Al menos seis de los contratos adjudicados a Barrabés presentan irregularidades
Opacidad, criterios subjetivos, recomendaciones e incumplimientos están presentes en las adjudicaciones al empresario
El empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, ha logrado en los últimos años al menos un centenar de contratos de las administraciones públicas. La mayoría de los pliegos, valorados en 25 millones de euros, los logró tras la puesta en marcha del máster de la Complutense que ahora mira con lupa la Justicia.
Una parte de estos convenios fue financiada con fondos europeos y sobre, al menos, seis de los pliegos adjudicados a la consultora tecnológica Innova Next y a Barrabes.biz existen indicios de irregularidades y excepcionalidades. Los entes públicos adjudicatarios fueron Red.es -dos lotes-, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Renfe, el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español (Adesp). Todas las anomalías en las contrataciones han sido desveladas por THE OBJECTIVE.
El vínculo con Begoña Gómez
Barrabés, que ha reconocido encuentros con Gómez en La Moncloa en presencia de Sánchez, inició su carrera de emprendedor con poco más de 18 años. Lo hizo en Benasque, en el Pirineo aragonés, junto a uno de sus hermanos. Ahora ese vínculo se le ha vuelto en contra y ha pasado de testigo a investigado en el caso Begoña Gómez. El emprendedor fue pionero en el comercio electrónico. Comenzó vendiendo material de montaña y productos relacionados con el esqui a todo el mundo desde una localidad de 800 habitantes. Poco a poco logró abrirse un hueco y despertó el interés de grandes empresas como el Banco Santander y Telefónica.
Sin embargo, su relación con Begoña Gómez y el cúmulo de contratos que llegaron después han dejado expuesto al empresario. La recomendación por carta de Gómez antes de conseguir dos lotes de un macrocontrato de Red.es ha supuesto un antes y un después en su trayectoria. Además de la singular recomendación de Gómez, quedan cuestiones por explicar en torno a media docena de adjudicaciones.
Investigación de THE OBJECTIVE
Buena parte de las anomalías que penden sobre estos contratos han sido desveladas por THE OBJECTIVE. Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que la forma en que se tramitaron los contratos fue la normal. Lo que queda por ver es el fondo de las decisiones, el proceso de adjudicación y quién o quiénes participaron en él.
De momento, se han enviado a la Fiscalía Europea varios contratos públicos adjudicados al empresario Barrabés. Sin embargo, phay más contrataciones de las que resultó beneficiario y por las que Begoña Gómez, debe seguir investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. El pasado viernes también se conoció que Barrabés era incorporado a la causa como investigado. La decisión del juez Juan Carlos Peinado se produjo tras conocerse las reuniones del empresario en La Moncloa en las que participó Sánchez.
El 90% de los contratos, tras el máster
Las empresas del socio de Gómez han conseguido pliegos atractivos frente a un buen número de competidores con una reconocida trayectoria. Sin embargo, sorprende, que en torno al 90% de las adjudicaciones -por importe- tuvieron lugar tras su vínculo académico con Begoña Gómez y los encuentros en el Complejo de La Moncloa.
La UCO realizó un informe en el que quedaba patente que nueve de cada diez euros conseguidos por el socio de Begoña Gómez a través de la contratación pública llegaron entre los años 2021 y 2022. «Un alto porcentaje de las adjudicaciones recibidas por la mercantil Innova Next se produce entre los ejercicios 2021 -12.577.711 euros- y 2022 -7.685.322 euros-. Esto supone algo más 20 millones de euros, el 90% del total de las adjudicaciones», recoge la UCO.
Dos lotes de Red.es y cartas de recomendación
Sin duda, entre las adjudicaciones más controvertidas están las concedidas por Red.es a la consultora tecnológica de Barrabés. La UTE compuesta por Innova Next y The Valley Business se hizo con dos lotes de un macrocontrato, valorado en 20 millones de euros. El objeto era un Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Las cartas de recomendación de Begoña Gómez respaldando al empresario aragonés fueron presumiblemente determinantes para obtener unos encargos que sumaron 5,8 millones. Además se lograron frente a duros competidores.
Red.es, una empresa pública dependiente de Economía, lanzó la licitación en junio de 2020, durante el primer estado de alarma. El contrato fue financiado con fondos europeos y por esa razón es uno de los que está investigando la Fiscalía Europea.
Adjudicación sin Plan de Igualdad
Las adjudicaciones de Red.es a Barrabés fueron denunciadas por alguno de sus competidores que consideraron que las dos sociedades que conformaban la UTE incumplían uno de los requerimientos clave: disponer de Plan de Igualdad. La empresa gallega NT For Learning, con muchas opciones para obtener algunos de los lotes del contrato, presentó un recurso para anular la adjudiciación. Su queja se basaba en que «no cumplían con las exigencias establecidas en las condiciones específicas del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato».
El detalle de la contratación muestra que estas dos empresas tenían en el momento de la licitación 60 trabajadores –Innova– y seis empleados –The Valley–. Sin embargo dejaron fuera a multinacionales como Everis, DXC Technology y el gigante suizo Adecco.
La compañía gallega destacaba en su duro recurso que los pliegos contemplaban que el adjudicatario del contrato debería contar con un plan corporativo de igualdad, «entendiendo por tal previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres».
Incumplimiento de la cláusula
«El Plan de Igualdad de The Valley Digital Business School tiene vigencia desde el 12/01/2021 y no cumple el requisito en el momento de licitar. Por su parte, Innova Next no cuenta con Plan de Igualdad registrado, no cumpliendo el requisito en el momento de licitar», destacaba la recurrente.
«Resulta evidente que el adjudicatario no se ajustó al cumplimiento de los requisitos exigidos en su declaración responsable ni el trámite de justificación documental del 150.2 LCSP, por lo que no debía ser propuesto como adjudicatario y debe ser revocada la adjudicación», señalaba la representante legal de NT For.
Espaldarazo a Barrabés
Solo una semana más tarde, la Secretaria del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronunció y de forma poco usual. «El análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los citados recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión de los lotes 1 y 3 son de difícil o imposible reparación, por lo que procede acordar el mantenimiento», destacaba la resolución. Esto dejaba la vía abierta para la ratificación de las adjudicaciones.
En noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvía a favor de la UTE. «Lo alegado por la recurrente en cuanto a nulidad de la adjudicación no tiene mayor relevancia jurídica». Insistía en que se trataba de dos empresas con menos de 250 trabajadores. Este fundamento servía para sentenciar que «no puede apreciarse una prohibición de contratar que diera lugar a la nulidad de la susodicha adjudicación», destacaba.
Criterios subjetivos en Trabajo…
Innova Next se benefició de las cláusulas subjetivas recogidas en los pliegos de parte de los 23 contratos que le adjudicaron ministerios y organismos estatales. Los criterios no cuantificables le sirvieron para hacerse con un contrato de 280.000 euros de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
La consultora arrasó en la valoración subjetiva incluida en este contrato impulsado por el organismo vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Mientras, sus más inmediatos competidores plantearon mejores ofertas económicas y lograron más puntuación en los criterios evaluables. Sin embargo, eso les sirvió de poco e Innova fue la gran beneficiada. No priorizar la oferta económica supuso un sobrecoste para Fundae de un 40%. Esta es la diferencia entre la propuesta de Innova y la de su máximo rival.
Y en Red.es
Algo parecido ocurrió, según ha podido constatar THE OBJECTIVE, en el contrato de 20,6 millones de Red.es. Innova Next, en unión con The Valley, se hizo con dos lotes, el 1 y el 3. Su puntuación, como sucedió con el contrato de Trabajo, fue mucho más elevada que la de sus competidores en el baremo subjetivo. En este caso, además, jugó a su favor una cláusula específica incorporada en los pliegos de Red.es. Esta estipulación le permitió despejar el camino final de importantes rivales.
Así, el citado contrato de Red.es incluía un criterio restrictivo que tenía como objeto eliminar a buena parte de los competidores en la primera fase, la que contempla la valoración subjetiva. Bajo el epígrafe Umbral mínimo de puntuación en la valoración, se preveía que solo las ofertas con una valoración mínima igual a cinco puntos en el conjunto de los criterios basados en un juicio de valor podrán acceder a las fases siguientes. En estas se evalúaban criterios cuantificables y económicos.
La consultora del socio de Begoña Gómez logró el primer lote por tres millones. En la valoración subjetiva obtuvo 9,23 puntos de media, frente a los 7,63 de su contrincante mejor valorado, Everis Spain. De las 18 empresas seleccionadas para competir por el pliego, diez se quedaron fuera al no obtener un mínimo de cinco puntos.
Mientras, en el lote 3 se dieron circunstancias muy similares. Red.es encargó el servicio a Innova por 2,8 millones de euros, pese a que no presentó la mejor oferta. En la primera fase, apartó, gracias a la beneficiosa cláusula, a cinco de sus siete rivales. La oferta económica más baja, de Altia Consultores, era 439.000 euros inferior a la de Innova-The Valley.
La opacidad del contrato de Renfe
Como adelantó THE OBJECTIVE, Barrabés, a través de Innova Next, consiguió a finales de 2022 arrebatar a la multinacional Telefónica el contrato TrenLab de Renfe. Posiblemente sea el pliego más opaco de los conseguidos por el socio de Begoña Gómez. Barrabés logró el contrato para crear soluciones tecnológicas con startups con el objeto de mejorar la experiencia del viajero frente Seidor, McKinsey & Company, Telefónica y una cuarta compañía que posiblemente quedó descolgada en la primera fase del concurso.
Wayra, el hub de innovación de la multinacional de telecomunicaciones, había comandado durante cuatro años el proyecto que comenzó en 2018. Del atractivo contrato poco se sabe por fuentes abiertas. No hay pliegos visibles, la Plataforma de Contratación no ofrece el nombre de los candidatos ni los puntos que consiguieron los rivales de Barrabés. Los escasos datos que facilita es que la oferta económica fue clave. Finalmente, se adjudicó el contrato a Barrabés por algo más de 1,6 millones (sin IVA).
La urgencia del pliego del CSD
En otro pliego, en este caso del Consejo Superior de Deportes (CSD), se argumentó la urgencia -algo excepcional- y un supuesto interés público para acelerar la contratación de un software para deportistas de élite. La adjudicación, que superó los 10 millones de euros, se dividió en dos lotes. El segundo se encargó a Barrabés.
La normativa establece que los expedientes urgentes deben tramitarse siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, pero reduciendo los plazos a la mitad. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que estos contratos deben responder a una necesidad inaplazable o a un interés público que permita acelerar los tiempos. El contrato por valor de 3,6 millones está siendo analizado por la Fiscalía Europea, ya que estuvo financiado con fondos comunitarios del programa Next Generation.
Plazos a medida en Deportes
Este contrato, además, fue denunciado por escrito por un empresario en 2022 debida a las irregularidades que había constsatado. Según el email, enviado al organismo público antes de la resolución del concurso y que obra en poder de THE OBJECTIVE, el denunciante dio por hecho que el adjudicatario sería Barrabés. Precisamente, se da la circunstancia de que la Guardia Civil ha registrado las oficinas del CSD en busca de la documentación sobre ese contrato.
El empresario denunció que se incumplió el plazo de presentación de ofertas estipulado en la ley de contratación del sector público. «Le escribo este correo para solicitar información sobre una licitación enviada al DOUE el 27 de mayo de 2022 y cuya fecha fin de preparación de ofertas fue el 8 de junio. El periodo de oferta fue de 13 días«. Este periodo de tiempo que «sorprendió» al empresario. «Era una licitación sujeta a regulación armonizada, en la que no medió anuncio previo, y que remitió procedimiento de urgencia», aseguraba. Además, destacaba, que el procedimiento de urgencia era cuestionable y que el periodo mínimo de ofertas era de 15 días según la ley».
Barrabes.biz, Adesp y la Rey Juan Carlos
THE OBJECTIVE ha conseguido documentos que demuestran cómo se estructuró un concurso a medida para que Barrabés obtuviera un contrato de cuatro millones de euros financiado con fondos europeos. Este negocio se fraguó tras la recepción de 12 millones de euros de fondos europeos a la Asociación del Deporte Español para la formación de «capacidades digitales» a 6.000 alumnos en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según pudo corroborar este periódico, este organismo –que agrupa a las federaciones deportivas– pactó con la Universidad Pública Rey Juan Carlos un curso para formar a 3.000 deportistas y gestores deportivos por un montante total de seis millones. El mismo debía ser impartido, según se acordó, por Barrabes.biz –que obtendría cuatro millones– en colaboración con la universidad, que se llevaría 950.000 euros.
La Asociación del Deporte Español ha reconocido que contactó con «cinco empresas» para que se presentaran a la licitación. Con el objetivo de justificar un proceso transparente, la Asociación del Deporte «invitó a participar a la licitación a cinco empresas» y, finalmente, «la adjudicación a la consultora Barrabés fue aprobada». Fuentes consultadas por este periódico señalan que, si la licitación estaba publicada –como resulta en este caso–, llamar solo a algunas «rompe el principio de igual entre las demás empresas, también especializadas en la materia que podrían haberse presentado».