El Gobierno trocea uno de cada cuatro contratos de obras para poderlos dar a dedo
La Administración adjudica lotes pequeños con el mismo proveedor para no tener que convocar un concurso público
Los organismos dependientes de Transportes, Transición Demográfica y Transportes son especialmente propensos al troceo de los contratos menores. | Europa Press
Los ministerios y los organismos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) han troceado uno de cada cuatro contratos menores que han puesto en marcha para contratar obras en lo que va de año. Desde el 1 de enero se han resuelto 1.710 contratos de obras, pero en casi un 24% se ha bordeado la ley, que no permite el fraccionamiento de un contrato con un importe superior a 39.999 euros, puesto que se elude la convocatoria de un concurso público para poderlos adjudicar a dedo.
También aparecen algunos contratos que se concedieron directamente por encima de esa cantidad. Son los casos que tienen que ver con el cambio de iluminación en la Embajada de Londres -45.694 euros-, la impermeabilización de la Embajada de Líbano -42.238 euros- o las reforma de un despacho en Delhi -43.257-. Estas concesiones se saltan la norma, pero sin duda no son el más grave de los incumplimientos que aparecen en el análisis realizado por THE OBJECTIVE.
El detalle muestra que los organismos dependientes de Transportes, Transición Ecológica y Defensa son con diferencia los que más vulneran la normativa. Pese a todo, hay entes vinculados y departamentos adscritos prácticamente a todos los ministerios. Las autoridades portuarias, las confederaciones hidrográficas, las intendencias de Defensa y determinadas bases militares son protagonistas en los 401 contratos troceados desde enero.
Contratos de Defensa y Transportes
La Intendencia de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Ebro o la Inspección General de Sanidad de la Defensa son organismos especialmente propensos a la contratación menor y al troceo de los contratos. En el caso del órgano de Defensa, desde el que se planifica y desarrolla de la política sanitaria en dicho ámbito, llaman la atención varios contratos.
Este organismo fraccionó un contrato en cuatro partes con exactamente la misma cantidad: 39.669,42 euros. Las adjudicaciones fueron a parar a Aragonesa de Construcciones Marni. El objeto de los contratos, resueltos entre abril y junio de 2024, era la reforma consultas de rehabilitación en planta logística militar en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Ese importe es prácticamente idéntico hasta en 20 adjudicaciones del organismo en lo que va de año. En el caso de un troceo destinado a Elecnor la cifra también es idéntica -39.596,01-. Cabe resaltar los diez contratos menores otorgados a Menicucci, que suman 326.600 euros para distintas reformas y acondicionamiento.
Mientras, la Confederación Hidrográfica del Ebro puso en marcha desde el comienzo del año hasta 208 contratos menores. Sus troceos son reiterados y en numerosos casos los contratos fraccionados rondan los 150.000 euros. Es una fórmula para evitar la importante burocracia administrativa, pero deja abierta la puerta a la arbitrariedad y a las adjudicaciones a afines. Estas licitaciones se efectúan a través de un expediente administrativo en el que se justifican las necesidades. Fácil, cómodo y poco transparente.
Presidencia y CSIC
La lupa no solo está puesta sobre los organismos que incumplen de forma reiterada. También sucede en departamentos directamente dependientes de ministerios. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), delegaciones tributarias e, incluso, departamentos dependientes de Presidencia fraccionan sus contratos.
Un ejemplo para analizar es el de la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio. El departamento dividió en tres un contrato para climatizar y resolver distintas incidencias relacionadas con este asunto. El global sumaba 74.000 euros y las adjudicaciones a Maclinsa tuvieron lugar entre mayo y junio. El resultado debió ser tan bueno que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), también dependiente de Presidencia, optó por esa empresa para reparar una máquina de climatización. Es patente que hay determinadas empresas que protagonizan la contratación menor del Estado.
Ante estos hechos, que suponen una parte considerable del total, es evidente que la vigilancia de los contratos menores es mínima, y que no resulta fácil demostrar los fines delictivos de estos fraccionamientos. A la vista, estos 401 contratos en algo menos de ocho meses, que suman cerca de 12 millones de euros y limitados a obras en la AGE incumplen con la ley. El principal obstáculo para demostrarlo está precisamente en la falta de trasparencia y la mínima documentación. En la mayoría de ellos no se publican los expedientes. Los argumentos habituales son que tienen distintos fines, pero en muchos es más que evidente que no lo son.
Lo que dice la ley
El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público deja perfectamente claro lo que es un contrato menor y sus condiciones. Sin embargo, los incumplimientos de este artículo, un vivero para la corrupción y las adjudicaciones sin filtro a empresas afines, son reiterados. Los contratos menores se limitan a la contratación de obras por importe inferior a 39.999 euros y de servicios y suministros, por menos de 19.999.
El principal indicio que se está vulnerando la ley es observar varias adjudicaciones de en torno a 39.999 euros, en periodos cercanos e incluso en el mismo día y a la misma empresa. De hecho, 332 contratos de los 1.710 analizados tenían un importe superior a 39.000 euros. Mientras, el artículo 86 de la LCSP señala que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuirla cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».
