La reducción de la jornada pone en peligro el empleo de 100.000 discapacitados
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo considera un riesgo los planes del Gobierno
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. | Europa Press
Pese a que en el mes de agosto se ha interrumpido la Mesa de Diálogo Social en la que Gobierno, patronales y sindicatos se han tomado un tiempo para retomar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en septiembre, este asunto sigue acaparando el debate de muchos sectores que empiezan a sentirse preocupados por los efectos que pueda tener esta medida.
Es el caso de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), creada en el año 2000, y a cuya opinión ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que estima que más de la mitad de los más de 2.400 Centros Especiales de Empleo representados en su federación pueden verse abocados al cierre de sus operaciones como consecuencia del impacto de los costes derivados de la reducción de la jornada laboral en los términos anunciados por la ministra de Trabajo.
Impacto que podría golpear laboralmente a más de 100.000 personas con algún tipo de discapacidad, que son las que actualmente trabajan en estos centros especiales de empleo, tal y como señala la Confederación Conacee, remarcando que, el Gobierno parece no tener en cuenta «la realidad de una parte importante del tejido empresarial español, especialmente, en los sectores donde operan estos centros, cuyas plantillas están integradas en su mayoría por personas con discapacidad».
Personas especialmente vulnerables -colectivo que alcanza a más de 100.000- y, que gracias a los más de 2.400 Centros de Especiales de Empleo, la mayoría de ellos pymes, tienen un empleo estable.
Reducción de los márgenes
En la mayoría de los casos, los Centros Especiales de Empleo trabajan en el sector servicios -subrayan-, donde «los márgenes de rentabilidad son muy bajos y una hipotética reducción de la jornada laboral conllevaría una reducción aún mayor de los márgenes, poniendo en peligro su viabilidad, especialmente en el caso de las organizaciones de menor tamaño, muchas de ellas creadas por la propia iniciativa de personas con discapacidad».
En este sentido, Conacee expresa su preocupación ante la reducción de la jornada laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo, apelando a la Mesa de Diálogo Social para acordar medidas que permitan mitigar los impactos negativos que la nueva normativa ocasionará en su sector.
La Confederación destaca que un porcentaje muy importante de los centros que representa basan su actividad en un modelo de gestión indirecta de servicios de titularidad pública que está regulado por la Ley de Desindexación. Y esta ley no permite actualizar los precios de los contratos públicos según el incremento de costes ajenos a la gestión, como sería el caso de esta norma, abocando a las entidades adjudicatarias a una difícil situación que pone en riesgo su sostenibilidad.
Volver a los convenios
Para esta patronal, las medidas planteadas por el Ministerio de Trabajo suponen una intromisión en la negociación colectiva, puesto que las cuestiones relativas a la jornada laboral han de ser abordadas y pactadas en el ámbito de los acuerdos entre empresas y sindicatos, tal y como se especifica en el Estatuto de los Trabajadores.
De este modo, considera fundamental que cualquier cambio en las condiciones del trabajo se realice con el consenso de todos los agentes implicados para encontrar soluciones viables y sostenibles en el corto, medio y largo plazo.
En esta línea, la entidad recuerda además que el convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo ya recoge una jornada reducida y otro tipo de particularidades para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de los profesionales con discapacidad, por lo que insiste en la necesidad de contemplar otras propuestas para compensar el incremento de los costes laborales, como la actualización del precio de los contratos públicos o la no obligatoriedad de las prórrogas en dichos contratos.
El efecto de costes sobre las empresas
Esta semana, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, advertía de que la reducción de jornada a 37,5 horas propuesta por el Gobierno, y que continuara negociando con los agentes sociales en septiembre, «supone una subida del 6,2% de los costes de las empresas», algo que redundará en «una menor creación de empleo», con especial afectación a la pequeña empresa.
En una entrevista concedida a Europa Press, afirmó que «no es lo mismo aplicar una reducción de jornada cobrando lo mismo en una gran empresa que en una pequeña que tenga dos trabajadores», para añadir que la reducción de jornada planteada por el Ejecutivo «significa subir un 6,2% los costes de la empresa».
«Hoy el empleo se genera en la gran empresa y en la mediana, pero el año pasado hubo 700.000 pequeñas empresas con pérdida», puso de relieve Amor, para apostillar que «si se implanta la reducción de jornada y se establecen más sanciones y el endurecimiento del despido, el resultado es menos mantenimiento y creación de empleo».
El ejemplo de Elma Saiz
También en esta línea se pronunciaba la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, quien recientemente ha afirmado que, si no hay un cambio de postura y actitud en la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ve «muy difícil» el acuerdo para la reducción de la jornada laboral.
Pues a su juicio, hay que «trabajar, entender y no imponer», poniendo de ejemplo el pacto cerrado con el Ministerio de Seguridad Social, que en su opinión demuestra que, «si hay intención de negociar, siempre se llega a un acuerdo».
