Más de 4.000 personas han recibido la ayuda a la dependencia después de morir
Se trata de prestaciones económicas concedidas durante los años 2021, 2022 y 2023 a beneficiarios ya fallecidos
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. | EP
La tardanza para dar respuesta a la ayuda de la dependencia es un hecho flagrante que viene siendo denunciado desde las diferentes asociaciones que velan por estos colectivos como por los propios afectados. Actualmente, la media hasta la resolución de un expediente es de 324 días, según la información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Un tiempo excesivo en el que muchas personas fallecen esperando una respuesta, una réplica que en muchos casos llega muy tarde. En los últimos tres años, 4.373 personas recibieron la aprobación de la prestación de la dependencia una vez fallecidas.
Son datos facilitados a THE OBJECTIVE por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de una consulta realizada mediante el Portal de Transparencia. Según se desprende del documento, en 2023 fueron 1.267 personas las que recibieron la resolución PIA (documento en el que se recogen los servicios y prestaciones que se le conceden a una persona en situación de dependencia) una vez fallecidas, 1.217 en 2022 y 1.889 en 2021.
A finales de junio, se hacía viral en la red social X el testimonio de un usuario que denunciaba haber recibido la aprobación de la prestación por dependencia de su madre después de dos meses de su fallecimiento y tras tres años de espera. «Hoy nos ha llegado la aprobación de la prestación por dependencia de mi madre. Casi tres años después de iniciar el trámite. Casi dos meses después de que fallezca. Esto es una humillación a las personas más vulnerables para la que no tengo palabras», escribía en su perfil de X, que en apenas unos minutos sumó miles de retuit y decenas de interacciones de personas que aseguran haber pasado por situaciones similares.
Andalucía, 930 personas fallecidas
Por comunidades, Andalucía es la que presenta peores datos. Si en 2023, 313 personas recibieron la resolución PIA una vez fallecidas, en 2022 fueron 271 y en 2021, 346. Le sigue Castilla y León con 203 casos en 2023, 195 en 2022 y 234 en 2021, la Comunidad de Madrid 139 (2023), 131 (2022) y 75 (2021) y Comunidad Valenciana 99 (2023), 101 (2022) y 110 (2021). Por otro lado, llama la atención el caso de Cataluña, y es que si en 2021, 658 personas recibieron la resolución PIA una vez fallecidas, el doble que en Andalucía, en 2022 esa cifra bajó a 10 personas y en 2023 a solo siete personas.
¿Qué pasa cuando la ayuda llega tarde?
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que los herederos de personas en situación de dependencia fallecidas sin la aprobación del PIA tienen derecho a que esta se concluya y recuperar los gastos adelantados antes del fallecimiento del beneficiario.
El fallo da la razón a la hija de una mujer sevillana inhabilitada por una hemiplejia a la que la Junta de Andalucía concedió el ingreso en una residencia en junio de 2018, cuya plaza suponía un coste de 2.150 mensuales y que murió después sin poder beneficiarse de esta asistencia. Tras su muerte, se desprende de la web del Consejo General de la Abogacía Española, «la Administración archivó el procedimiento en trámite por pérdida de objeto». Sin embargo, el tribunal considera que «si estando pendiente la aprobación del Programa Individual de Atención fallece el que ya es titular del derecho derivado de ser persona en situación de dependencia, cabe aceptar que nazca en favor de sus causahabientes un derecho de crédito si es que, entre tanto, han venido sosteniendo con sus medios lo que habría sido la prestación declarada como derecho, pero aún no concretada».
De esta forma, esta decisión del Tribunal Supremo sienta un precedente importante en la jurisprudencia sobre los derechos de los herederos en casos de dependencia y la responsabilidad de la Administración en la tramitación de los expedientes de PIA.
El Gobierno se propuso reducir la lista de espera a la dependencia hasta las 170.000 personas a finales de 2021. También resolver los expedientes de dependencia en un máximo de seis meses –algo que exige la ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero–. Sin embargo, con datos hasta el 31 de diciembre de 2023, había 204.755 personas pendientes de una resolución de grado o de prestación y solo Ceuta (68 días), Castilla y León (127) y País Vasco (140) resuelven expedientes en menos de los 180 días máximos marcados. Canarias es la región que más tiempo tarda en dar respuesta (647 días vs 1002 días de 2022), seguida de Andalucía (557) y Murcia (509).
