La desconexión fiscal de Cataluña comenzará en 2026, pero requerirá antes cambios legales
Así lo plantea el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa
Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en una imagen de archivo. | Europa Press
De materializarse el preacuerdo para la investidura de Salvador Illa, socialistas y la izquierda republicana independentista catalana habrán conseguido que la desconexión fiscal de esta región con el resto de España arranque en el año 2026. Aunque hay quien dentro de las bases de ERC, Xavier Martínez-Gil, e incluso de la Hacienda catalana, no lo ven probable al menos hasta 2027.
No obstante, será antes, en el primer semestre de 2025, cuando comenzarán los trabajos bilaterales para alicatar el nuevo modelo de ‘financiación singular’, de manera progresiva y a través de la actual Agencia Tributaria de Cataluña, que asumiría la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todo los impuestos.
Según recoge el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el primer tributo cedido al 100% será el IRPF. El objeto de su ejecución sobre los contribuyentes catalanes será que la primera recaudación total tenga lugar a lo largo de 2026.
Asimismo, como resultado del trabajo de dos comisiones (bilateral y mixta de asuntos económicos y fiscales entre el Estado y la Generalitat), el desarrollo del nuevo modelo fiscal de Cataluña contempla recaudar, al mismo tiempo, un IVA para pymes según el lugar de residencia y con las estadísticas de consumo, así como un IVA vacacional que gravará el alquiler.
Modificar la Lofca antes de la desconexión
Además de una modificación de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y de la Ley de Cese de los Tributos de Cataluña, el acuerdo firmado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa contempla una ordinalidad según la capacidad fiscal, que parte de una premisa.
Y es que «Cataluña contribuye más al sistema de financiación que el resto de territorios, ya que tiene un nivel de renta y consumo superior al resto de territorios».
En cualquier caso -defiende el acuerdo-, «la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad», de modo que, «las aportaciones por habitante de las comunidades autónomas, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de todo lo que reciben».
Se trata -señala el documento-, «de un cambio estructural en el sistema de financiación que, si no se adopta antes de 2025, requerirá medidas compensatorias».
El efecto sobre las pymes
El esquema argumental del independentismo mantiene que Cataluña siempre ha estado mal financiada por parte del Estado, y que ésta es la causa de que, pese a que contribuyen más que el resto de regiones, tienen peores servicios y su economía no despega como la de la Comunidad de Madrid. Partiendo de ese planteamiento, el texto de acuerdo de investidura de Salvador Illa considera la aportación por coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad.
Pero no es precisamente solidaridad lo que detectan los expertos consultados por nuestro diario, haciendo hincapié en un problema a mayores que no ha tenido en cuenta ni siquiera el efecto negativo que tendrá sobre las pymes, incluso catalanas.
Así lo explica a TO Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmando que, a falta de ver la concreción, «el acuerdo va en contra de principios básicos de igualdad y solidaridad entre territorios y entre todos los españoles. Pero es que, aparte de eso, «también va en contra de los grandes principios de Europa en el sentido en el que rompe con la unidad de mercado y con la tendencia de una estandarización y unión fiscal, por lo que a ATA le parece anacrónico».
Además, apunta Ferrero, «va a afectar a todas las pymes y autónomos desde el punto de vista de cargas administrativas y de capacidad de competir en todos los territorios, y por supuesto, rompe con ese principio de unidad de mercado que a nosotros nos parece esencial».
¿Cómo se sale del sistema común?
Para Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), «en este tema, no tenemos toda la información, solo de momento propaganda política de un partido pequeño y local que al ser su fórmula histórica asamblearia necesita de estos anuncios para su propia gestión interna, es importante enmarcar esto antes de opinar».
Luego -razona el también presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA)-, «habrá que ver si salen del sistema común, porque la Constitución española solo dispone del sistema foral y, del común, tendrán que explicarnos cómo se sale o si habrá consorcio o no. ¿Tendrán todas las comunidades consorcio u opción de tenerlo y cómo?», se pregunta Marín.
Para el ciudadano normal español -defiende Salvador Marín-, «estas noticias no son positivas y hay comunidades históricamente infrafinanciadas. Por tanto, todo debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y dentro del marco de solidaridad común para todos, según establece nuestra Constitución». Además -remarca-, «también habría que reformar la Lofca». Y sigue cuestionando: «¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a ceder? ¿Qué consecuencias tiene?».
En contra del espíritu de la UE
No podemos olvidar en todo este contexto -apunta este doctor en Ciencias Económicas y Empresariales-, que además «en los próximos años, habrá menos financiación que en los actuales». «Por tanto, resumen -concreta-: las cosas del Estado necesitan luz, taquígrafos y cumplimiento estricto de la ley y, sobre todo, respeto a las instituciones que deben gestionarlo».
En este punto -reflexiona Marín-, «aun sabiendo que aquí parece que todo es política, y lo es, también está la economía, y a las pymes, incluso a las catalanas, les puede hacer a daño. ¿Se ha evaluado eso?»
Porque hoy en día -remata-, «en la UE además todo tiende a lo global, a quitar trabas, a la economía sin fronteras y a la solidaridad; por no hablar de los resquicios legales», concluye.
«No tienen ni idea»
En opinión de Javier Santacruz, economista y colaborador de este diario, comenzar recaudando y gestionado todo el IRPF tiene lógica, puesto que es una parte muy importante de todo. «Pero no lo es menos el IVA -afirma-. Y ahí chocamos con Europa porque no se pueden entregar competencias normativas y -explica- la normativa sólo puede ser a nivel nacional y en según qué cosas con autorización de Bruselas (cabe recordar lo que pasó con el IVA de los alimentos o el tipo reducido de la electricidad…)».
«Dicho de otra forma -termina Santacruz-, como no tienen ni idea de cómo se va a hacer esto, lo mejor es empezar por lo más fácil».
Los inspectores de Hacienda se rebelan
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reaccionaba este martes, tras el conocimiento del preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC. Con el rechazo más absoluto, para estos funcionarios, «la puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña».
De ser así, explican, «la coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen», infieren.
Todo ello, «sin perjuicio de las consecuencias que puede acarrear en menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español y para los contribuyentes», afirma el comunicado de la IHE.
Además -concluye-, «el concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia tributaria de ese territorio, rompiendo la institución que mejor funciona en la Administración pública». Y por eso -anticipan-, «IHE pedirá responsabilidades por ese destrozo del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno y a la ministra de Hacienda, quien lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña», apostilla.
