informe de mayo del avance de ejecución presupuestaria refleja que este mes se hizo la aportación patrimonial de los últimos 300 millones de euros que hacían falta para completar la adquisición, tras consignar de manera escalonada entre enero y abril los 2.000 millones con los que comenzaron las compras en el mes de marzo. El 20 de mayo culminó la adquisición del 10% de la operadora de telecomunicaciones en el mercado a un precio final de 2.285 millones de euros.

Aportación patrimonial

En términos contables, una aportación patrimonial es el dinero que los socios de una empresa inyectan para salvarla de una situación de falta de liquidez o del riesgo de quiebra por registrar un patrimonio negativo. En las cuentas de la Administración pública se computa como activo financiero, inversiones que realiza la administración como préstamos, adquisición de acciones o las citadas contribuciones de patrimonio. Por tanto, no se computa como gasto corriente, aunque efectivamente es un desembolso y un pago del Estado.

En el caso de Telefónica, el Ministerio de Hacienda transfirió estos 2.300 millones a la SEPI bajo la condición de que los invirtiera íntegramente en acciones de la operadora de telecomunicaciones. No obstante, al comparar este desembolso con el resto de los activos financieros que han crecido en lo que va de este año, vemos que esta operación es la única que tiene carácter bursátil, ya que el resto están directamente relacionadas con inversiones productivas y con el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation.

Si consideramos las partidas de activos financieros que han aumentado respecto de los primeros cinco meses de 2023, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible gastó 460,7 millones para destinarlos a inversiones de Adif; y el Ministerio de Industria realizó aportaciones reembolsables para desarrollo de proyectos tecnológicos cualificados relacionados con Programas de Defensa por 583,5 millones y pagos a Proyectos Estratégicos para la transición industrial por 100 millones.

Inversión en Telefónica

También se incluye el gasto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por 643,8 millones, por los mayores pagos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 543 millones al CDTI para actuaciones de I+D+I, así como para el fortalecimiento de la industria aeroespacial por 273 y 240 millones de euros, respectivamente.

Desde que en diciembre se anunciara la compra de acciones de Telefónica, el Gobierno ha justificado su inversión para «dar estabilidad accionarial» a una empresa estratégica para España y para su despliegue digital. Desde el punto de vista financiero, la adquisición se computa como una inversión bursátil que -en el caso de la SEPI- se incluye como parte de sus resultados financieros y la que además genera dividendos. Sin ir más lejos, el Estado cobró en junio 85 millones por su participación en la operadora.

Los críticos con esta operación argumentan que no tiene sentido que el Estado invierta en una empresa cotizada, generando un efecto distorsionador en el mercado y posibles inequidades en un sector en el que es uno de los principales contratistas de empresas digitales. Lo cierto es que las cuentas públicas reflejan que se ha producido un gasto de 2.300 millones para Hacienda que se ha computado como aportación patrimonial, pero que se quedará en las arcas de la SEPI hasta que no se venda esta participación y este montante pueda volver al Ministerio de Hacienda.

Origen de los fondos

¿De dónde han salido los 2.300 millones para Telefónica? El Ejecutivo no responde a esta pregunta, aunque la ejecución presupuestaria de mayo indica que el Ministerio de Hacienda consignó a comienzos de año 15.000 millones de euros como créditos iniciales en concepto de Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y otros 1.000 millones para la Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Sin embargo, los créditos definitivos (el desembolso real después de ajustes) se han quedado en 13.500 y 500 millones, respectivamente. Esto es, 2.000 millones menos que los destinados originalmente para las comunidades y los ayuntamientos, que podría coincidir con el dinero que se ha destinado a Telefónica.

Pagos para Telefónica

En resumen, los pagos realizados entre enero y mayo fueron de 145.321 millones de euros, un 17,7% superior a los 123.474 millones de igual periodo del año anterior. Los gastos de personal llegaron a los 7.855 millones, un 6,2% de crecimiento, los gastos de bienes y servicio a los 1.839 millones (10,9% más), los gastos financieros a los 9.866 millones (un 22% de aumento) y las transferencias corrientes a 48.040 millones (un 2,8% de alza).

Por su parte, las inversiones reales subieron a los 3.306 millones, un 38,9% más, las transferencias de capital si situaron en los 7.203 millones, un 4,5% de mejora, los activos financieros se situaron en los 9.010 millones, un 74,4% de mejora y los pasivos financieros crecieron a los 58.199 millones, un 28,9% más.