Hacienda suma ya tres avisos de Transparencia por su polémico rescate a las clínicas Vivanta
Este requerimiento se suma a los de mayo y agosto que obligan al ministerio a entregar una copia de los informes
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP.
Tercer aviso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al Ministerio de Hacienda y Función Pública por el rescate de las clínicas dentales Vivanta. En esta ocasión, y tras presentar Vivanta un ERE solo 18 meses después de su polémica intervención pública, como reveló THE OBJECTIVE, la solicitante demanda conocer las «consecuencias» que sobre el rescate concedido tiene el expediente de despido colectivo planteado.
En 2022, el Consejo de Ministros y la Sepi concedieron al grupo dental Vivanta un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Un año y medio después, Vivanta presentó un ERE que afecta a 249 personas, siendo el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una de las empresas beneficiarias de ese fondo de 10.000 millones puesto en marcha por el Gobierno y la Sepi durante la pandemia.
El pasado 21 de diciembre, la reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda la documentación donde «consten las consecuencias que sobre el rescate concedido y el préstamo participativo que ostenta el Estado sobre él tiene el expediente de despido colectivo planteado». Además, reclama «el coste calculado que tendrá para el Estado la medida de despido colectivo adoptada por las Clínicas dentales Vivanta».
Sin embargo, como refleja el documento consultado por THE OBJECTIVE, no consta respuesta de la Administración hasta el 18 de marzo de 2024 tras previa reclamación al ministerio solicitando la información. En la respuesta, el Secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, señalaba que «atendiendo al contenido concreto de la información solicitada, Fasee no cuenta con documentación o información que pueda dar respuesta a lo demandado al no haber procedido a su elaboración».
Estimación de la información solicitada
No obstante, el Consejo de Transparencia ha resuelto estimar la información solicitada por haber excedido la Administración, «sin que conste causa o razón que lo justifique», el plazo máximo de respuesta. El artículo 20.1 LTAIBG dispone que «la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante».
«Teniendo en cuenta lo anterior, procede la estimación por motivos formales de la reclamación al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener la resolución de su solicitud en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho», se lee en el escrito, que pone fin a la vía administrativa y se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Copia de los informes del rescate a Vivanta
Este requerimiento se suma a los de mayo y agosto en los que Transparencia obliga al Ministerio de Hacienda a entregar una copia de los informes, ya sean propios o elaborados por un tercero, referentes al expediente de solicitud del rescate de 40 millones de euros aprobado en junio de 2022. Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se había negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición sobre el rescate a Vivanta.
El rescate a Vivanta desató airadas críticas del sector de la odontología y también de PP, Vox y Cs en el Congreso de los Diputados. Todos pidieron al Gobierno que hiciese públicos los documentos e informes en los que la Sepi y el Consejo de Ministros se basaron para considerar a Vivanta como «empresa estratégica», a pesar de que contaba con poco más de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. Además, la compañía, como reveló THE OBJECTIVE, nunca había registrado beneficios.
Grupo Vivanta fue creado por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España.
