Sánchez se lanza Cuerpo a tierra…que viene Yolanda Díaz
El presidente encarga al ministro de Economía que asegure la paz social con los empresarios
Yolanda Díaz. | Ricardo Rubio, Europa Press
Una de las infraestructuras más intangibles y eficaces para el desarrollo productivo de un país es la paz social, enarbolada históricamente como un principio básico de la convivencia democrática pero que de un tiempo a esta parte languidece bajo el clima de confrontación promovido en España. Quizá por un exceso de confianza fundamentado en la superficialidad de los datos coyunturales o, a lo peor, como consecuencia de una estrategia premeditada al servicio de intereses de partido, lo cierto es que las grandes cuestiones económicas han quedado supeditadas a los objetivos políticos como meros utensilios de agitación y propaganda. Las relaciones laborales constituyen en la actualidad el mejor ejemplo de esa retórica oficial esgrimida en forma de arma arrojadiza para doblegar al adversario, incluyendo no solo a la oposición parlamentaria, sino principalmente a todos los agentes de la sociedad civil que actúan en un evidente conflicto de intereses con el ideario del Gobierno social comunista.
La llegada al poder de Mariano Rajoy, con una mayoría absoluta en 2011 fruto del fracaso de la política económica de Zapatero, exigió un ajuste de caballo que se cebó con el votante de la clase media trabajadora que había depositado sus expectativas en un cambio radical del ciclo político. El Partido Popular se la jugó a la carta de la economía con los efectos por todos conocidos y precisamente por eso tuvo a gala tender un puente alfombrado con los representantes de la izquierda social encarnada en los dos grandes sindicatos de clase, UGT y CC OO. Con ellos se empleó a fondo la entonces ministra Fátima Báñez hasta conseguir el objetivo imposible que fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 707 a 850 euros en una escala gradual entre 2018 y 2020. A falta de memoria histórica baste decir que el insólito acuerdo fue suscrito comme il faut; es decir con la firma de las centrales sindicales pero también de la CEOE y Cepyme.
En abierto contraste con este episodio entresacado del baúl de los recuerdos emerge ahora la discusión forzada y forzosa sobre la reducción de la jornada laboral. Un debate extraído de la agenda política rubricada por el PSOE y sus socios de Sumar en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Yolanda Díaz, cansada de sufrir derrotas electorales con su atrabiliario proyecto de gobierno, ha decidido que la mejor defensa es un nuevo ataque a los empresarios y ha sacado de su ajuar programático una reforma normativa que no viene a cuento ni por razones económicas ni por imperativo comunitario. La atonía de la productividad en España contraviene cualquier propósito de reducir las horas de trabajo y los burócratas de Bruselas están demasiado ocupados en definir un nuevo equilibrio de fuerzas en Europa como para preocuparse de zarandajas domésticas auspiciadas por políticos de salón instruidos en la revolución del proletariado.
Ataque a la línea de flotación de las Pymes
El recorte de la jornada que quiere sacarse de la manga la ministra supone un misil filoguiado contra la línea de flotación de las pequeñas y medianas empresas que afecta a casi nueve millones de asalariados repartidos en 4.500 mesas de convenio colectivo. Si se escala el impacto a todos aquellos trabajadores que no están sujetos a ningún convenio pero que tienen condiciones similares reguladas en sus contratos, el volumen de afectados alcanza los 13,5 millones de personas. El zarpazo de Yolanda Díaz supone un coste económico de 1.000 euros anuales por empleado de acuerdo con las cifras que maneja la patronal. Basta pues una sencilla multiplicación para comprender el tremendo daño que va a recibir el tejido industrial en todo el país, con especial incidencia en las actividades inmobiliarias, hostelería, comercio y, por supuesto, el sector agrícola y ganadero.
Obsesionada como está con imponer su profana voluntad antes de marcharse de vacaciones, Yolanda Díaz no ha podido elegir peor momento para reivindicar una medida de cara a la galería que coincide con un periodo récord de absentismo en España. Las últimas estadísticas señalan que todos los días del año faltan al trabajo un millón y medio de personas y curiosamente la mayor parte de las bajas se concentran en lunes o viernes. Para más inri, durante la presente temporada de verano los sectores del comercio y la hostelería han señalado la existencia de 140.000 ofertas de empleo vacantes, de las que 45.000 se consideran de irresoluble cobertura. Apurar en estas condiciones una disminución de jornada puede suponer la puntilla para muchos pequeños negocios, abocados al cierre anticipado de su horario diario o a echar la persiana durante todo el fin de semana que es cuando arrecia con mayor virulencia la suma de absentismo y vacantes laborales.
Los empresarios han puesto pies en pared y Antonio Garamendi no ha tenido empacho en mostrar su desafección ante el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey: «Ustedes hagan lo que quieran pero no cuenten con nosotros porque en CEOE no estamos dispuestos a hacernos el harakiri para mayor gloria de su jefa», es el mensaje que trasladan desde el entorno de la cúpula patronal. Yolanda Díaz ha tratado en vano de maquillar en las últimas horas su propuesta aunque sigue impulsando, erre que erre, un proyecto que no es más que el sueño personal e intransferible de una noche de verano. Fuera del diálogo social la negociación está muerta y la remota posibilidad de acuerdo pasa por fijar un ‘calendario flexible’ con un horizonte a medio plazo que asegure la correcta adecuación de los nuevos ámbitos de jornada laboral con carácter sectorial y dentro del marco de la negociación colectiva, que para eso está.
Un ‘hombre tranquilo’ para dar la barba
Los sindicatos han amenazado con movilizaciones en un otoño que se presume caliente pero lo último que le faltaba ahora a Pedro Sánchez es emprender una ‘guerra fría’ con los empresarios. El proceso de derechización de la futura Comisión Europea tras las elecciones del pasado mes de junio obliga al jefe del Ejecutivo a mostrar su cara amable en Bruselas como paladín de una social democracia transigente y moderada. Dime de qué presumes y te diré de qué careces porque sabido es que para el truchimán del PSOE la alta política es un juego de percepciones donde la realidad es desfigurada a beneficio del interés convencional que adopta la mayoría transversal. Una vez habilitado el cordón sanitario contra posiciones extremistas de infausto recuerdo lo que se impone es un talante conciliador que sofoque tensiones con los agentes productivos y demás elementos de la sociedad civil, no vaya a ser que el resentimiento de la desigualdad y la incertidumbre económica terminen por despertar los temidos fantasmas del pasado.
En este escenario los arrebatos de la ministra de Trabajo han dejado de ser inviables ocurrencias para convertirse en peligrosos anacronismos impulsados por un exacerbado don de la inoportunidad. Es por ello que el líder socialista ha enviado al ministro Carlos Cuerpo para que aplaque los ánimos encendidos de las grandes e incumbentes confederaciones empresariales, la CEOE y sobre todo Cepyme. El ‘hombre tranquilo’ designado por Sánchez para dar la barba en todos los frentes económicos ha sido habilitado también por el alto mando para frenar las ínfulas de la vicepresidenta muy a pesar del mayor rango y prelación que ésta disfruta teóricamente dentro del escalafón gubernamental. El salvoconducto oficial que ampara a Cuerpo para salir al quite está fundamentado en dos razones poderosas que están muy presentes dentro del PSOE. La primera es que en Moncloa y aledaños solo mandan dos personas, Sánchez y Gómez. La segunda es que Díaz no es capaz de sumar ni con los dedos.
