Los expertos advierten: la entrega de un concierto fiscal a Cataluña exige elecciones

Este lunes, y a pocas horas de que el presidente del Gobierno declare ante el juez Juan Carlos Peinado como testigo por el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, ERC y PSC alcanzaban un preacuerdo que pone patas arriba el sistema de financiación autonómica que recogen nuestras leyes y que respalda la Constitución. En dicho pacto se cede la recaudación y gestión del 100% de los impuestos a Cataluña.

Desde este punto de vista normativo, y teniendo en cuenta las consecuencias tanto políticas como económicas, expertos entre los cuales se encuentran economistas, políticos y abogados, analizan para THE OBJECTIVE una decisión, que de consumarse, va a provocar un coste de futuro muy alto. Una de ellos sería la reforma de la de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), con visos de anticonstitucionalidad.

Una decisión que vuela por los aires la solidaridad interterritorial, que restará recursos al resto de las comunidades -26.000 millones menos que se dejarán de recaudar-, y cargará el peso económico sobre otras y, acrecentará los problemas de financiación sobre aquellas que ya los tienen. Y, con toda probabilidad, incrementará el fraude fiscal por los problemas para compartir información y por fragmentar una base de datos única y creará de facto las estructuras paralelas necesarias para una auténtica independencia.

El acuerdo, alcanzado para llevar al socialista Salvador Illa hasta el Palau de la Generalitat, dinamita el actual sistema, por lo que el Gobierno -sostiene el quórum de los expertos consultados- «debería convocar un referéndum en todo el país o, unas elecciones generales para refrendar este cambio de paradigma constitucional».

César García Novoa

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa, aborda la parte jurídica, dudando en primer lugar, de que este concierto se puede hacer sin una reforma de la Lofca. Pero aún así -señala-, «crear un concierto para Cataluña, copiado de los territorios vascos y foral de Navarra, es complicado, porque en estos casos hay una referencia expresa en la Constitución, con un régimen especial».

Ahora bien -continúa-, «establecer un régimen asimétrico, con la Lofca, con el cual habrá un régimen específico para una comunidad que hasta ahora pertenecía al régimen común, será políticamente complejo, porque hace falta una mayoría absoluta en las cámaras para modificar una ley orgánica».

Luego -añade García Novoa-, «desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no sé hasta qué punto se está salvaguardando el principio de solidaridad constitucional. También me parece preocupante -concluye-, un acuerdo que se ha tomado de manera claramente bilateral y que ha roto de una manera muy clara el multilateralismo que exige la reforma de la financiación autonómica. Eso -afirma- ya lo proclamó el TC en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña».

Eva Poptcheva

La eurodiputada Eva Poptcheva, hasta hace poco vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, también abunda en este pacto entre PSOE y ERC. De él dice que «es económicamente inviable, salvo que el Estado dejase de prestar una parte relevante de los servicios que presta en todo el país, ya que con el pacto perdería una parte importante de sus ingresos».

«Hablar de singularidad fiscal solidaria -afirma la también doctora de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona-, es una falacia, porque es obvio que los nacionalistas no quieren sacar a Cataluña del sistema común para ser solidarios con el resto de ciudadanos. Es más, ellos esperan que ocurra lo mismo que con el concierto vasco y navarro, donde el Gobierno, para mantenerse en Moncloa, cobra cantidades ridículas por los servicios que presta en estas comunidades autónomas como seguridad social, justicia, diplomacia, fuerzas armadas, acceso al mercado español».

Así, y «dado que la Constitución no prevé un concierto fiscal para Cataluña y que el pacto afecta a los fundamentos del Estado en cuanto a su habilidad de ejercer sus funciones en todo el territorio -defiende Poptcheva-, el Gobierno tendría que convocar un referéndum en todo el país o elecciones generales para refrendar este cambio de paradigma constitucional».

Mario Garcés

Mario Garcés, exsecretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, jurista y escritor, parte de una base, y es que, «con la aceptación del modelo de relación bilateral de la Hacienda Pública estatal con Cataluña, se ahonda en la asimetría constitucional entre territorios con régimen especial y Comunidades Autónomas de régimen común».

Si en el 78 -recuerda el también funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado-, «la aceptación del modelo de concierto y convenio con País Vasco y Navarra tenía una parte de reconocimiento histórico de la singularidad fiscal de esos territorios – incluso Franco mantuvo el concierto con la Diputación Foral de Álava- ahora -señala-, la razón histórica, siempre cuestionable, se sustituye por una razón de oportunidad, quebrando definitivamente el principio de igualdad».

La aspiración de tener una Hacienda catalana propia para la gestión de todos los tributos devengados en la Comunidad Autónoma es antigua, explica Garcés. «Lo que ha cambiado -apunta- ha sido que un partido de Gobierno como el PSOE haya dado el paso por mera contingencia. Además de consumarse este compromiso -colige-, va a haber un coste de futuro muy alto: el coste de revertir la situación. El nacionalismo catalán lo considerará un avance consolidado, y habrá un resistencia intensa, política y social, para volver a la situación inicial», anticipa.

Por último -aventura Garcés-, «la previsible reforma de la Lofca tendrá, indefectiblemente, visos de inconstitucionalidad. Y allí se tendrán que posicionar las Comunidades Autónomas afectadas».

Francisco de la Torre

El inspector de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre Díaz, examina este acuerdo entre ERC y PSC, y comenta que, lo que ERC denomina ‘concierto económico solidario catalán’ tiene graves problemas económicos y jurídicos. Antes de conocer el acuerdo en profundidad -avanza-, «hay algunos principios que no deberían ignorarse. Por una parte -desarrolla-, que el actual sistema de financiación de las CCAA deriva de la propia Constitución, y que la Ley Orgánica que lo desarrolla, de conformidad con el artículo 157.3 CE, la famosa Lofca, forma parte del bloque de constitucionalidad». Por eso -mantiene-, «la cesión del 100% de los impuestos recaudados o soportados en Cataluña exigiría modificar la Constitución, la Lofca y hasta el propio Estatuto de Autonomía».

Para De la Torre, «desde un punto de vista económico, este planteamiento, de acuerdo con lo que ha defendido ERC, y a salvo de conocer los detalles, supondría fragmentar la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esto implicaría -subraya- incrementar sustancialmente las obligaciones formales de las empresas, al menos de las que operan dentro y fuera de Cataluña. Además -añade-, aumentarían los costes de recaudación, y con toda probabilidad se incrementaría el fraude fiscal por los problemas para compartir información y por fragmentar una base de datos única».

A medio plazo -remarca De la Torre-, «el objetivo de dar las llaves de la caja a la Generalitat es reducir la solidaridad interregional, que debería tener un carácter temporal. Esto, de llevarse a cabo -aclara-, acabaría con el sistema de financiación autonómico que tenemos, que tiene muchos defectos, pero que es la garantía financiera última de un mínimo de igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales en todo el territorio». Por todas estas razones -finaliza- yo no tengo una valoración positiva del anuncio, antes de conocer los detalles».

Santacruz y Lacalle

El economista Javier Santacruz, colaborador de este diario, sostiene por su parte que, «este producto de la negociación ERC-PSC supone romper por la puerta de atrás el sistema de financiación autonómica, poniendo en peligro la financiación de los servicios públicos del conjunto del país». Pero además, adelanta Santacruz, «le va a introducir una presión insoportable a Madrid y, también a las regiones que sí tienen un problema de financiación como Valencia o Murcia». Sin olvidar que, además, va -afirma- a abocar a una negociación tortuosa del cálculo del ‘cupo catalán’».

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, mantiene que el acuerdo desmantela el sistema de solidaridad fiscal entre comunidades, al tiempo que subraya que éste parece «un sistema de privilegios sin contrapartida porque Cataluña sigue disfrutando de apoyo financiero del estado».

Lacalle, como el resto de expertos, también cree que «el coste de esta operación recaerá sobre las comunidades más pobres».

Santiago Sánchez López

Nuestro colaborador y economista, Santiago Sánchez López, desmenuza este pacto de Pedro Sánchez con ERC, y afirma que «supone la voladura del sistema de régimen común de las CCAA, otorgando de facto a Cataluña un cupo: eso es lo que significa recaudar todos los impuestos y negociar que se devuelve al sistema», sentencia.

El PSOE -argumenta el también profesor del Máster en Cooperativas de la Universidad Católica de Ávila– «entrega así la solidaridad interterritorial, la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos y condena a las regiones más pobres a seguir distanciándose de las más ricas. Se van a dejar de aportar al conjunto del Estado -adelanta Sánchez López- cerca de 26.000 millones de euros, por lo que este pacto pone en riesgo la capacidad del resto de CCAA de ofrecer con suficiencia servicios sociales esenciales, la educación o la sanidad».

Solo quedarían -anticipa- «la Comunidad de Madrid y Baleares como contribuyentes netas, algo que es insostenible, por lo que habría que reformar completamente el sistema y otras CCAA que ahora son receptoras pasarían a ser contribuyentes, además de penalizar más a las actualmente infrafinanciadas».

De facto -resume Santiago Sánchez-, «es crear las estructuras paralelas necesarias para una auténtica independencia y desconexión económica del Estado, por lo que tendrá que ser modificada la Lofca en el Congreso. Y -adelanta-, van a quedar retratados todos los diputados de todas las CCAA, al tiempo que, abre un nuevo frente entre las CCAA y el Gobierno, con un acuerdo inconstitucional que rompería el modelo de Estado que conocemos».

Julián Salcedo

Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, explica a nuestro diario que, si este acuerdo llega a materializarse, «rompería la solidaridad interterritorial y la igualdad en el trato fiscal a los españoles, reconocida en la Constitución Española, además de poner en grave riesgo las aportaciones a recibir por las CCAA, toda vez que son sólo tres las que tienen saldo neto positivo (aportan mas que reciben del Estado): la CAM en torno al 70% de las aportaciones totales, Cataluña el 20% y Baleares el 10%, todas las demás CCAA tienen saldo neto negativo (reciben del Estado más de lo que aportan)».

Así pues, justifica, y «si se quita a Cataluña de la ecuación, Madrid sería en la práctica la única comunidad autónoma que aportaría. La cuestión -se pregunta- es ¿por qué? y ¿hasta cuándo? Porque -continúa-, si se aprueba una ‘financiación singular’, tendría que ser posible para todas las CCAA que la quisieran, pero no es posible sin que quiebre el sistema. El concierto económico Vasco y el Navarro son privilegios fiscales reconocidos en la CE, ninguno más», asevera.

Desde un punto de vista político -argumenta Salcedo-, estamos ante «una cesión y un sometimiento inaceptable de Pedro Sánchez exclusivamente para investir a Illa y mantener una CA importante en el poder, tras haber perdido Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y -apunta-, también sería una forma de mantener una cierta cuota de poder autonómico ante una previsible pérdida del gobierno central en las próximas elecciones generales».

Diego Barceló

Finalmente, el economista y también colaborador de TO, Diego Barceló, piensa que el problema central son las cesiones que se hacen a una contraparte que no es leal a España. A un grupo de gente -matiza-, que «hace unos años participó en un golpe de Estado. Y lejos de apaciguar a los separatistas les deja con más hambre e insatisfechos».

En su opinión, y en cuanto a lo económico, si el País Vasco o Navarra recaudan el 100% de impuestos y se hiciera un cálculo apropiado, no habría mayores problemas, argumenta Barceló. Pero el problema es que sabemos -señala-, que «esa negociación es política y no es económica, por lo tanto, la aportación acabará siendo menor de lo que correspondería».

Ahora -añade Barceló-, «si eso mismo ocurre con Cataluña, con un 20% del PIB de España, el agujero para las arcas del Estado será importante. No olvidemos -subraya-, que esto lo está haciendo un Gobierno con una deuda pública del 106% del PIB, más o menos, y que lleva pagando los intereses de deuda pública, con mayor deuda pública, desde hace 17 años».

Por lo tanto -remata el economista-, desde el punto de vista económico, «es un absoluto despropósito, una temeridad y, si algún día si esto se concreta y los mercados internacionales se dan cuenta de que el Gobierno central español va a tener menos recursos, esto -anticipa-, puede ser un golpe a la calificación de riesgo». En síntesis -afirma-, «por un objetivo pequeño mínimo, que es tener una investidura en una CCAA, se está jugando con la unidad del país y las finanzas públicas. Es un acuerdo temerario».